LA LUCHA TRAS LAS TRAGEDIAS

Víctimas también de los retrasos

El proceso judicial puede demorar el cobro de indemnizaciones tras las catástrofes hasta diez años El problema es dirimir quién es el responsable

La ministra Ana Pastor, en el centro, junto a la presidenta de la asociación de víctimas del accidente de Barajas, en el quinto aniversario.
La ministra Ana Pastor, en el centro, junto a la presidenta de la asociación de víctimas del accidente de Barajas, en el quinto aniversario.KIKE PARA

Un formulario de tres páginas. “Indique cuál era su destino, vagón y si es posible número de asiento”. Así empieza el camino para obtener una indemnización tras una tragedia como la del accidente de Santiago. Los pagos de las aseguradoras pueden llegar pronto, pero los de la responsabilidad civil, los que determinan quién fue el responsable de la catástrofe, pueden demorarse años en un trasiego de citas judiciales.

» Biescas (7 de agosto de 1996). Un torrente de agua se llevó la vida de la familia de Sergio Murillo, navarro de 33 años, cuando solo tenía 16. Pasó el verano de 1996 con sus padres y sus dos hermanos en el cámping de Biescas (Huesca) cuando fueron sorprendidos por una inmensa riada que arrancó la vida de 87 personas. Tras nueve largos años de peregrinación judicial, la Audiencia Nacional condenó al Gobierno de Aragón y a la Confederación Hidrográfica del Ebro a pagarle más de 800.000 euros (210.000 por cada familiar). Sus tíos, que se convirtieron en sus tutores legales después de que él se quedara huérfano, iniciaron el proceso legal. Al final, los jueces determinaron que la tragedia fue previsible y evitable, porque el cámping estaba situado en una zona peligrosa. Murillo asegura que cada vez que se produce una catástrofe, el sentimiento de impotencia que le acompañó durante una década vuelve. “Cuando veo que los implicados empiezan a quitarse las culpas y a señalar a otros, me doy cuenta de que no han aprendido nada”, explica.

Entrada principal del cámping de Las Nieves, en Biescas, tras la inundación que lo arrasó.
Entrada principal del cámping de Las Nieves, en Biescas, tras la inundación que lo arrasó.PABLO OTIN (EFE)

“Todo el proceso fue un despropósito judicial y político. Después de la riada de agua siguió una de injusticia”, apunta su abogada, Elena Melero. Alfredo Boné (PAR) era el consejero de Medio Ambiente cuando la Audiencia dictó sentencia sobre las indemnizaciones y fue el encargado de firmar la orden a Tesorería del Gobierno de Aragón para que empezaran los pagos a las víctimas, que no llegaron hasta un año después de la resolución judicial. Boné alega que el proceso se dilata porque “hay que considerar muchas cuestiones para que quede claro quién es el responsable”. Sobre la tardanza en el ingreso de las indemnizaciones una vez que la justicia se pronunció, alega: “Fue un desembolso muy grande, que no estaba contemplado en los Presupuestos de ese año. Hubo que pedir créditos, hacer informes...”.

» Yak-42 (26 de mayo de 2003). Diez años después del peor siniestro de la aviación militar española, en el que murieron 62 militares al estrellarse en Turquía el avión en el que regresaban de una misión en Afganistán, las familias no han visto ni un euro. En total, las empresas que contrató Defensa para gestionar el vuelo deben desembolsar seis millones de euros. Leopoldo Gay es el abogado de 43 de las 62 familias. “El problema es que las dos empresas son extranjeras y no es sencillo exigirles el pago”, señala. Una de ellas, además, se ha declarado insolvente. El Supremo confirmó la indemnización en 2012, nueve años después del accidente. Gay apunta a la lentitud de la justicia y a la “actitud del instructor” como motivo de la demora. El letrado hace balance: “La justicia tardía deja de ser justicia”.

» Incendio de Guadalajara (17 de julio de 2005). Los familiares de los 11 miembros del equipo de extinción que murieron en el fuego cobraron el dinero de la aseguradora en menos de dos meses. Pero la responsabilidad por parte de la Administración tuvo que esperar al 16 de mayo de este mismo año. Ese día, en las Cortes regionales de Castilla-La Mancha, el Partido Popular presentó una proposición de ley única para establecer las indemnizaciones que corresponderán a las familias según su grado de parentesco: 42.701,5 euros para los hijos menores de edad; 68.322,4 euros para los padres que no residían con las víctimas; 93.943,3 euros para los progenitores que compartían domicilio con ellos, y 102.483,64 euros para las viudas. Las familias tienen hasta el 16 de septiembre para solicitar las cantidades que les correspondan.

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Carmen Clara Martínez es abogada de parte de los afectados: “Han reclamado y como no se ha cumplido el plazo de su respuesta, el silencio en este caso es un signo positivo, porque si no contestan significa que ganamos en nuestra petición”. Explica que en los juicios de catástrofes la dilatación es habitual por la cantidad de imputados y la cantidad de folios, “17.000 en nuestro caso”. “Además”, continúa, “todo el mundo recurre porque nadie está contento con las resoluciones y hay infinidad de pruebas periciales. Se podría acortar el proceso si las partes no recurrieran, pero depende de las partes”.

