La vicepresidenta rechaza valorar el borrado de los ordenadores por su partido

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha rehusado valorar el borrado de los ordenadores de Bárcenas por parte de operarios del PP, partido que sustenta al Ejecutivo. Durante la rueda de prensa posterior al primer Consejo de Ministros tras las vacaciones, la vicepresidenta ha esgrimido que el caso se encuentra bajo investigación judicial y ha alegado que no le corresponde valorar "las decisiones que tome un partido actuando como empresa, ni siquiera de las que hace el partido que sustenta el Gobierno. Serán los jueces los que tendrán que decidir". Santamaría no se ha salido de este argumento en el asunto del borrado de los ordenadores en la respuesta a las dos preguntas que se le han planteado sobre el borrado.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy,  ha presidido este primer primer Consejo de Ministros, en el que han estado sobre la mesa el asunto de Gibraltar y el conflicto de Siria. El Gobierno de Rajoy ha mostrado, hasta ahora, una postura tibia respecto al conflicto de Siria y la posible intervención en el país. El Ejecutivo se ha limitado a emitir un comunicado en el que “condena enérgicamente el uso de armas químicas en Siria y expresa su pesar por las numerosas víctimas civiles causadas por el último ataque en los alrededores de Damasco”. La vicepresidenta ha precisado: "Todavía hay elementos a conocer", en referencia a la postura que finalmente tomará sobre Siria.

Uno de los asuntos que ha tratado el Consejo de Ministros ha sido el del anteproyecto de Ley de Evaluación Ambiental que, entre otras disposiciones, estipula un régimen sancionador a gasolineras flotantes ("bunkering") como las que fondean en la Zona de Especial Protección del Estrecho Oriental, en torno al Peñón de Gibraltar. Con el ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, en Londres y ya Downing Street para la reunión con el primer ministro, David Cameron, el Ejecutivo ha definido su estrategia sobre el Peñón, única zona de las costas españolas en las que están establecidas de manera permanente barcos como gasolineras flotantes permanentes..

El ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, ha asegurado que su disposición es que las posibles sanciones, en caso de persistir las gasolineras flotantes en la zona protegida de Gibraltar, puedan comenzar a llegar a finales de este mismo año. Cañete, con intereses en la empresa petrolífera Dúcar, ha asegurado que no se ha inhibido en esta ocasión en las deliberaciones sobre esta ley: "Mi relación con las gasolineras flotantes es muy lejano". Ha explicado que solicitó un informe al Consejo de Estado, según el cual "siendo mero accionista y no consejero" no tiene necesidad de inhibirse.

Santamaría ha pedido a la Comisión Europea que investigue el incremento del contrabando y el blanqueo de dinero en Gibraltar. "De 2010 a 2013 el incremento del contrabando de tabaco ha sido del 243%", ha dicho. Y ha reclamado que la misión europea se encargue de vigilar esos tráficos. La vicepresidenta, no obstante, ha querido dejar a salvo del contencioso de Gibraltar las relaciones globales entre España y el Reino Unido.

Mariano Rajoy trató de cerrar el caso Bárcenas en balde. La práctica ausencia de explicación sobre su relación con el extesorero Luis Bárcenas cuando ya estaba imputado y el hecho de que el PP, partido que preside, borrara la información de los ordenadores con los que trabajaba el extesorero someterán de nuevo a Rajoy a la presión de pronunciarse sobre el tema.

El Consejo de Ministros ha aprobado además el reglamento que determinará las funciones y regulará el funcionamiento de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), el nuevo superregulador, cuyo ámbito de actuación se extenderá a varios sectores de actividad y que estará presidido por José María Marín Quemada, actualmente vocal del Banco de España.