PP y PSOE reanudan su carrera de promesas contra la corrupción

Los españoles llevan todo el año 2013 oyendo hablar de medidas anticorrupción. Todos los partidos las han propuesto, y especialmente lo han hecho los dos mayoritarios, PP y PSOE, en una carrera por la iniciativa en el discurso de la limpieza política mientras, según las encuestas, la ciudadanía se aleja cada día de sus representantes. El que tiene en su mano poner en práctica esas medidas, sin embargo, es el Gobierno de Mariano Rajoy, que cuenta con mayoría absoluta en el Parlamento y podría aprobar buena parte de su paquete anticorrupción hoy mismo. Lo ha ido aplazando y ahora parece haber encontrado el momento.

La inminente aprobación del nuevo Código Penal, que incluirá un endurecimiento de las penas por delitos de corrupción, ha coincidido con la decisión del Ejecutivo de acelerar de pronto los trabajos de su comisión interministerial por la regeneración democrática, durmiente desde marzo. Rajoy va a intentar presentar por todo lo alto ambos paquetes legislativos a la vez y lo hará en breve, según fuentes del PP. De hecho, el Código Penal iba a ser visto por el Consejo de Ministros el último viernes de agosto o esta semana, pero se ha retrasado.

Al tiempo que prepara esas medidas sobre el papel, el PP ha vetado todas las propuestas de la oposición para pedir cuentas por un escándalo de corrupción concreto, el caso Bárcenas, la investigación sobre supuesta financiación ilegal del PP que salpica al propio presidente. Los populares no han permitido que se debata la creación de una comisión de investigación ni que Rajoy responda a una interpelación directa en el Congreso. Y también han rechazado la última propuesta del PSOE: la creación de una subcomisión parlamentaria sobre corrupción cuyo objetivo era poner en común las medidas que los grupos políticos han ido planteando a medida que surgían los escándalos. Al estallido del caso Bárcenas —continuación de Gürtel, que afecta de lleno al PP— se suman el de los ERE de Andalucía, que afecta al PSOE, o los casos que implican a CiU, amén de la investigación judicial sobre los negocios del yerno del Rey, Iñaki Urdangarin, y la infanta Cristina. Ninguna medida legal nueva se aplicaría, no obstante, a investigaciones ya en marcha.

Delito de financiación ilegal. Una de las iniciativas fundamentales que Mariano Rajoy anunció solemnemente en el Congreso el 1 de agosto —y que ya había anticipado en el debate del estado de la nación en febrero— es la creación del delito de financiación ilegal de partidos políticos, que ahora solo constituye una infracción administrativa. Sin embargo, no figura en el anteproyecto del Código Penal que el Gobierno aprobará previsiblemente este mes.

Fuentes del PP alegan que esa medida la quieren negociar primero con el PSOE y otros grupos, para incorporarla en todo caso más adelante. Pero la negociación bilateral con el PSOE no se producirá, porque los socialistas han roto relaciones con el partido del Gobierno por el caso Bárcenas. En todo caso, sostienen, habrá conversaciones en el Congreso entre todos los grupos. Los socialistas señalan, además, que el delito de financiación ilegal ya lo habían defendido ellos hace tiempo, y lo han incluido en una de las cuatro proposiciones de ley contra la corrupción que ha registrado esta semana en el Congreso.

Donaciones a los partidos. Otra de las medidas que el PSOE defiende —ya lo hizo en el debate sobre el estado de la nación— es que ninguna empresa pueda donar dinero en ningún caso a ningún partido. En la actualidad solo están prohibidas las donaciones anónimas y las de empresas que contraten con la administración. Los socialistas plantean, por otra parte, que todos los casos de corrupción sean investigados por la Audiencia Nacional y que falsear las cuentas de un partido sea delito del contable. El PP quiere que los tesoreros de los partidos comparezcan una vez al año ante el Parlamento.

Endurecimiento de penas. Los dos partidos mayoritarios se han manifestado a favor de endurecer las penas por delitos económicos y de corrupción, como malversación de caudales públicos o tráfico de influencias. El anteproyecto del Código Penal del PP modifica el delito de cohecho, de forma que sea suficiente con probar que el cargo público ha recibido un soborno, aunque luego no haya pruebas de trato de favor.

Tribunal de Cuentas. Todos los partidos coinciden en que el Tribunal de Cuentas, cuya función es fiscalizar los ingresos y gastos de los partidos políticos, necesita cambios profundos en su funcionamiento.