Las familias ya no quieren hablar sobre lo que ocurrió. José María Manteca, tío de uno de los fallecidos y portavoz de la Asociación de Victimas de algunos de los afectados, hizo declaraciones por última vez a finales de mayo de este año, justo después de que se aprobaran las cantidades de las indemnizaciones. Ahora es su hijo quien, a través del teléfono, comunica que su padre no quiere decir nada más. Algo parecido ocurre con Mariángeles García, madre de otra de las víctimas del incendio y consejera de Educación del último Gobierno socialista en la región. No quiere hablar y se ha explicado con un SMS: “Cobramos todo inmediatamente y el trato que recibimos de las instituciones fue exquisito”.

Es algo con lo que no están de acuerdo otras familias que desde un primer momento criticaron la gestión por parte de la Junta de Comunidades.

» Metro de Valencia (3 de julio de 2006). La cantidad que recibieron las víctimas de la riada de Biescas fue el patrón que la Generalitat valenciana utilizó para indemnizar a las del accidente del metro de 2006, en el que murieron 43 pasajeros. Antes de final de año, todos los familiares de las víctimas habían recibido la cantidad de la aseguradora del metro y la que corresponde a la responsabilidad civil.

Enric Chulio, de 40 años, perdió a su mujer en el siniestro. Explica que a las dos semanas del descarrilamiento recibió un burofax en el que le informaban de que podía pasar por las oficinas de Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana (FGV) para recibir su indemnización, y recuerda también una cláusula que le impedía tomar acciones legales contra la compañía pública si estaba de acuerdo con la suma. Destrozado por la pérdida, no aceptó, contrató a un abogado y esperó a firmar en septiembre. “Entonces la cláusula había desaparecido”, señala. “Por una parte es muy positivo que nos pagaran tan rápido, porque algunos de los fallecidos eran el sustento económico de su familia; pero por otro lado fue como una ofensa: coge el dinero y calla”, señala Chulio. El motivo de la celeridad se basa en que FGV asumió desde un principio los costes de la responsabilidad civil, explica un portavoz autorizado de la empresa pública. En total, se pagaron 8,8 millones de euros de compensación para los afectados.

» Accidente de Barajas (20 de agosto de 2008). Los familiares de las víctimas y los 18 supervivientes del accidente del vuelo JK-5022, de Spanair no han dejado de luchar. Un total de 154 personas murieron en la peor tragedia de la aviación española de las últimas décadas.

Pilar Vera, presidenta de la Asociación de Afectados del Vuelo JK-5022, perdió a su sobrina. “Después de cinco años, la situación es la misma. Solo algunas familias han llegado a un acuerdo con Mapfre”. La aseguradora afirma que ha consignado 14,5 millones de euros para pagar las compensaciones y que se ha regido por los baremos de los accidentes de automóviles. “Desde que fijamos la cantidad, se han sucedido acuerdos definitivos con sus correspondientes pagos a los perjudicados”, confirman desde Mapfre. La compañía, según subraya, “quiere hacer lo máximo que pueda para agilizar los trámites”, una frase que repite en varias ocasiones de forma exacta, como un mensaje grabado. Esa es la versión “oficial”.

Una versión incorrecta, según Vera, que asegura que en los documentos facilitados por el juzgado la consignación de Mapfre es de 12,7 millones. “Ni aunque fueran 15”, expresa con vehemencia la presidenta de la asociación. Según cree, en España, dependiendo del tipo de desastre, las víctimas son tratadas de una manera u otra.

Tras el atentado del 11-M, donde murieron 191 personas, el Estado se hizo cargo de la responsabilidad civil con 350 millones. Mapfre no llega a los 13. Vera no puede entenderlo. “En este país debería haber un baremo para valorar una vida que se pierde por una tragedia”.

Los que ya han firmado el acuerdo con la aseguradora renuncian para siempre y en cualquier lugar del mundo a pedir responsabilidades. “Ni contra AENA, ni contra Fomento, ni contra el fabricante, ni contra nadie”, subraya Vera. Son alrededor de 82.000 euros a cambio del silencio perpetuo.

Todavía quedan una treintena de personas que continúan la batalla. Sin embargo, en el caso de Spanair es difícil saber qué ocurrirá con cada familia, “porque cada uno se buscó su abogado y se arregla de una manera distinta”, recuerda Vera. De cualquier forma, la asociación lucha porque se reconozca lo que ocurrió, porque las aseguradoras obliguen a las compañías aéreas a ser seguras. “Si no, cuando pasen unos años, saldrá más barato pagar indemnizaciones que mantener la seguridad en los aviones”, zanja.

» Costa Concordia (13 de enero de 2012). Una veintena de españoles que viajaban en el crucero que naufragó con 4.200 personas a bordo frente a la isla italiana de Giglio no están de acuerdo con la indemnización. Consideran que la suma de entre 15.000 y 30.000 euros para cada afectado que ofreció Costa Cruceros es insuficiente, y por eso han ido a juicio. La primera sentencia ha resuelto que la compañía debe pagar 17.500 euros a estos pasajeros que en enero de 2012 vieron truncadas sus vacaciones. “Creemos que la cantidad es insuficiente y vamos a seguir luchando por obtener lo justo”, asegura Manuel Martos, que viajaba en ese barco junto a su mujer y su hijo. Costa Cruceros responde por correo electrónico que desde el primer momento se ha hecho cargo de la responsabilidad civil del suceso y recalca que ya ha llegado a acuerdos amistosos con el 80% de los pasajeros.

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