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El juez del ‘caso Nóos’ no ve motivos para imputar al ministro de Justicia

La decisión despeja el futuro político del ministro de Justicia

El secretario de infantas, Carlos García Revenga, seguirá encausado

El CGPJ denuncia "cualquier injerencia" a la labor jurisdiccional de Castro

El ministro Alberto Ruiz-Gallardón, en el Congreso.

El magistrado José Castro no ve indicios que señalen al actual ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, en el caso Nóos, que investiga adjudicaciones realizadas por varias administraciones públicas al instituto del mismo nombre que dirigían el yerno del Rey, Iñaki Urdangarín, y su exsocio Diego Torres. El juez ha tomado esta decisión el mismo día en que la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha tomado la decisión de ampararle ante la aparición de noticias en medios de comunicación que alertan de que ha sido objeto de seguimientos.

Castro había trasladado el pasado junio las partes la petición de Manos Limpias de encausar al ministro por los pagos de la candidatura Madrid 2016. En el caso de que así fuera, sería una pieza separada del caso, algo que podría derivar en el señalamiento del exalcalde de Madrid por las adjudicaciones de 140.000 euros durante su etapa de regidor a la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social (FDCIS), entidad considerada sucesora del Instituto Nóos, empresa central de la trama.

Sin embargo la investigación realizada por Castro no ha hallado ningún dato "revelador" de que el entonces alcalde de Madrid mantuviera reuniones, directa o mediante alguna persona interpuesta, con Iñaki Urdangarin o cualquier otro responsable de la FDCIS para "apartar de los cauces obligados o habituales la concertación del convenio que entre ambas fundaciones acabó suscribiéndose". El paso que ha dado Castro despeja el futuro político de Gallardón en el Gobierno presidido por Mariano Rajoy dado que una eventual imputación le abocaría a presentar la dimisión.

El magistrado, en cambio, mantendrá la imputación del secretario de las infantas Elena y Cristina y antiguo tesorero del Instituto Nóos, Carlos García Revenga. En el auto que ha dictado este miércoles, de 31 páginas, el magistrado considera "precipitado" sobreseer esta pieza separada para el encausado así como para otros numerosos imputados, si bien afirma que "en modo alguno" significa esto que sus alegaciones "carezcan de virtualidad", sino que serán objeto de valoración una vez que la instrucción de estas pesquisas estén "definitivamente cerradas". El juez, que investiga presuntos delitos de blanqueo de capitales y fraude fiscal, mantiene la decisión que tomó sobre García Revenga el pasado 29 de enero. El asesor de las infantas perteneció entre 2003 y 2006 a la junta directiva de la institución que lideró el yerno del Rey, Iñaki Urdangarín, junto con su entonces socio Diego Torres. El abogado de Torres, en su estrategia de defensa y contraataque jurídico contra el esposo de la infanta Cristina, entregó al juez Castro correos electrónicos entre Urdangarin y García Revenga. En uno, el secretario reclamaba figurar en un documento comercial como miembro de “la Casa de S. M. el Rey”.

En los correos electrónicos incorporados a la causa se evidenció el aparente papel de asesor directo, en reuniones, contratos y actos públicos, que el secretario de las infantas desempeñó para el duque mientras este estaba al frente de Nóos. Carlos García Revenga está vinculado a La Zarzuela desde 1993 después de haber sido profesor de la infanta Elena. En la declaración de García Revenga ante el magistrado del pasado 23 de febrero contestó con evasivas a la inmensa mayoría de las preguntas y aseguró que pese a ser tesorero nunca llevó las cuentas de Nóos. Definió su papel como "testimonial"  con la única labor de asistir a Cristina de Borbón y del duque de Palma. El secretario afirmó que tras desvincularse de Nóos se desentendió de toda actividad privada económica del duque. Ese año 2006, la junta del instituto se disolvió y, teóricamente, Urdangarin abandonó su actividad en la entidad.

También este miércoles, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial  ha acordado por unanimidad censurar "cualquier injerencia" a la labor jurisdiccional del juez José Castro  y ha trasladado al Ministerio del Interior su "preocupación" por los seguimientos de los que haya podido ser objeto a fin de que lleve a cabo las "actuaciones que resulten oportunas" para evitar cualquier injerencia que pueda perturbar su independencia.