La Unión Progresista de Fiscales exige la dimisión del presidente del Constitucional

"Ejemplar, debería ser, devolver al Tribunal Constitucional, parte de la credibilidad perdida, con la dimisión de su presidente". Esa es la conclusión de la Unión Progresista de Fiscales, que ha emitido un comunicado tras la decisión del alto tribunal de rechazar, por nueve votos a dos, la recusación presentada por Cataluña contra Francisco Pérez de los Cobos que militó, al menos, entre 2008 y 2011 en el PP, hecho que ocultó al parlamento que lo propuso como magistrado.

La Unión Progresista de Fiscales, considera que "la permanencia y continuidad de Francisco Pérez de los Cobos como presidente del Tribunal Constitucional, perjudica y altera el delicado trabajo que debe hacer dicho órgano constitucional", indica el comunicado.

Los fiscales han esperado a pronunciarse para conocer, previamente, la decisión del pleno del Constitucional. En su escrito lamenta el "deterioro de la imagen de la institución" y afirma que n se trata únicamente de una cuestión de legalidad "interpretable, sobre su condición de militante en un partido determinado, sino que realmente de lo que se trata, es de alcanzar la máxima exigencia, despejar cualquier sombra de duda, sobre quienes ejercen responsabilidades púbicas".

La asociación de fiscales progresistas apunta a que la interpretación de la norma jurídica no es el único límite para el ejercicio de los cargos públicos de alto contenido institucional. "Entendemos desde nuestra asociación, que deben ser exigibles, comportamientos y situaciones, que despejen cualquier atisbo de parcialidad en su actuación personal y que pueda extenderse a su ejercicio profesional", señalan.

"El nivel de exigencia debe ser máximo cuando se ocupan cargos tan relevantes", afirma el comunicado que hace hincapié en que Pérez de los Cobos omitió su condición de militante ante la comisión del Senado lo que, a su juicio, "revela fundamentalmente, que el actual presidente ha huido o evitado intencionadamente el control de los representantes de la soberanía popular". "Ha devaluado por lo tanto a un mero trámite, a un simple requisito formal su comparecencia ante uno de los poderes del Estado", critican.