Confidentes de alto riesgo

El currículo profesional del comisario Enrique Pamiés, un referente en la lucha contra ETA, lo componen siete páginas cargadas de desarticulaciones de comandos, grupos de kale borroka y entramados de apoyo a la banda terrorista. El documento reseña medio centenar de grandes golpes a la organización desde 1983 entre ellos el desmantelamiento de los comandos Donosti y Nafarroa y la descifrado de los papeles de Susper, que llevaron al arresto de 150 miembros de ETA en distintas operaciones. También recoge el currículo una lista de 63 medallas, cruces y felicitaciones públicas que difícilmente cabrían en la pechera de un solo uniforme.

Sin embargo, en la reseña profesional, destaca una frase: “Existen diversos servicios que no pueden figuran en el presente documento debido a que su consecución vino motivada por fuentes internas de la propia organización terrorista, las cuales fueron conseguidas y dirigidas directamente por él”. Ahora Pamiés es el primer mando policial antiterrorista que es juzgado justamente por supuesta colaboración con la banda que combatió durante años.

Pamiés, ex jefe superior de Policía del País Vasco y principal acusado del caso Faisán sobre el chivatazo policial a ETA en 2006, cuyo juicio termina este lunes, tiene un don especial para el trato con confidentes y para infiltrar agentes en la organización. Quienes lo conocen, lo definen como un “madero, madero”, que no rehúye el contacto y las transacciones con elementos ambiguos del entorno terrorista para lograr arrestos. Esta semana, el más productivo de sus confidentes, Romano, una mina de información que unas fuentes sitúan en la dirección de ETA y otras en la cantera de la banda, devolvió a Pamiés los favores de dos décadas.

Romano, que ya no tiene cuentas pendientes en España, acudió a la Audiencia Nacional para dar veracidad a la principal coartada de Pamiés. Era la primera vez en la historia judicial que un confidente de la lucha contra ETA testificaba para defender a su controlador. La defensa del comisario sostiene que el cruce de llamadas del 4 de mayo de 2006 con el inspector José María Ballesteros no tiene que ver con el aviso al dueño del bar Faisán de Irún, centro del cobro del impuesto revolucionario, de que ese día se iba a desencadenar una operación contra el entramado de extorsión etarra. La versión del entonces máximo dirigente policial en Euskadi es que las llamadas buscaban organizar la cobertura de un encuentro que iba a mantener con Romano en la estación de Bayona, en el País Vasco francés.

La declaración del confidente era un movimiento arriesgado de la defensa de Pamiés. Reconocer la relación con la fuente implicaba también admitir algunos tratos que, pese a ser conocidos por los superiores del comisario, son contrarios a la ley. Llevar a Romano a declarar suponía también el riesgo de que este pudiera ser identificado por los miembros de ETA a los que delató, un peligro evidente para su integridad.

Romano afirmó que recibió “ayuda económica” del comisario. “No vivía de lo que me daba el señor Carlos [así se refería al comisario], pero sí recibí alguna ayuda tras tener discrepancias con la organización y ser expulsado temporalmente”, afirmó el confidente policial. El miembro de ETA aseguró que sus tratos con el comisario le evitaron ser detenido y conseguir documentación para moverse desde los Alpes italianos hasta Francia. “Carlos velaba por mi seguridad y por la continuidad en la obtención de datos. Yo he corrido peligro todo el tiempo que he estado colaborando”, aseguró.

El etarra confirmó que tanto el policía como él acudían solos a las citas. Sin embargo, cometió un desliz. En un momento del interrogatorio se refirió al comisario como su “amigo”. Esto fue utilizado por el fiscal, Carlos Bautista, para desvirtuar su declaración y calificarla de “una falacia, envuelta en una burla, envuelta en una mentira”. Bautista, un temible esgrimista verbal, comparó en su alegato final del pasado jueves el chivatazo con una acción de Torrente. Esas palabras escocieron a los acusados y a otros policías dedicados a tareas de información que acudieron al juicio.

La relación de las fuerzas de seguridad con los confidentes no tiene más límites que el Código Penal, pero en no pocas ocasiones los agentes tienen que conceder aparentes favores a los informantes para que la fuente siga manando. Y no es la primera vez que un agente se ve envuelto en problemas con la justicia por el trato a un confidente. En 2010, dos exjefes de la Unidad contra la Droga y el Crimen Organizado (Udyco) de la Costa del Sol fueron absueltos por el Tribunal Supremo tras ser condenados por ayudar a escapar a Marruecos a un confidente que había sido reclamado por Italia.