El PSOE se lanza en tromba contra la juez y arropa a los imputados

El PSOE cerró filas este miércoles y respondió a las últimas imputaciones de cargos socialistas en el caso de los ERE de Andalucía lanzándose en tromba contra la juez instructora, Mercedes Alaya. Sin llegar a acusarla de prevaricación, varios dirigentes andaluces y también de la ejecutiva federal del partido sugirieron que Alaya actúa con intención política, para perjudicar al PSOE, y afirmaron que el auto en el que imputa, entre otros, a la exministra y exconsejera de la Junta Magdalena Álvarez —sin atribuirle ningún delito concreto— carece de base legal. Los socialistas consideran “chocante” que la decisión de la juez de dirigir su investigación contra los responsables políticos de la Junta se produzca justo cuando el PSOE está en pleno proceso de primarias internas para elegir al sucesor de José Antonio Griñán.

“Desde el máximo respeto a la justicia, creemos que no hay base para las imputaciones que se han producido ayer. [La juez] no las fundamenta”, afirmó Elena Valenciano, número dos de Alfredo Pérez Rubalcaba. “Lo que es bastante chocante”, añadió, “es de qué manera tan precisa la juez Alaya coordina la comunicación de sus autos con hechos políticos importantes del PSOE andaluz. Hubo autos durante las elecciones autonómicas [de 2011] y ahora, cuando se estaba produciendo un inicio de relevo al frente de la Junta”. El auto está fechado el 28 de junio; dos días antes, Griñán abrió el camino a su sucesión.

Valenciano, que puso “la mano en el fuego” por la inocencia de Álvarez y del propio Griñán, no quiso emplear la expresión utilizada la víspera por el número dos de los socialistas andaluces, Mario Jiménez, que habló de una “causa general” de la juez del caso de los ERE contra el PSOE (la misma expresión que el PP había utilizado para atacar la instrucción judicial sobre el caso Bárcenas). “Yo lo que digo”, insistió la vicesecretaria general, “es que es verdad que hay una precisión de reloj suizo entre los autos de la juez Alaya y los hechos políticos relevantes del PSOE andaluz”.

El último auto de Alaya imputa a 20 altos cargos o ex altos cargos de la Junta de Andalucía que, “en la ejecución de sus respectivas competencias”, permitieron durante una década el “uso indebido” de las ayudas a empresas en crisis. No les acusa de apropiarse del dinero, sino de permitir que cada año, en la partida de Presupuestos, esas ayudas se concedieran a través de una figura —la “transferencia de financiación”— que estaba pensada para otra cosa y que según la juez favorecía la opacidad y la corrupción porque escapaba a los controles.

La tesis de los socialistas es que esos altos cargos se limitaron a “administrar la ley” —el procedimiento de concesión de ayudas—, fuera esta correcta o no; que no obtuvieron ningún “lucro ni beneficio personal” con ello, y que eso en ningún caso puede suponer un reproche penal. De hecho, subrayan, la juez no les ha atribuido aún ningún delito concreto.

Valenciano se frenó en el adjetivo “chocante” al describir la actitud de la juez; otros socialistas fueron más allá. El portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, afirmó en su blog que “reputados penalistas” creen que Alaya ha dictado su auto “al margen del Código Penal”, y puso este ejemplo: “Resultaría chocante culpar a un fabricante de coches del accidente de tráfico de un conductor negligente”. El portavoz parlamentario del PSOE andaluz, Francisco Álvarez de la Chica, opinó que, si lo que es ilegal es el procedimiento de concesión de las ayudas, “el kilómetro cero de esa ilegalidad es el Parlamento”, sugiriendo que entonces habría que imputar a todos los diputados que votaron los Presupuestos. Y la secretaria de Acción Ciudadana del PSOE andaluz, Clara Aguilera, dijo: “Respetamos a la justicia, aunque a veces parece que la Justicia se mete a actuar en política”. “A mí, con todos los respetos, las actuaciones de esta juez cada vez me parecen más inexplicables”, completó la diputada Carme Chacón, antes de pedir a los jueces que busquen “justicia, y nada más que justicia”.

La juez Alaya aún no ha imputado a ningún aforado. No ha imputado, por ejemplo, al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, que en 2004 sucedió a Magdalena Álvarez en la consejería de Hacienda y aplicó los mismos procedimientos que ella. El PSOE sospecha que Alaya no quiere perder la causa, que si hubiera aforados pasaría al Supremo. “Está haciendo imputaciones a la carta”, protesta un dirigente. Griñán dijo este miércoles que el auto de la juez es “manifiestamente recurrible” porque “no contiene absolutamente ningún reproche penal”, y calificó a los 20 imputados de “servidores públicos”.