Dos magistrados critican el modelo de independencia y la falta de transparencia

Los votos particulares que presentaron los magistrados Luis Ortega y Fernando Valdés, ambos pertenecientes al sector progresista, esgrimen argumentos diferentes. El de Ortega hace especial incidencia en el “nuevo modelo de independencia” que se determina para el Tribunal Constitucional tras el aval que la mayoría otorgó a su presidente, Francisco Pérez de los Cobos, por compaginar su militancia en el PP con su cargo como magistrado. El de Valdés, expone cómo el procedimiento elegido por la mayoría ha hurtado la posibilidad de un debate en profundidad y sostiene que el trámite no favorece la percepción pública sobre la imparcialidad e independencia del tribunal. “La pérdida de prestigio de una institución viene de la mano de su pérdida de confianza”, afirma.

Ortega califica el enjuiciamiento de “superficial”, ya que este se ha producido sobre recortes de prensa, sin que el tribunal haya certificado ni la militancia de Cobos en el PP ni su baja. “En el ámbito de la independencia judicial las apariencias son muy importantes”, afirma. Y profundiza en su consideración de que la afiliación política y la pertenencia al Constitucional no deberían ser compatibles: “La regla de independencia es la regla sustantiva de la legitimación de la función jurisdiccional, mientras que las reglas de incompatibilidad son reglas auxiliares”, alega. Además, el magistrado sostiene que “legitimar comportamientos individuales supone una irrecuperable deslegitimación de las funciones constitucionalmente encomendadas a este tribunal”. “Suficiente sombra de sospecha sobre la independencia del tribunal se produce en virtud de los procedimientos de nombramiento de sus magistrados”, afirma el magistrado.

Ortega apunta que el auto en el que se rechaza la recusación de Pérez de los Cobos provoca un nuevo modelo de independencia para el tribunal con un “excesivo cambio de criterio”. Así, se refiere al caso del ahora exmagistrado Pablo Pérez Tremps, apartado de la deliberación del Estatut de Cataluña por haber realizado un trabajo previo. Entonces, según Ortega, “una postura científica constituyó un elemento objetivo” y, en cambio, ahora, “la afinidad política de un magistrado con una de las partes procesales no es motivo para entender que los recusantes tengan una duda objetivamente justificada”.

La única vía de garantizar los valores de independencia, transparencia, imparcialidad, confianza y credibilidad era, según Fernando Valdés, haber admitido a trámite las recusaciones para debatirlas en profundidad. El magistrado expone, además, que la inadmisión de los recursos presentados por las instituciones catalanas “no favorece la percepción pública sobre la imparcialidad e independencia”, Valdés añade.