Torres-Dulce arremete ante el Rey contra la corrupción pública y privada

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce ha arremetido durante la apertura del año judicial, a la que ha asistido el Rey, “contra la corrupción, que es sin duda, una de las cuestiones que más debilitan la fortaleza moral de nuestra sociedad”. Torres-Dulce ha asegurado que la fiscalía “comparte esa preocupación” ciudadana y que desde “su atalaya procesal” trata de combatirla con los medios a su disposición.

Torres-Dulce ha dicho: “El problema es espinoso, una manifestación más del desencuentro entre sociedad y justicia, que requeriría una extensa explicación de las importantes limitaciones que presenta el proceso penal como medio de control de la acción administrativa”. El fiscal general ha advertido que, “junto a la corrupción pública”, se ha alzado también “la corrupción privada, cuyos sujetos activos son los directivos y administradores de sociedades que se prevalecen de su condición de lucrarse a costa de la entidad que gestionan y de las personas que tienen intereses en ella”. Las palabras del fiscal general se producen en la recta final del caso Urdangarin, en el que está implicado al yerno del Rey y en el que podría acabar imputada la infanta Cristina.

Según Torres-Dulce, abordar con eficacia el fenómeno de la corrupción “exige aumentar la eficiencia de los órganos de inspección y control de las Administraciones, corporaciones y mercados, y el establecimiento de unos mecanismos de detección precoz que permitan abortar la corrupción en sus inicios. No menos importante”, ha añadido Torres Dulce, “es incrementar los recursos de la jurisdicción contencioso-administrativa y del Tribunal de Cuentas, como estancias claves del control”.

“Puedo afirmar sin desdoro de la verdad”, ha agregado el fiscal general, que la activa intervención de la Fiscalía Anticorrupción “ha sido decisiva para el esclarecimiento de gran cantidad de delitos relacionados con el manejo de caudales públicos y con el ejercicio abusivo o desviado de las atribuciones públicas”.

Según el fiscal general del Estado en el año 2012 se han incrementado las calificaciones por delitos de prevaricación administrativa en un 23,85% y las de fraude cometido por autoridad o funcionario público en un 120%, en tanto que han descendido las calificaciones por malversación de caudales públicos en un 31%, por tráfico de influencias en un 22,37% y por malversación de caudales públicos en un 31,23%.

El fiscal general también ha pedido al ministro de Justicia “una somera reflexión sobre el borrador de Código Procesal Penal”, que exhibió Justicia a principios de este año. Según Torres-Dulce, este borrador “anuncia el viraje histórico de nuestro ordenamiento hacia un sistema acusatorio puro, ya que el texto contempla la desaparición del juez de instrucción, una investigación dirigida por el fiscal y supervisada por un tribunal de garantías, un juicio oral basado en un acervo probatorio desvinculado de la instrucción.

Un sistema de ejecución inspirado en el principio de concentración de actos y centralización de la competencia en un solo tribunal y unas modalidades de proceso especial que tratan de garantizar los beneficios del enjuiciamiento inmediato”. “Debo advertir que este texto”, ha subrayado Torres-Dulce, “que presenta aciertos innegables en otras áreas, incurre en la fase preparatoria en una grave inconsecuencia: atribuir la dirección de la investigación criminal al fiscal y negarle al mismo tiempo la capacidad de maniobra precisa para llevarla a buen término. Particularmente grave es el recelo que muestra hacia a figura del fiscal, pres le somete a un constante escrutinio de su actividad investigadora por el tribunal de garantías”.

Torres-Dulce ha hecho una defensa a ultranza de la unidad de España, "como fundamento de la indisoluble unidad de la nación, patria común e indivisible de todos los españoles". Y ha rematado: "Todo esto desde 1978 es lo que justifica orgullosamente nuestra comparecencia ante usted [en referencia al Rey]".

Por su parte, el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gonzalo Moliner, ha pedido que el nuevo órgano de gobierno de los jueces “se diseñe con el máximo consenso entre las diversas fuerzas políticas parlamentarias” y que no se utilice el habitual sistema de cuotas que suelen emplear los partidos políticos para designar a los vocales. Moliner ha hecho esta petición durante la apertura del curso judicial que se está celebrado en el Tribunal Supremo bajo la presidencia del rey don Juan Carlos. A las puertas del Tribunal Supremo hay concentrados medio centenar de miembros de los distintos s9indicatos de justicia que se quejan del recorte de medios por parte del ministro Alberto Ruiz-Gallardón. Los sindicatos han recibido al ministro con pitos y gritos en los que piden su dimisión y exhiben una pancarta en la que se puede leer: “Gallardón acaba con la justicia para todos”.

Moliner ha dicho:; “Se trata de entender que la reforma de la justicia constituye una cuestión de Estado que requiere por lo tanto un acuerdo de Estado para que la misma puede ser aceptada como definitiva y no sometida como hasta ahora a los vaivenes de cada situación parlamentaria”. Y ha añadido: “En ello entra también la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, pues su legitimación, mayor o mejor, no solo deriva del sistema de elección parlamentaria o corporativa que se elija sino también del hecho de que esa elección se haga por consenso y no por cuotas, que es lo que quiso el constituyente y lo que mejor garantiza una mejor elección de sus integrantes”.