La UE cree que el decreto de vivienda amenaza a todo el sistema financiero

Paro, morosidad, una economía que no crece... y la norma andaluza antidesahucios. El informe sobre el rescate financiero hecho público este miércoles por la Comisión Europea eleva hasta lo más alto de sus preocupaciones el decreto aprobado por la Junta que permite la expropiación de viviendas vacías a los bancos y empresas. No aporta cifras ni estima el impacto que podría tener, pero sí asegura que tendrá un impacto en la estabilidad financiera. La consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, viajó también hoy a Bruselas, para desmentir estos argumentos.

“La norma es totalmente constitucional. Tiene seguridad jurídica plena como la luna llena. El Gobierno lo recurre porque funciona, no porque sea inconstitucional. Hemos demostrado que somos capaces de aprobar un decreto que protege a las familias vulnerables y que hay alternativas a las políticas neoliberales”, dice Cortés a la salida del edificio de la Comisión en el que se ha reunido con funcionarios comunitarios de nivel medio.

La consejera andaluza ha echado mano en repetidas ocasionas de dos cifras —700.000 viviendas deshabitadas y 80.000 familias desahuciadas desde el inicio de la crisis— para tratar de convencer a sus interlocutores de la necesidad de medidas como la que ella impulsa. “Es un momento de emergencia”, dice. Además, Cortés ha entregado a los eurofuncionarios un estudio de derecho comparado que avala la legalidad de una ley que describe como “un antídoto contra las políticas de especulación y contra la burbuja inmobiliaria que nos han llevado hasta aquí”.

Pero su discurso es de difícil recepción en la Comisión Europea, que tiene en mente el decreto andaluz antidesahucios en todas sus referencias al sector bancario español. El documento que evalúa a España como parte del seguimiento del rescate bancario que le otorgó la UE alude directamente a esa ley en varias ocasiones para presentarla como un riesgo. La norma andaluza “puede tener potenciales implicaciones negativas para la estabilidad del sistema financiero en su conjunto”, consideran los expertos de la Comisión Europea.

Pese a tratarse de una legislación que en la parte de antidesahucios no afecta a más de 200 personas, según cálculos del Gobierno andaluz, Bruselas —ayudada por la lectura política que ha querido darle el Gobierno español— le ha concedido un protagonismo extraordinario al decreto andaluz.

El texto publicado por la Comisión destaca las multas que las autoridades andaluzas pueden imponer a las entidades que no pongan en alquiler sus pisos (hasta 9.000 euros) y la eventual expropiación de esos inmuebles. Como efectos indirectos de esas medidas, el documento señala “la reducción del apetito de los inversores por los activos inmobiliarios españoles, así como el deterioro de la cartera inmobiliaria de los bancos y de la capacidad de los bancos para intervenir en los mercados con las llamadas cédulas hipotecarias”.

Al valorar los riesgos para la Sareb, el banco malo español que absorbe con dinero público los activos inmobiliarios deteriorados de las entidades financieras, Bruselas habla de “incertidumbres legales” relacionadas con las medidas que ha adoptado Andalucía. Para argumentarlo, el documento añade que aproximadamente el 10% de la cartera inmobiliaria de la Sareb proviene de Andalucía.

La norma andaluza ha sido objeto de varias consultas de las autoridades comunitarias al Gobierno español para evaluar su posible impacto en el sector. El Ejecutivo central, a su vez, la ha recurrido ante el Tribunal Constitucional por considerar que es contraria al principio de propiedad de la vivienda. Cortés, en cambio, no puede estar más en desacuerdo. Ha acusado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de abusar de la prerrogativa que tiene para paralizar normas llevándolas al Constitucional. “Vamos a seguir luchando”, afirma la consejera.