La ley antidesahucios “no garantiza” un control judicial suficiente

Ha apurado hasta el último día, pero ya lo tiene listo. El PSOE presentará hoy ante el Tribunal Constitucional (TC) un recurso de inconstitucionalidad contra la ley antidesahucios aprobada en mayo. Cree que atenta contra la Ley Fundamental porque no garantiza un control judicial exhaustivo y garantista en el proceso que despoja a las familias de sus casas. Rechaza la tramitación “fraudulenta” de la ley en el Parlamento y considera que vulnera hasta 13 artículos de la Constitución, como el derecho a una vivienda, la inviolabilidad del domicilio, la no discriminación de los menores o la protección de los consumidores.

El recurso socialista ha avanzado en paralelo e inspirado por el que presentó la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ante la opinión pública el pasado 7 de agosto. Ante el Constitucional solo se puede recurrir con el respaldo de 50 diputados y senadores o a través de la oficina del Defensor del Pueblo, que aún no se ha pronunciado pese a las peticiones de la plataforma. El PSOE solicitó a la PAH su texto el mismo día de la presentación y, “haciendo suyos los argumentos” de la plataforma, formalizará hoy el recurso contra la La Ley de Medidas para la Protección a los Deudores, Reestructuración de la Deuda y Alquiler Social, que el PP aprobó en soliario. La PAH, por su parte, se ha desmarcado de los socialistas y aspira a conseguir por su cuenta el respaldo suficiente de diputados “a título individual”.

El nuevo recurso se suma a los 13 que el PSOE ha presentado contra otras iniciativas del Gobierno, como la Reforma Laboral o la modificación de la Ley de Tasas Judiciales. Sus 110 diputados respaldan el recurso, en el que enumeran 13 artículos de la Constitución que consideran vulnerados por la ley del PP (87, 23, 18, 24, 14, 15, 10, 39, 47, 9, 96, 51 y 117).

El PSOE ofreció la posibilidad de sumarse al texto que presentará hoy al resto de formaciones políticas. Pero finalmente no contará con el respaldo de los activistas antidesahucios ni de otros partidos, según señaló ayer Leire Iglesias, portavoz socialista de Vivienda. “Hemos respetado todo lo que incorporó la PAH en su recurso, pero con otra fundamentación y otro orden”, argumenta la diputada, encargada de presentar hoy el recurso ante el TC.

El argumento más importante de los que han incluido, según Iglesias, está relacionado con la “rigidez” de la ley antidesahucios. Consideran que impide control judicial efectivo de los procesos de desahucio y no garantiza la inviolabilidad de la vivienda que recoge la Constitución. La ley no permite a los jueces “un margen suficiente de actuación” para analizar individualmente cada caso, ni garantiza un alojamiento alternativo para las familias que se quedan en la calle, según el recurso del PSOE.

Los socialistas reclaman que se elimine además la llamada venta extrajudicial, una figura en vigor desde la Ley Hipotecaria de 1944 y que también incluye la última ley. Argumentan que no permite el control de las cláusulas abusivas que ha fijado recientemente el Tribunal Europeo y que da “menos garantías procesales” a los deudores.

La ley del PP incluyó entre los supuestos de “especial vulnerabilidad” para evitar el lanzamiento de una vivienda a familias con un hijo menor de tres años. Fijar esa edad atenta contra la dignidad, la no discriminación o la integridad de “otros menores mayores”, alega el PSOE.

El Gobierno esboza en una de las disposiciones de la polémica ley la creación de un fondo social de viviendas en colaboración con los bancos. Los socialistas acusan al Ejecutivo de “excesiva vaguedad e indeterminación” y abundan en que el derecho a una vivienda digna debe ser impulsado desde los poderes públicos y no desde las entidades financieras. “¿Por qué una familia desahuciada tiene que ir a la oficina de Atención al Cliente de su banco para pedir otra casa?”, plantea Iglesias.

A diferencia del recurso original de la PAH, los socialistas añaden en el suyo alegaciones contra la tramitación de la ley. La plataforma presentó en febrero una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) con casi un millón y medio de firmas, el triple de las necesarias. Se debatió su toma en consideración en el Congreso de los Diputados. Después, el PP enmendó los artículos hasta dejarlos “vacíos de contenido”, a juicio tanto del resto de formaciones políticas como de la plataforma. El texto final no incluyó las tres peticiones principales de la ILP: dación en pago, alquiler social y paralización de los desahucios en marcha.

Los socialistas reclaman al Constitucional que revise la tramitación de la ley antidesahucios, que se aprobó en la Comisión de Economía y Competitividad tras un debate en el pleno, porque consideran que también se vulneró el derecho a la participación de los ciudadanos en la vida política.