La Audiencia Nacional ve inconstitucional la ley de tasas

La Audiencia Nacional ha presentado una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra la ley de tasas judiciales, por entender que puede estar vulnerando el derecho a la tutela efectiva (el que tiene cualquier ciudadano a recurrir a la Administración de Justicia para defender sus intereses), el derecho a la igualdad real y la obligación de crear un sistema tributario justo. La ley de tasas —que entró en vigor el pasado diciembre y fue ya bastante recortada en febrero— impone el pago de una tarifa a todo el que presente una demanda o un recurso en un juzgado (a partir de cierto nivel de renta); antes solo pagaban tasa las empresas con mayor facturación.

En un auto fechado ayer, la Sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional explica que tiene “dudas de la constitucionalidad” de las tasas, básicamente por dos motivos: el hecho de que, si no se paga la tasa por adelantado, el ciudadano no puede ni siquiera iniciar el procedimiento judicial, que queda archivado; y el hecho de que no se tiene en cuenta la circunstancia económica de cada recurrente para modular la cuantía de la tasa en cada caso, lo que puede generar situaciones de “manifiesta desigualdad”.

La Audiencia subraya, así, que imponer el pago de tasas en la justicia es “lícito” y “constitucional”, pero que el modo en el que se están aplicando y la cuantía de esas tasas —entre 150 y 1.200 euros, más otra parte variable— pueden no serlo.

“Pagar al abogado cuesta más”

La cuestión planteada por la Audiencia se suma a los recursos que el PSOE, los Gobiernos catalán y andaluz y la plataforma Justicia para Todos presentaron ante el Constitucional. El de la Audiencia —referido solo a lo contencioso-administrativo— es fruto de un recurso interpuesto por Préstamos y Javaloyes (empresa que explota la marca Dvuelta, dedicada a recurrir multas de tráfico).

Fuentes del Ministerio de Justicia señalan que el Constitucional ya dijo en 2012 que exigir el pago de tasas por adelantado no vulnera la tutela efectiva (aunque esa sentencia era sobre la ley anterior, que solo afectaba a empresas). Recuerdan, además, que el ministerio ha aprobado una nueva ley de justicia gratuita, ampliando el número de beneficiarios de este derecho. Y que el coste de las tasas está “muy por debajo” del de abogado y procurador. “Si pagar al abogado y al procurador no limita el acceso a la justicia del ciudadano, tampoco lo hacen las tasas”, sostienen.