El caso Bárcenas, habent sua fata libelli

Mariano Rajoy, como se apunta, hace gestiones para interesarse por la situación judicial del ex tesorero nacional e imputado en el caso Gürtel, Luis Bárcenas, una semana después de que éste le anuncia que quedaba en libertad de sus compromisos tanto con él como con el PP. Un SMS ciertamente amenazador. La fase del chantaje agradable y fácil, que diría el escritor Raymond Chandler, está dando paso a otra más dura.

En su comparecencia junto al primer ministro polaco, Donald Tusk, el pasado lunes, día 15 de julio, Rajoy, en referencia a los mensajes que ha intercambiado con Luis Bárcenas, dice: “Los SMS que se publican, lo único que hacen es ratificar que el Estado de Derecho no se somete a chantajes”.

Y añade: “Ni se ha producido ni se va a producir ningún tipo de sugerencia o presión ni a la Administración de Justicia, ni a la Tributaria ni a la Policía Judicial. La mejor prueba es que los fiscales, el juez, los policías o el personal de la Administración tributaria que interviene en este caso son los mismos que lo llevaban antes de la formación del actual Gobierno”.

La publicación de los papeles de Bárcenas por éste periódico, el 31 de enero de 2013, fue objeto de una querella criminal presentada por un colectivo de abogados en los juzgados de Plaza de Castilla. Por aquellas fechas estaba pendiente la actitud de la Fiscalía Anticorrupción y del juez Pablo Ruz, a saber, si asumían en la investigación del caso Gürtel la contabilidad secreta manuscrita llevada por Bárcenas desde 1990 con el visado de Álvaro Lapuerta.

 El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, resuelve que las indagaciones sobre el tema deben hacerse en casa, en la Fiscalía Anticorrupción. No hay que llevarlo a ningún juzgado. Se nombra para llevar las diligencias al fiscal Antonio Romeral, un hombre de la confianza de Torres-Dulce.

Esta decisión supone el monopolio exclusivo de la investigación por parte de la Fiscalía, sin participación de las acusaciones ya personadas en el caso Gürtel, a pesar de los puntos conexos existentes entre ambos asuntos, como por ejemplo, entre otros, un donativo aportado por el PP de Galicia a Bárcenas para la caja B del partido.

Durante más de un mes, aparte de las declaraciones en la Fiscalía del ex diputado del PP, Jorge Trías Sagnier, y los ex tesoreros nacionales Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, la Policía Judicial somete a una prueba caligráfica a Bárcenas.

Éste no ha negado su letra en el primer comunicado que emite el 31 de enero de 2013 sobre los papeles de Bárcenas publicados ese día. Con todo, Rajoy califica, el 2 de febrero de 2013, ese material como “papeles apócrifos”. Quiere decir que han sido atribuidos erróneamente a Bárcenas.

A continuación, el tesorero anuncia el 4 de febrero, siguiendo el guiño de Rajoy, que no es su letra. El 6 de febrero se somete a una prueba en la Fiscalía Anticorrupción. Fuerza los trazos para confundir a los policías.

La Fiscalía, pues, se limita a estas diligencias. El caso está en sus manos exclusivas. La iniciativa de una acusación popular, la del partido Socialista de Valencia, para incorporar los papeles a la causa que sigue el juez Ruz obtiene el rechazo de los fiscales y del magistrado. Y del PP, que entonces todavía está en la causa como acusación popular.

El juez Javier Gómez Bermúdez, titular del juzgado central de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, se hace cargo, por reparto, de una querella presentada por Izquierda Unida contra Bárcenas, Lapuerta, los empresarios que hicieron presuntamente los donativos, según la contabilidad secreta, y catorce personalidades del PP que cobraron, según consta en ella, dinero presuntamente negro.

El juez abre diligencias el 1 de marzo. La irrupción de Gómez Bermúdez lleva al juez Ruz a solicitar un informe a la Policía Judicial para determinar si hay puntos en común entre Gürtel y los papeles. La Policía afirma que los hay.

Gómez Bermúdez admite parcialmente la querella a trámite el 11 de marzo. Caracteriza que lo fundamental es investigar las donaciones y presuntos beneficiarios de obras públicas y determinar si ha existido un delito de cohecho; en segundo término, el pago de dinero B. Comienza las diligencias sin perder tiempo. Solicita al PP que “en un plazo improrrogable de siete días” aporte copia o relación de ingresos por el concepto de donaciones que haya recibido de los empresarios que figuran en los papeles de Bárcenas.

  Y cita a Bárcenas y a otros imputados para que presten declaración el 25, 26 y 27 de marzo de 2013.

