El desplome de la política

No es algo que esté ocurriendo solo en España. También en otros países afectados por la crisis económica y sólidamente democráticos se registra un profundo desplome de la confianza ciudadana en las instituciones políticas. Así, ahora, en Francia y en EE UU apenas un tercio de la ciudadanía aprueba la gestión del presidente de la República. En Italia, el 70% que hace apenas dos años evaluaba positivamente al presidente Napolitano ha menguado hasta el 45%. En este contexto, el rey Juan Carlos, pese al profundo desgaste experimentado por su imagen pública entre nuestra ciudadanía a lo largo de este último año, aparece con todo como el Jefe de Estado mejor librado, pues retiene un apoyo ciudadano que alcanza el 50%. En cuanto a los gobiernos, solo merecen la aprobación de una muy reducida fracción de la población: el 16% en Italia, el 21% en Francia, el 26% en España. Y lo mismo ocurre con los respectivos parlamentos, siendo destacable el particularmente grave hundimiento del crédito público del italiano y, sobre todo, del estadounidense (cuyo 10% actual de aprobación representa un mínimo histórico). Por último, España, Francia e Italia prácticamente empatan en cuanto al masivo grado de desafección ciudadana respecto de los partidos políticos.

El grave descrédito de la vida pública en estos cuatro países contrasta fuertemente con la alta estima en todos ellos por las pymes, la escuela pública, la policía, el sistema público de salud o las fuerzas armadas. Solamente los bancos (y especialmente en España) obtienen porcentajes de aprobación tan mínimos como los de las instituciones políticas, probablemente porque para el ciudadano medio se aparecen como cooperadores necesarios, o incluso como causantes últimos, del actual desastre económico.

Los partidos tienden a tapar a los potencialmente corruptos

La idea ampliamente extendida en buena parte de Europa (en España la expresan tres de cada cuatro ciudadanos) es que en estos años se ha producido, de hecho, un golpe de estado, subrepticio y consentido: ahora son los mercados quienes realmente detentan todo el poder, por encima de soberanías nacionales o voluntades populares. Con un diagnóstico de situación tal, no puede extrañar este generalizado y profundo desplome de la confianza en las instituciones políticas. Desplome que, por cierto, no es en España precisamente donde se da en mayor medida, contra lo que se suele pensar aquí. Si los españoles viven este desplome con un claro plus de desasosiego es, sin duda, porque se les presenta asociado a un problema adicional que pesa especialmente sobre su moral cívica: la cada vez más gravosa evidencia de una corrupción política que es “relevante, general y recurrente”, en palabras del Círculo Cívico de Opinión.

Sin duda, y en proporción de dos a uno (67% frente a 32%), los españoles reconocen que, en realidad, en nuestro país los políticos corruptos son una minoría. Pero, eso sí, una minoría que, por la confluencia de tres factores que se refuerzan mutuamente, resulta particularmente dañina para esta ya doliente democracia.

Un 89% de los españoles quiere agilizar la justicia para los casos graves

En primer lugar, y como afirma el 95% de la ciudadanía, los partidos, por una malentendida solidaridad, tienden a tapar y proteger a aquellos de sus militantes probada o potencialmente corruptos en vez de investigarles, denunciarles y expulsarles. En segundo lugar, la lentitud con que la Justicia se ve forzada a actuar en este tipo de casos (como señala el 92%) por su escasez de recursos —materiales y humanos— y por las peculiaridades del actual sistema procesal que permite a los imputados marear impunemente, y por tiempo indefinido, al juez que les investiga. Y, en tercer lugar, porque el sistema electoral vigente admite que los imputados puedan figurar en las listas electorales (¡hasta algo más de cien lo hicieron en las últimas elecciones municipales y autonómicas!).

¿Posibles remedios? Para un 85% de los españoles, poder tachar nombres de las listas; para un 79%, elecciones primarias para la selección de líderes; para un 83%, limitación temporal del mandato de los dirigentes de los partidos; y para un 89%, creación de una jurisdicción especial, ágil y bien equipada, para casos de especial gravedad económica o política. Medidas quizá complejas pero no imposibles, y que parecen ya insoslayables para la regeneración de esta democracia.