Defensa pone de nuevo a la Guardia Civil bajo jurisdicción militar

El borrador del nuevo Código Penal Militar incluye otro intento, y van unos cuantos, de remilitarizar la Guardia Civil. En 2007, cuando se aprobó el nuevo régimen disciplinario del instituto armado, se modificó el Código Penal Militar para dejar claro que este no se aplicaría a la Guardia Civil salvo “en tiempo de guerra, durante la vigencia del estado de sitio, durante el cumplimiento de misiones de carácter militar o cuando el personal del citado cuerpo se integre en unidades militares”. Es decir, la jurisdicción castrense era la excepción, no la regla.

Sin embargo, el borrador del nuevo Código Penal Militar añade un nuevo supuesto: “Cuando se trate de acciones u omisiones que afecten a bienes jurídicos de naturaleza militar relacionados con la disciplina, la relación jerárquica, la unidad, la cohesión interna o el cumplimiento de deberes esenciales derivados de dichos principios de la organización militar, no encuadrables en actos propios del servicio desempeñado en el ejercicio de funciones de naturaleza policial”.

La redacción es confusa y sugiere que valores como disciplina, jerarquía o cohesión son exclusivos del Ejército y ajenos a una organización policial. En todo caso, deja claro que la aplicación del Código Penal Militar no será la excepción sino la regla. Es decir, cualquier falta de insubordinación se considerará una falta militar, aunque el guardia no esté realizando ninguna función militar o ni siquiera esté de servicio, pues valores como disciplina o jerarquía no están sujetos a un horario de trabajo.

Ingreso en prisión

Por primera vez desde hace dos décadas, un guardia civil ingresó en mayo pasado en una prisión militar condenado por insultar a un superior. Sin embargo, en un gesto sin precedentes, el propio tribunal militar ordenó su libertad condicional ocho días después a la espera de que el Consejo de Ministros tramite la petición de indulto presentada por la mayoritaria Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC).

Con motivo de la aprobación del régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas, el Ministerio del Interior introdujo una disposición que imponía sanciones colectivas a los responsables de las asociaciones profesionales de la Guardia Civil por los acuerdos que adoptasen sus órganos directivos. El Gobierno acabó dando marcha atrás en su propósito después de recibir un durísimo varapalo del Consejo de Estado.