  El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, reacciona al día siguiente, 12 de marzo, por la tarde, de manera tajante. “La decisión de admitir la querella y empezar la tramitación por parte de Bermúdez, con todo respeto a su decisión, no se compadece con nuestra perspectiva”. ¿Nuestra perspectiva? Es muy claro: el tema debe ser llevado por Ruz y la Fiscalía le pedirá a Ruz que “requiera la inhibición” de Gómez Bermúdez.

La Fiscalía Anticorrupción informa al juez que esos papeles deben ser investigados en el caso Gürtel como pieza separada.

El PP, a través de su acusación popular en la causa, se opone. Y cuando Ruz admite la pieza separada, el PP recurre la decisión en apelación a la sala de lo Penal. No quiere los papeles de Bárcenas en el caso Gürtel ni como capítulo aparte.

Pero al advertir que Gómez Bermúdez está dispuesto a exigir la competencia, el PP cambia. Retira su recurso. Tarda algo más que la Fiscalía Anticorrupción. Pero razona internamente que cualquier juez será mejor para investigar los papeles de Bárcenas que Gómez Bermúdez. Ruz, a ojos del PP, es un magistrado en precario que cada seis meses necesita su renovación como juez de apoyo por parte del CGPJ y que se mueve unido de la mano de la Fiscalía. Es, pues, para el PP el mal menor.

En este contexto tienen lugar los mensajes que se intercambian el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el ex tesorero nacional del PP, Luis Bárcenas, publicados por el diario El Mundo.

El 5 de marzo de 2013, Bárcenas escribe: “Mariano necesito hablar con Javier [Arenas]. Como le dije a Matarí [ Juan José Matarí, diputado por Almería, miembro del comité ejecutivo nacional] os estáis equivocando. Los papeles supuestamente de Álvaro y míos están judicializados penalmente en Plaza de Castilla y ahora pendiente de la decisión de Ruz. Yo sí tengo las ideas claras. Abrazos”.

Al día siguiente, consta que Rajoy le llama por teléfono, pero no localiza a Bárcenas.

Los dos jueces han comenzado a dirimir la competencia. Una vez que se pronuncien respectivamente será la sala de lo Penal quien decida. Pero el asunto no ha llegado todavía a ese nivel. Mientras, de acuerdo con la ley, los dos magistrados pueden y deben seguir investigando. El juez Gómez Bermúdez es el primero que ha citado a Bárcenas en su auto del 11 de marzo. Deberá comparecer el 25 de marzo.

El 14 de marzo de 2013, a raíz de que el PP impide a los enviados de Bárcenas la entrada para revisar cajas depositadas en el salón Andalucía, en la calle Génova, el ex tesorero nacional se siente traicionado por Rajoy.

Le envía un mensaje a Rajoy en torno a las nueve de la noche: “Mariano, vergonzoso el comportamiento esta tarde de los dos abogados del Partido. No han permitido que las personas que he enviado verifiquen el contenido de las cajas que había en el despacho que tú me autorizastes [sic]. Tú sabrás a que estáis jugando, pero yo quedo liberado de todo compromiso contigo y con el partido”.

Al día siguiente, en la Audiencia Nacional prosigue la actividad. Ruz convoca, el día 15 de marzo, a Bárcenas para una fechas antes que Gómez Bermúdez, es decir, para el viernes 22 de marzo de 2013.

En una visita al juez Gómez Bermúdez, el martes 19 de marzo, Alfonso Trallero, abogado de Bárcenas le pregunta si no puede anticipar la declaración de su cliente para que lo haga el mismo viernes 22, cuando está previsto su comparecencia ante el juez Ruz.

El juez no ve obstáculos. Dicta una providencia: la cita es para el viernes, día 22, a las doce de la mañana, después de la hora a la que ha sido convocado por Ruz.

  Durante esas horas, se conoce, en la Audiencia Nacional, que el juez Gómez Bermúdez y la acusación popular de Izquierda Unida, piensan en varios escenarios para la declaración de Bárcenas. El juez parece considerar seriamente el de dictar la prisión con una fianza muy elevada, equivalente al patrimonio oculto del ex tesorero nacional del PP.

La Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Anticorrupción comienzan a filtrar a ciertos medios de comunicación que se trata de una situación escandalosa. El argumentarlo: ¡Dos jueces se disputan a Bárcenas1 ¡Esperpento!. En su versión, el intruso es el juez Gómez Bermúdez. A todo esto, ¡la iniciativa de anticipar la declaración es del abogado de Bárcenas!

