Anticorrupción reclama a Cospedal que explique las donaciones al PP

La Fiscalía Anticorrupción ha subido un peldaño en el caso de los papeles de Bárcenas y ayer envió un escrito al juez Pablo Ruz en el que reclama que se interrogue, en calidad de testigo, a la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, o a su “representante legal”. La intención es que “explique” en sede judicial “el procedimiento de recepción de las donaciones anónimas percibidas por el partido”. “Entendemos (...) que puede esclarecer y aportar información sobre los hechos objeto de investigación", destaca el fiscal Anticorrupción Antonio Romeral en respuesta a un escrito de Izquierda Unida, querellante en la causa de los papeles del extesorero. IU reclamó al juez que también citase, con el mismo motivo, a los exsecretarios generales del PP Javier Arenas y Francisco Alvarez-Cascos, pero la fiscalía se opone porque el periodo en que ambos desempeñaron ese cargo es anterior a años que abarcan las pesquisas (2004-2008). La coalición no incluía la cita de Ángel Acebes —antecesor de Cospedal en la secretaría general, que sí comprende ese periodo—, por lo que el fiscal no se pronuncia al respecto.

La reacción del PP ante el previsible interrogatorio de su número dos fue de “tranquilidad” y "deseo de colaboración con la justicia". Si finalmente es llamada por Ruz, es previsible que delegue en su representante legal, en el abogado del PP. Además, Cospedal sostiene que en el periodo al que se ciñen las pesquisas ella ocupó ese puesto durante seis meses: accedió al cargo en mayo de 2008. Aun así, ayer señaló su “plena predisposición a aclarar todo aquello que sea susceptible de aclarar, a decir todo lo que sabe, y a decir la verdad, como es lógico y normal”.

Anticorrupción recuerda a IU, que dentro de su batería de nuevs pruebas demandó que el PP identifique oficialmente los nombres de los donantes, que esta prueba fue practicada y que el partido "ya aportó la información requerida el 25 de marzo de 2013, aunque limitada al período de 2004 a 2011” debido a que no disponía de información anterior a 2004.

La finalidad de las pruebas solicitadas por IU a Ruz es aclarar si entre 1990 y 2008 el PP defraudó al fisco, favoreció el cohecho y si se financió ilegalmente (como dejan entrever las anotaciones de la caja B que elaboró de su puño letra el extesorero Luis Barcenas, en la que figuran 7,5 millones de donaciones anónimas procedentes de grandes empresarios). Las cuentas reflejan asimismo entregas de dinero (supuestos sobresueldos) a la cúpula del partido durante esos años, entre los que destacan el presidente del Gobierno Mariano Rajoy y los otrora miembros del Gobierno de José María Aznar Javier Arenas, Rodrigo Rato, Francisco Álvarez Cascos y Jaime Mayor Oreja, entre otros.

Salvo el delito fiscal, y ceñido al periodo 2007-2008, la sombra de la prescripción gravita sobre los demás que se investigan en el caso de los papeles de Bárcenas: cohecho, prevaricación e incluso tráfico de influencias. Por eso el objetivo de los investigadores es tratar de determinar si hubo esos flujos de dinero y a partir de ahí acreditar ¿quién lo donó, cuánto, qué hizo el PP con el dinero, se rebasó el límite mnáximo de 60.000 euros que establecía hasta 2007 la ley de Financiación de Partidos Políticos? ¿Tributó por ellos el partido, tributaron los supuestos perceptores de los sobresueldos? Y aclarado esto, en su caso determinar qué delitos concurren y si han prescrito.

En fuentes de la investigación se da por hecho que, en puridad jurídica, el asunto de los papeles de Bárcenas no irá más allá del delito fiscal, dado que los otros, aparte de la complejidad que supone acreditarlos, estarían prescritos. Por eso, han dado instrucciones a los peritos judiciales para que centren sus ojos en las anotaciones de los cuadernos de los ejercicios de 2007 y 2008 y determinar si hay delito fiscal. El único delito no prescrito y que se da por acreditado es el contable, y cabe atribuirlo a Luis Bárcenas. Y es que la investigación da por hecho que en el PP hubo una caja B elaborada (en los papeles figura su letra) por el extesorero Luis Bárcenas. Y el Código Penal, en su artículo 310, castiga con hasta siete meses de cárcel “al gestor” que elabore una caja B. Viene tipificado como delito contable. Y la responsabilidad también puede extenderse al extesprero Álvaro Lapuerta si se acredita que son suyos (él señala que no, que han imitado su rúbrica) los visados que aparecen en los laterales de algunas hojas de los papeles.

IU pidió al juez que requiera a algunas de las empresas que figuran como donantes del PP en los papeles de Bárcenas para que aporten todas sus cuentas desde 1992. Una de las empresas aludidas es OHL, presidida por Juan Miguel Villar Mir. La Fiscalía Anticorrupción no se opone, pero sí pone un límite temporal: que aporte las cuentas del periodo comprendido entre 2004 y 2008, primer y último ejercicio en el que aparece Villar Mir en los papeles. También pedía IU las cuentas desde 1999 de otras grandes empresas: las de AZVI, Sacyr-Vallehermoso, Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) y Rubau Construcciones y Sando. El fiscal Antonio Romeral también acota la petición de cuentas a los periodos en que figuran las donaciones en los papeles: en el caso de AZVI al periodo 2002-2008; en el de Sacyr, al periodo 2003-2004, y en el caso de FCC al periodo 2003-3008.

Los investigadores dudan de que en las cuentas de los empresarios figuren donaciones ilegales, como anotó Bárcenas en sus cuadernos, o aportaciones económicas en negro para el PP. Primero porque ello supondría un dinero no declarado al fisco y, segundo, porque la donación ilegal sería un fraude, estaría sujeta a tributación y, por tanto, si supera la cuota de 120.000 euros en un ejercicio, constituirtía un delirto fiscal. Ven difícil acreditarlo, per oquiere tener datos que ayuden a perfilar si el PP cometió un delito fiscal en los ejercicios 2007-2008 al recibir donaciones ilegales y no declaradas, de las que respondería con las oportunas multas fiscales. También se están indagando si los perceptores de los sobresueldos los declararon al fisco, aunque, a juzgar por las anotaciones de los papeles, ninguno rebasaría la cuota anual tributaria penalmente punible de los 120.000.