El PSOE pedirá al juez que investigue si el PP delinquió al borrar los ordenadores
Los socialistas quieren saber quién ordenó el 'borrado' de los portátiles de Bárcenas Varias acusaciones populares señalan también al PP por posible encubrimiento
El PSOE pedirá la próxima semana al juez Pablo Ruz que inicie diligencias para averiguar si el PP cometió un delito al vaciar los dos ordenadores de su extesorero Luis Bárcenas antes de entregarlos en la Audiencia Nacional. En esos portátiles, que Bárcenas había utilizado durante años en la sede de los populares, en la madrileña calle de Génova, había, según él, documentos referidos a la supuesta contabilidad b del PP y también a las cuentas en Suiza del extesorero. Una parte de esa información ya se la había entregado el propio Bárcenas al juez, copiada en una memoria USB; del resto nada se sabe: los discos duros de los dos ordenadores han sido destruidos por el PP, según ha admitido la dirección del partido alegando que eso es lo normal.
“El PP está tomando el pelo a los ciudadanos y podría estar incurriendo en responsabilidades penales en su afán por dificultar la investigación. Obstruye la acción de la justicia destruyendo pruebas”, afirmó este viernes Óscar López, secretario de Organización del PSOE. “Destruir el disco duro de un ordenador es toda una tarjeta de visita de un partido. Curiosa forma de ser transparente, negar información a un juez”, añadió el secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba, desde Italia. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa tras el primer Consejo de Ministros del curso, se negó a comentar el asunto porque, dijo, no afecta al Ejecutivo sino a un partido y en calidad de “empresa”.
Óscar López anunció que, como parte personada en la causa, el PSOE va a pedir al juez “que investigue quién manipuló los ordenadores y por instrucción de quién”; y que, una vez conocidos esos nombres, “depure posibles responsabilidades penales”. No apuntó a ningún delito en concreto, aunque aparentemente los que podrían cuadrar más con esa denuncia son los de encubrimiento y obstrucción a la justicia.
El primero (artículo 451.2 del Código Penal) castiga con hasta tres años de cárcel a quien, “con conocimiento de la comisión de un delito” pero sin ser autor ni cómplice “interviniera con posterioridad [...] ocultando, alterando o inutilizando el cuerpo, los efectos o los instrumentos de un delito, para impedir su descubrimiento”. El segundo, el 465.2 (obstrucción a la justicia cometido por un particular), prevé de tres a seis meses de multa para quien “destruyere, inutilizare u ocultare documentos” relacionados con un proceso judicial.
El PSOE va a pedir al juez que averigüe qué dirigente o empleado del PP procedió físicamente al vaciado de los dos ordenadores de Bárcenas; que pregunte a esa persona quién se lo ordenó y que a continuación llame a declarar —o interpele por escrito— a ese responsable que “dio la instrucción”. Varias acusaciones populares (incluida la que ejerce IU) van a solicitar lo mismo.
El contenido los ordenadores de Bárcenas que ha desaparecido —al eliminar el PP los discos duros— se desconoce. El abogado de Bárcenas, Javier Gómez de Liaño, ha afirmado que se trata de una información “extraordinariamente importante”, sin dar más datos. Bárcenas dijo al juez que en esos ordenadores estaba la supuesta contabilidad b (en dinero negro) del partido entre los años 1994 y 1997 —es decir, la parte que no figura en los papeles manuscritos publicados en enero por EL PAÍS—, información sobre sus cuentas en Suiza y otros documentos. Los supuestos apuntes contables en b de 1994 a 1997 ya los tiene el juez porque el extesorero los había copiado en un USB, pero el resto, teóricamente, quedó en los ordenadores. Además, de haberse preservado los discos duros, el juez Ruz habría podido comprobar, por ejemplo, si esos apuntes contables se introdujeron en los ordenadores del PP en los años noventa, lo que habría supuesto una prueba de que no se fabricaron posteriormente.
El pasado 14 de agosto, la número dos del PP, María Dolores de Cospedal, declaró como testigo ante el juez; cuando Ruz le preguntó por esos ordenadores que Bárcenas decía que eran suyos, Cospedal le dijo que estaban “custodiados” en la sede de la calle Génova. Este jueves, sin embargo, el PP justificó el borrado de los discos duros alegando que eso es lo normal e incluso imperativo cuando un portátil cambia de manos y pasa a otro empleado. “Más que custodiados”, opinó Óscar López, “parece que estaban siendo manipulados”.
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