Acusados de asociación ilícita Munar y 17 cargos de Unió Mallorquina

Hasta dieciocho dirigentes de las antiguas cúpulas de expartido Unió Mallorquina (UM) —disuelto por sus escándalos, en 2010, tras controlar durante tres décadas de poder en Baleares—, serán juzgados por asociación ilícita. La juez observa que eran supuestos integrantes de una trama de corrupción que usó como pantalla una empresa pública del Consell de Mallorca, en la que se fingieron contrataciones de personal que se dedicó solo a tareas meramente partidistas. Se malversaron más de 400.000 euros.

La exlíder y el expresidente del Consell, Maria Antònia Munar, se sentará por tercera vez en el banquillo, acusada de controlar y decidir los contratos y el pago de nóminas de veinticinco militantes del partido, ocupados de manera exclusiva a trabajos para los comicios locales y autonómicos de 2007. En estas elecciones UM creció, especialmente en Palma, núcleo de la red, y fue determinante para las mayorías de izquierdas y nacionalistas en Baleares, que encabezó el PSOE (2007-2011).

La juez Carmen Abrines ha cerrado la causa para que la Fiscalía Anticorrupción y las defensas presenten sus conclusiones. La instructora observa los delitos de malversación de fondos públicos, tráfico de influencias, fraude a la administración y, por primera vez de manera relevante, el delito de asociación ilícita, al modo de las organizaciones que operan para delinquir. El Consell, con la empresa de informática Cilma, para la juez, era una “auténtica oficina de colocación” de UM. Los operarios efectuaban tareas de proselitismo, en beneficio del partido y no de la Administración, reseña el auto.

Con la exlíder de UM y expresidente del Consell, Munar, están acusados otros dos expresidentes del partido, Miguel Nadal y Miguel Ángel Flaquer, dos exconsejeros del Gobierno balear, Mateu Cañellas y Francesc Buils; y la exconsejera del Consell y exportavoz de UM, Catalina Julve, así como los exdirectores generales, Josep Lliteras y María José Rodríguez. Entre el resto de imputado, cargos intermedios, uno de ellos, Eugenio Losada, director de la empresa Cilma, detalló a la juez la trama y la lista de ‘enchufados’ que jamás efectuaron las tareas para las que cobraron.

Bajo el paraguas de tres supuestos programas de interés público, la malla de activistas de UM recibió su nómina pública. Siete agentes fueron fichados para dotar de contenidos una web insular pero solo crearon archivos sobre perfiles electorales para UM. Otra iniciativa se centró en una página de información de equipamientos locales, con seis enchufados que trabajaron en captación de votos y en los montajes de tinglados para mítines. Diecisiete activistas fueron contratados aparentemente para un proyecto de una web de participación ciudadana y tan solo captaron votos, puerta a puerta.