Tensiones por la responsabilidad en el sellado de los disparos del 23-F

Los grupos políticos aguardan las explicaciones antes de pedir responsabilidades

Imagen de la gotera, el 11 de septiembre, en el Congreso en la tribuna de prensa, de donde han desaparecido los impactos de bala del 23-F.
Imagen de la gotera, el 11 de septiembre, en el Congreso en la tribuna de prensa, de donde han desaparecido los impactos de bala del 23-F.Uly Martín

El asunto no se va a tapar ni a sellar como ha ocurrido con, al menos, cinco impactos de bala del techo de la tribuna de prensa del Congreso que se dispararon el 23 de febrero de 1981. Así lo aseguran portavoces de la oposición que, no obstante, dan un margen de confianza al presidente del Congreso, Jesús Posada, para que recabe todos los datos. Y no va ser del todo fácil toda vez que las autoridades de la Cámara baja han constatado resistencias de los equipos técnicos que ejecutan las obras a reconocer alguna responsabilidad.

De entrada, y de forma oficiosa, los responsables de la obra ya saben que en el informe no puede figurar que “nada tienen que ver con la gotera que se produjo el pasado martes y que obligó el aplazamiento del comienzo del pleno”. Tampoco, que “no se ha tapado” ningún impacto de los disparos de los guardias civiles dirigidos por el teniente coronel golpista Antonio Tejero, efectuados en la tribuna de prensa. Esas negaciones no se aceptan, sobre todo la segunda porque no hay la menor duda de que había cinco disparos y ahora el techo está completamente liso.

El forcejeo entre técnicos y autoridades del Congreso ya ha terminado ya que los segundos, en nombre del presidente, estiman inaceptable la versión de que “nada se ha tocado”, cuando centenares de personas podrían atestiguar que allí había disparos, además de que se aprecia con claridad en imágenes grabadas. Por tanto, Posada espera una versión verosímil, señalan fuentes parlamentarias.

No uno sino dos, por tanto, son los informes que el presidente del Congreso, Jesús Posada, ha pedido aunque no se verán en la Mesa del Congreso del martes por la mañana al encontrarse en viaje oficial de trabajo en Panamá. Antes de irse, le indicaron que los informes aún no estaban hechos.

La empresa Dragados realiza las obras de reparación y reconstrucción de la cubierta del Congreso, que emprendió el pasado mes de diciembre y tiene previsto su fin el próximo noviembre. Por otro lado, y sin nada que ver con la anterior, se han hecho obras dentro del hemiciclo y otras dependencias del Congreso para poner aire acondicionado y reparar parte del suelo del mismo. Esta obra última depende de la arquitecta conservadora, adscrita a la Cámara baja, aunque es funcionaria de Patrimonio del Estado. A esta última corresponde hacer el informe sobre lo ocurrido con el sellado de los disparos que, en un primer momento, aseguró que eso no había ocurrido.

Por su parte, Dragados, emitió un comunicado horas después de producirse la gotera, a consecuencia de la intensa agua que cayó en unos minutos sobre Madrid, desvinculándose de cualquier responsabilidad. En su descargo señaló que la gotera se había producido como consecuencia del taponamiento de algunos “desagües antiguos”, incrustados en las paredes del edificio. Es decir, no por sus obras. Esta versión también quiere ser evaluada con calma por el Congreso. Lo cierto es que el agua empezó a caer por la tribuna de prensa para luego seguir su camino imparable hacia los escaños de Izquierda Plural y algunos del PSOE. Los chorros eran de tal calibre que hacían imposible que los diputados ocuparan los escaños afectados, en tanto que ujieres y personal de limpieza hacían lo que podían con toallas y cubos. Horas después algunos informadores, entre ellos de EL PAÍS, al ir a comprobar cómo había quedado la tribuna de prensa, se descubrió que faltaban impactos del 23-F que forman parte del Congreso desde hace 32 años. “Ha pasado algo que no tenía que haber ocurrido”, lamentó el presidente del Congreso”. Ahora quiere saber por qué ocurrió.

Sobre la firma

Anabel Díez

Es informadora política y parlamentaria en EL PAÍS desde hace tres décadas, con un paso previo en Radio El País. Es premio Carandell y Josefina Carabias a la cronista parlamentaria que otorgan el Senado y el Congreso, respectivamente. Es presidenta de Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP).

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