Castilla-La Mancha, Galicia y el País Vasco, en el punto de mira de Ruz

Entre las nueve carpetas de colores que el extesorero del PP, Luis Bárcenas, entregó al juez Pablo Ruz en su comparecencia del 15 de julio, aparece un “recibí” firmado por el gerente del PP de Castilla-La Mancha en 2007, José Ángel Cañas Cañada. “He recibido de Luis Bárcenas con fecha 12/02/2007 #100.000# € (cien mil euros) y con fecha 28/03/2007 #100.000# (cien mil euros) Madrid, 28 de marzo de 2007 Fdo: José A. Cañas Cañada”, señala la nota. El manuscrito hace referencia, según Luis Bárcenas, al cobro de una comisión por la adjudicación de una contrata del Ayuntamiento de Toledo y para pagar parte de la campaña electoral de 2007, en la que Dolores de Cospedal, secretaria general del PP, era la cabeza de lista.

A su vuelta de vacaciones, el próximo día 9, el magistrado tendrá que decidir si, como piden algunas de las acusaciones, llama a declarar a Cañas y al secretario del PP castellanomanchego, Vicente Tirado, quien, según dijo el extesorero, estuvo presente en la reunión que se pactó la comisión ilegal.

Tras la entrega de la nueva documentación, las acusaciones también realizaron peticiones sobre los dirigentes de otra sede territorial, la del PP gallego. El juzgado dispone de anotaciones de Luis Bárcenas en las que señala supuestas aportaciones, realizadas en 2006, por parte de varias empresas y para cubrir el coste de la campaña electoral del PP gallego. Según estas, el PP ocultó como anónimos una serie de donativos efectuados por tres constructoras españolas. Se trata de cerca de dos millones de euros desembolsados por empresas contratistas de la Xunta y, por ello, tenían prohibido hacer donaciones a los populares. Pablo Ruz tendrá que decidir si llama a declarar, y en calidad de qué, al extesorero del PP de Galicia, Ángel Piñeiro.

Entre los deberes que el magistrado deberá resolver a la vuelta de las vacaciones también figura una diligencia relativa al PP vasco. Según Bárcenas, él mismo recibía en metálico de esta sede popular donaciones realizadas por empresarios vascos que, tras pasar la sede nacional, volvían “blanqueadas” a las cuentas del PP de Euskadi.