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Las víctimas del terrorismo exigen una “rectificación total” de la ley

Piden una nueva norma que cuente con las enmiendas que han redactado desde hace dos años

Ángeles Pedraza, presidenta de la AVT, Mari Mar Blanco, de la Fundación Víctimas del Terrorismo, y Pilar Manjón, de la Asociación 11-M. Afectados por el Terrorismo, en la tribuna de invitados en el Congreso el pasado 27 de junio

Las asociaciones de víctimas del terrorismo han pedido de forma unánime al Gobierno que retire la Ley de Víctimas del Terrorismo que aprobó el Ejecutivo en Consejo de Ministros el pasado 6 de septiembre. Lo han hecho durante la reunión convocada por el Ministerio del Interior en el que subsecretario del Ministerio del Interior, Luis Aguilera, y la directora general de Apoyo a Víctimas del Terrorismo, Sonia Ramos, debían dar cuenta del reglamento redactado para esa Ley.

Todas las asociaciones de víctimas se quejan de que las enmiendas que hicieron a la norma no han sido discutidas ni tenidas en cuenta. "Nos dicen que nos les constan enmiendas que hemos entregado en el Congreso. No se las han leído", criticaba Pilar Manjón, presidenta de la Asociación 11-M Víctimas del Terrorismo, en uno de los descansos de la reunión. 

No se han leído las enmiendas que entregamos en el Congreso", se queja

Pilar Manjón

La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) también ha pedido al Gobierno que rectifique la recientemente aprobada ley. Ángeles Pedraza, presidenta de la entidad, advertía minutos antes del encuentro: "Nosotros les preguntaremos por todo y, si no estamos satisfechos con la ley, habrá que pensar en qué iniciativas tomamos".

Consuelo Ordóñez, hermana del concejal popular Gregorio Ordóñez asesinado por ETA en 1995, y presidenta del Colectivo vasco de víctimas del terrorismo (Covite), confirmaba el consenso insólito entre las asociaciones de víctimas y criticaba el trato desigual que la norma otorga a los afectados con una sentencia condenatoria. "La Ley produce la mayor de las discriminaciones entre las víctimas. Porque vale más para quienes han tenido acceso a la Justicia. Y lo hemos dicho en ocho ocasiones: al ministro, a los grupos parlamentarios, etc. No se nos ha hecho nunca ni caso", se quejaba enfadada.

Durante la reunión, Ordóñez intervino para consultar cuándo se iba a modificar esta "ley mala y discriminatoria". Con más enojo aún se expresaba Javier Correa, delegado en el País Vasco de la Asociación de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado Víctimas del Terrorismo, quien abandonó el encuentro antes de que acabase. "Yo me he salido. En la reunión nos han empezado a explicar los párrafos del reglamento, como si no supiéramos leer. Lo primero que hemos dicho es que la ley hace un agravio comparativo y que pedimos el cambio a una norma negociada donde se trate a las víctimas en igualdad," explica.

Otra de las críticas más compartidas es la diferente consideración que da el texto en función del lugar del atentado terrorista y de la autoría. "El reglamento está lleno de ambigüedades. Solo ofrece un trato en igualdad a quienes han sido víctimas del terrorismo en el extranjero por un grupo terrorista que actúe habitualmente en España. ¿Qué es eso de habitualmente?", criticaba Manjón.

En la sala ministerial en la que se celebró la reunión hubo muchas alusiones al Consejo de Estado. Según los asistentes, los encargados de explicar la práctica administrativa de la polémica ley culpan a este órgano de haber modificado los detalles que no gustan a las asociaciones sin consultar a los cargos de Interior.

La directora general de Apoyo a Víctimas del Terrorismo, Sonia Ramos, se comprometió con las asociaciones de víctimas a elevar al Gobierno la petición de las asociaciones de crear una nueva ley que atienda las demandas del colectivo. El reglamento fue redactado en la anterior legislatura, dispone de un amplio consenso político, y su aprobación ha tardado casi dos años. 

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