La izquierda abandona el plante a la Ley de Transparencia

Ya no hay razones para la ausencia y todos los grupos estarán presentes en la Comisión Constitucional, según han confirmado socialistas, miembros de Izquierda Plural y del Grupo Mixto, tras haberse ausentado en las últimas reuniones. Las anteriores citas fueron en la ponencia en la que se trabaja a puerta cerrada para intentar el acuerdo, enmienda por enmienda, artículo por artículo, y así liberar la carga del trabajo en la comisión donde los grupos tienen que pronunciarse con sus votos. El grado de apoyo con el que saldrá la ley aún no está decidido. Una vez aprobada en la comisión, en septiembre será votada en el Pleno del Congreso para después tomar el camino del Senado y su aprobación definitiva se prevé para fin de año.

Aún queda un buen tramo en el que el PP intentará conseguir el máximo acuerdo en esta ley conducida personalmente por la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, a través del secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, junto al secretario general del Grupo Popular, José Antonio Bermúdez de Castro, artífice de las negociaciones. Durante el plante de la izquierda el PP logró un acercamiento notable con CiU y PNV y algo menos con UPyD. Sí se considera un avance que cada administración sancione a los cargos que incurran en alguna infracción que marque la ley y no que desde el Ministerio de Hacienda se tuviera potestad para castigar a cargos autonómicos y municipales. Así figuraba en el texto que salió del Consejo de Ministros lo que ha constituido un caballo de batalla de primer orden para los nacionalistas que no podían aceptar que “Montoro sancione a un consejero catalán o vasco”, repetían. También se ha eliminado la potestad de Hacienda para destituir a cargos autonómicos y municipales. Habrá un amplio catálogo de infracciones y sanciones pero las aplicará la administración que corresponda.

Ya no hay duda de la ampliación del “ámbito subjetivo de aplicación” de la ley, como señala el artículo dos de la norma. Además de la Administración General del Estado, las Administraciones de las autonomías y de las ciudades de Ceuta y Melilla, y la administración local, se ha añadido “La Casa de su Majestad el Rey, el Banco de España, los partidos políticos, las organizaciones sindicales y organizaciones empresariales”. Estas adiciones no figuraban en el texto original como tampoco se incluyeron a las entidades privadas que reciban subvenciones. Después de cierto forcejeo con la oposición están en el ámbito de la ley las entidades que reciben ayudas superiores a 100.000 Euros al año o el 40% del total de sus ingresos anuales.

Aunque lo más conocido de la ley ha girado en torno a la inclusión de los partidos, la Casa del Rey y otras entidades que no figuraban, la norma ha sido concebida, como en otros países avanzados, como el derecho de los ciudadanos a acceder a la información pública, entendida como los contenidos o documentos, “cualquiera que sea su formato o soporte, que obran en poder los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de la ley”. Los límites al derecho de acceso ha sido un asunto al que se ha dado muchas vueltas. Al final, se dice que el derecho de acceso podrá ser restringido “cuando acceder a la información suponga un perjuicio para la seguridad nacional, la defensa, las relaciones exteriores, la seguridad pública, la prevención , investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios”.

También se ponen límites porque puede suponer un perjuicio asuntos tan genéricos como amplios tales como: “Los intereses económicos y comerciales; la política económica y monetaria; el secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial y la garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión”. Estas restricciones entran de lleno en las actividades de los partidos, los sindicatos, las patronales y la Casa del Rey.