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El desarme de ETA, a cámara lenta

Los conocedores del proceso enfrían las expectativas de un final inminente de la banda terrorista

Luis R. Aizpeolea

ETA responderá en las próximas semanas a la reclamación de desarme y de asunción de la reinserción individual de sus presos, realizada antes del verano por el Foro Social, un grupo de expertos internacionales en la resolución de conflictos convocado por la organización pacifista vasca Lokarri. Pero las expectativas de que ETA asuma esas peticiones de modo inminente se han enfriado, según conocedores del proceso.

“No se va producir un desarme de manera inminente. Va a dosificarse en los próximos meses. Será a cámara lenta”, vaticinan conocedores de la situación. Lo que se espera de ETA es el compromiso de retomar el diálogo con expertos internacionales para buscar nuevas fórmulas. ETA rechaza de plano la propuesta que este verano le ha dirigido el PNV para que el Gobierno vasco verifique su desarme, una vez que el Ejecutivo de Rajoy haya dejado clara su negativa a sentarse a dialogar con la banda sobre un plan de paz por presos.

Por su parte, el Comité de Verificación Internacional del cese definitivo de ETA, coordinado por Ram Manikaningam, que anunció que en septiembre daría por cumplida su función, está a la espera de una comunicación de la banda que, posiblemente, requiera de su continuidad para un eventual desarme. Pero Sortu necesitará aún tiempo para convencer a ETA de que su desarme debe ser unilateral ante la inequívoca decisión del Gobierno de Rajoy de rechazar el diálogo, algo que la banda no termina de asumir. Conocedores del proceso tampoco esperan que ETA acepte de modo nítido la propuesta del Foro Social de asumir la reinserción individual de sus presos, lo que mejoraría su situación carcelaria.

ETA va a esperar a la decisión del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo sobre la doctrina Parot, previsiblemente en septiembre, para fijar su posición. Una resolución del alto tribunal europeo contraria a la doctrina Parot supondría la excarcelación de medio centenar de presos veteranos de ETA, sobre un colectivo cercano a 600. La banda necesita ese tiempo para articular cómo materializa la decisión de asumir la reinserción individual de sus presos, según las mismas fuentes. No obstante, Sortu mantiene las iniciativas que tenía previstas para el inicio del curso: encuentros en México con la participación de personalidades latinoamericanas, el 16 y 17 de septiembre, y una Conferencia de Alcaldes por la Paz en Aiete (San Sebastián), convocada por el regidor de esta ciudad, Juan Carlos Izaguirre, de Bildu, en la que pretende citar a alcaldes de ciudades simbólicas como Belfast y Bogotá. Al inicio del verano se especuló con que el encuentro de los alcaldes en Aiete podía ser el de la consolidación del final de ETA del mismo modo que la primera cita en Aiete, en octubre de 2011, fue la cobertura internacional para que la banda anunciara su cese definitivo. Pero ahora, nadie osa comparar ambas citas. “Este Aiete no va a tener la importancia de aquel”, admiten en Sortu.

El Gobierno vasco y los principales partidos —PNV, PSE y PP— coinciden en que son ETA y Sortu quienes tienen que hacer el esfuerzo principal para consolidar el final del terrorismo, con su desarme y disolución. El paso del tiempo fortalece esta posición porque no solo la opinión española, sino también la vasca, da por amortizado el final de ETA. Predomina la opinión de que deben disolverse sobre la de que el Gobierno debe sentarse con la banda para acordar el final.

De tal modo que si ETA no avanza en el desarme y en la aceptación de la legalidad penitenciaria tanto la ponencia parlamentaria como el Plan de Paz, que el Gobierno vasco quiere poner en marcha en septiembre —con iniciativas a favor de las víctimas, de la memoria, de la convivencia y de la paz— es difícil que cuajen. Los desacuerdos de fondo entre los cuatro principales partidos vascos sobre el final de ETA solo pueden superarse con un revulsivo como el desarme de la banda, admiten la mayoría de partidos.

La parálisis le resulta muy cómoda al Gobierno de Rajoy porque la ausencia de iniciativas (ni siquiera acercamientos de presos a cárceles del País Vasco) le evita problemas con sus sectores más radicales y con las asociaciones de víctimas del terrorismo más beligerantes. Cuenta, además, con que ETA, como organización, no va a regresar al terrorismo porque dos años después de su cese definitivo dispone de pocas decenas de miembros en activo, recursos muy escasos y un brazo político, Sortu, opuesto frontalmente a cualquier nueva aventura criminal. Y, finalmente, cuenta con que el tiempo corre a su favor porque la parálisis aumenta las contradicciones entre quienes están en las instituciones, Bildu, y los que están en la cárcel.

El riesgo de la parálisis

L. R. A.

El viernes, en su primer Consejo de Gobierno tras las vacaciones, el lehendakari, Iñigo Urkullu, del PNV, destacó que su "máxima prioridad en el camino del fin del terrorismo es el desarme y la disolución de ETA". También dirigió un mensaje a Sortu para que asuma su responsabilidad en "la injustificable historia criminal de ETA". Y a Rajoy le dijo que "hay otros pasos que pueden ayudar en la normalización, como modificar la política penitenciaria" (acercamientos de presos, reinserción...) una vez verificado el cese definitivo de la banda, aunque no se haya disuelto.

Si la parálisis en la consolidación del fin del terrorismo es cómoda para Rajoy, no sucede lo mismo con Urkullu. Ambos comparten, con la mayoría del arco parlamentario vasco, que ETA tiene la principal responsabilidad en el fin del terrorismo, con su desarme, su disolución, el reconocimiento del daño causado y la asunción de la legalidad penitenciaria por sus presos. Y que Sortu asuma su responsabilidad en su antigua complicidad con el terrorismo, lo que desbloquearía la ponencia parlamentaria de paz. Pero Urkullu, como le dijo a Rajoy en su encuentro en La Moncloa el pasado 15 de julio, cree que contribuiría a que ETA dé los pasos que faltan para cerrar el ciclo terrorista la flexibilización de su política penitenciaria. El lehendakari teme que el paso del tiempo sin avances afecte a la convivencia vasca y el Estado de derecho pierda la oportunidad de imponerse sobre el espíritu de revancha que emana desde los extremos, gana espacio con la parálisis y puede ser un futuro riesgo.

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