En la mañana del jueves 21, antes de que comience el pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Rajoy llama personalmente al presidente del Consejo, Gonzalo Moliner. Le explica, según las cuatro fuentes judiciales ya apuntadas, que parece haber una algarabía en la Audiencia Nacional, un espectáculo bochornoso entre dos magistrados que se pelean para ver quien tomará declaración a Luis Bárcenas, y pregunta sobre el estado de la cuestión, jurídicamente hablando. Moliner, según esas fuentes, le dice que no conoce en qué punto está esa cuestión y le promete informarse.

Moliner, en efecto, realiza una consulta en la Audiencia Nacional para conocer el alcance del problema. La versión de los hechos que recoge es que la cuestión de competencia está todavía en la fase en la cual los jueces tienen que decidir si confirman su competencia o se inhiben. Una vez que lo hagan y se confirme la existencia de un conflicto de competencia, el asunto será elevado a la sección segunda de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para que adopte una decisión, después de escuchar los argumentos en una vista pública con todas las partes personadas. Moliner, por tanto, ya sabe que no hay nada que hacer.

Ese mismo jueves tiene lugar un golpe de mano en la Audiencia Nacional. Avanzada la mañana, la Fiscalía Anticorrupción presenta un recurso de apelación directamente contra la providencia de la secretaría del juez Gómez Bermúdez en la que se fijaba el día viernes 22 para la comparecencia de Bárcenas.

Las razones de esa declaración ya estaban justificadas en el auto del 11 de marzo de 2013. Como no cabe recurso contra este tipo de providencias, se inventan un recurso fantasma.

El fiscal Romeral tiene una misión. Y nadie le va a apartar de ella. Acude directamente, per saltum, a la sección segunda, integrada por los magistrados Ángel Hurtado, Julio de Diego y Enrique López, hasta entonces sempiterno candidato del PP al Tribunal Constitucional. El fiscal les pide por escrito la suspensión cautelar de la declaración de Bárcenas ante el juez Gómez Bermúdez porque, invoca, existe un conflicto de competencia.

  Es decir, la Fiscalía hurta la decisión de la competencia que deberá adoptar en su momento a la sala de lo Penal y decide de manera preventiva y sumarísima apartar a Gómez Bermudez, Eso es lo que supone impedirle tomar declaración a Bárcenas. La prueba del nueve es que Romeral no solicita, al tiempo, suspender la declaración de Bárcenas ante el juez Ruz. ¡Ya ha tomado partido! 

   Mientras sobre la una y media de la tarde, el juez Gómez Bermúdez se toma una caña en un bar próximo a la calle de Génova, con Javier Zaragoza, fiscal jefe de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, y varios fiscales, un policía y un guardia civil, recibe un mensaje en su móvil. Los magistrados están reunidos.

La sección segunda de la sala de lo Penal se ha reunido con extraordinaria rapidez, inédita, para decidir sobre la cancelación de la comparecencia de Bárcenas. A las tres de la tarde, la secretaría de Gómez Bermúdez recibe un auto por el cual se anula la declaración. El golpe de mano se ha consumado. A todo esto, el juez Ruz todavía no había contestado la petición de inhibición que le había solicitado Gómez Bermúdez.

  El viernes 22 de marzo, Bárcenas se acoge a su derecho a no declarar. No prestará, asegura públicamente por la noche, más declaraciones ni se someterá a pruebas caligráficas adicionales.

   Todas las gestiones judiciales y los SMS intercambiados parecen avizorar en aquella mañana del 21 de marzo de 2013 un desenlace que, ahora sabemos, terminaría por ocurrir en la Audiencia Nacional entre el 27 de junio, fecha de ingreso de Bárcenas en prisión, y el lunes, día 15 de julio, con la declaración del ex tesorero sobre la existencia de un sistema de financiación ilegal en el PP que se remonta a la época de Rosendo Naseiro, a finales de los años ochenta y primeros noventa. 

  La incursión nerviosa de la Fiscalía Anticorrupción a la hora del aperitivo del 21 de marzo de 2013 y la reunión intempestiva a la hora de comer de la sección segunda de lo Penal, consigue su objetivo. Logra anular in extremis la declaración de Bárcenas ante el juez Gómez Bermúdez. Estos hechos han sido objeto de una querella de Izquierda Unida ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo contra los magistrados de la sección segunda de la Audiencia Nacional por un presunto delito de prevaricación.

  Y aunque los magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que han empezado a deliberar estos días sobre si admiten a trámite o no esa querella, reconocen, según fuentes fidedignas, el carácter atípico o inédito de lo actuado en la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, se muestran dispuestos a desestimarla con el argumento, entre otros, de que el Ministerio Fiscal es el garante de la legalidad y que la sección segunda de la sala de lo Penal de la Audiencia actuó por petición urgente de la Fiscalía Anticorrupción. ¡Garante de la legalidad!