La independencia de Cobos divide al pleno del Tribunal Constitucional

La mayoría del pleno del Tribunal Constitucional rechazó este martes admitir las recusaciones promovidas por la Generalitat y el Parlamento de Cataluña contra el presidente del alto tribunal, Francisco Pérez de los Cobos, que compaginó su militancia en el PP con su puesto como magistrado. Con el visto bueno a la compatibilidad, a partir de ahora, todos los magistrados del Constitucional que no provengan de carrera judicial (la Constitución sí prohíbe a jueces y magistrados de otros tribunales la afiliación política) podrían militar en un partido, siempre que no ocuparan un puesto directivo, sabiendo ya que cuentan con el aval de la mayoría del pleno.

Pese a que las recusaciones se rechazaron con una holgada mayoría (nueve a dos), la independencia y la imparcialidad de Pérez de los Cobos ha dividido al pleno, del que salieron dos votos particulares. Sus miembros han tratado, en dos sesiones y durante un total de más de siete horas, la idoneidad de su presidente para participar en la resolución de los litigios presentados por Cataluña, después de que Pérez de los Cobos ocultara al Senado (la Cámara que lo propuso como magistrado), su militancia en el PP, al menos, entre 2008 y 2011.

Sin embargo, los magistrados del sector conservador (siete) y tres de los cinco progresistas se mantuvieron en su empeño de que los recursos ni siquiera se admitieran y apoyaron su rechazo al inicio del proceso, lo que supone privar de un posterior debate a fondo sobre la compatibilidad, o no, de la afiliación política con un puesto como magistrado del alto tribunal.

En cualquier caso, el progresista Luis Ortega sí entró en la cuestión de fondo y, desde el primer momento, planteó su opinión sobre la imposibilidad de que un magistrado del Constitucional compatibilice su cargo con la militancia política. Así lo suscribió en la primera sesión que debatió las recusaciones, el pasado jueves, y con el mismo argumento se mantuvo este martes, cuando anunció, de forma definitiva, la presentación de un voto particular contrario a la decisión de la mayoría.

Uno de los votos particulares cuestiona el procedimiento

Ortega no comparte la consideración de la mayoría que apela a la ley orgánica del Tribunal Constitucional para señalar que esta no prohíbe militar sino, únicamente, ocupar un cargo directivo en un partido político. Sostiene que la Constitución habla de la independencia de los jueces y que las incompatibilidades han de ser las mismas para todos los magistrados del alto tribunal, es decir, que no pueden depender de si proceden del mundo académico o de la carrera judicial

No en vano, es un tema que preocupa en el seno del Constitucional, tal como han indicado diversas fuentes, y no solo por el cuestionamiento de su presidente, sino por el descrédito y el desgaste que supone para una institución que pretendía perder el atributo de politizada que ha marcado sus últimas decisiones, y ensalzar la independencia de sus miembros.

Según han apuntado diversas fuentes del propio tribunal, Francisco Pérez de los Cobos, que después de que se conociera su militancia en el PP solo ha dicho públicamente que no iba a dejar su cargo, quería el apoyo unánime de sus compañeros. Pero no lo ha logrado.

El debate fue tanto de fondo como de formas. El segundo voto particular anunciado fue el del también progresista Fernando Valdés, pero por una cuestión de procedimiento ya que, en el anterior pleno, se mostró partidario de rechazar las recusaciones. El magistrado pidió que se admitieran los recursos y que se tramitaran, uno a uno, como piezas separadas, con un instructor para cada uno de los 26 litigios en los que las instituciones catalanas recusaron a Pérez de los Cobos, en temas que van desde la declaración de soberanía del parlamento catalán hasta el pleito por la ley de tasas judiciales del Gobierno de Rajoy que recurrió la Generalitat. Entre los litigios sobre los que Cataluña reclamaba la abstención de Pérez de los Cobos hay tanto leyes estatales del actual Gobierno como de legislaturas anteriores.

Y aunque la formulación jurídica de la recusación se basaba en la incompatibilidad de la militancia del presidente del Constitucional en el PP, tanto el Gobierno catalán como el parlamento tuvieron en cuenta las opiniones vertidas por este, no solo en libros sino también en intervenciones públicas. El entonces catedrático de Derecho del Trabajo en la Universidad Complutense de Madrid criticó los “excesos” del Estatuto catalán: “El verdadero problema, y creo saber de lo que hablo, es que, como consecuencia de errores del pasado, varias generaciones de catalanes han sido ya educadas en el desprecio, expreso o tácito, hacia la cultura española, y el Estatuto es la primera manifestación política de ese desprecio”.

La mayoría de los magistrados progresistas solo aportaron matices

Pero el extenso debate fue, fundamentalmente, para proponer o introducir matices a la redacción de la ponencia que presentó la vicepresidenta del Constitucional, Adela Asúa, que forma parte del sector progresista. Esta accedió al cargo después de que el pleno (conservadores y progresistas) decidieran apoyar a Pérez de los Cobos en su candidatura a la presidencia, una votación en la que se logró la unanimidad, un resultado inusual en el tribunal.

La tibieza de la ponencia en la que Asúa rechazaba admitir las recusaciones provocó, durante el primer día de debate, la semana pasada, una ronda de intervenciones en la que todos los miembros del tribunal (excepto el presidente que no ha participado ni en el debate ni en la votación) sí quisieron opinar. Uno de los más activos, pero en cuestiones de redacción, fue el recién incorporado Juan Antonio Xiol, miembro del Constitucional e integrante del sector progresista, desde el pasado mes de junio.

El pleno del Constitucional aún tiene pendiente de resolver la petición de nulidad por el rechazo al amparo que reclamó el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. Y habrá de resolver la recusación presentada por el líder abertzale Arnaldo Otegi para que De los Cobos no participe en los litigios que tiene pendientes. Asturias y Andalucía anunciaron recusaciones pero aún no las han presentado.