Los arrepentidos desnudan en su relato la corrupción urbanística en Mallorca

Una cara de la corrupción -la de Unió Mallorquina (UM)- quedó al desnudo este miércoles ante la Audiencia de Palma. El método usado por la trama fue confirmado por quien pagó la dádiva y quienes se la repartieron en 2005. La comisión por la venta amañada de un solar público por 30 millones de euros fue cuatro millones. En el terreno debían construirse 600 viviendas en plena burbuja.

En el último juicio por escándalos de corrupción en Mallorca se ha narrado cómo se exigían los pagos millonarios por operaciones de la Administración que se gestaban en UM, el partido en el poder. Las explicaciones han sido directas, en primera persona, por parte de tres ‘arrepentidos’ -el empresario Román Sanahuja y dos políticos de UM-, quienes ayudaron a cerrar el círculo del caso can Domenge.

Un empresario pagó cuatro millones de euros por un solar público que le costó 30 millones

UM controlaba el Consell de Mallorca y reclamó una comisión de más del 10% por el solar público. El exsecretario general de UM y exdiputado, Tomeu Vicens –condenado a tres años de cárcel por dos condenas firmes por corrupción- dijo al tribunal: “recibí dinero para mí y para otras personas: Miquel Nadal, Maria Antonia Munar y para UM“.

Los cuatro millones por el terreno los pagó Román Sanahuja, de la inmobiliaria Sacresa, según este. Los acusados que confiesan se acogen al plan de colaboración con la justicia con posible reducción de penas. Inicialmente, Munar y Nadal afrontaban peticiones de penas de seis años de cárcel, a los que habría que sumar a otras condenas anteriores.

“Lo que me pasó aquí en Mallorca no me había pasado nunca“, manifestó al tribunal Sanahuja. Pagar fue “un gran error” pero dijo haber sufrido coacciones: “esto es así o no es“. Le advirtieron desde UM que “para ser ganador (en el concurso del solar) hacían falta cuatro millones de euros“. Y los pagó en dos entregas, según confesó, porque “el cuerpo me pedía decir la verdad”. Quien le exigió los pagos fue Miquel Nadal, que en una sucinta declaración escrita asumió los hechos y dijo que cobro (sin dar cifras) para la campaña de UM en Palma.

Tomeu Vicens asumió -en un escrito y también en la vista-, que recogió la dádiva de Sanahuja y que dio hasta dos millones de euros a Munar e involucró –en otros pagos- a ésta en otro caso aún sin cerrar, que afecta a una recalificación del polígono de Son Oms. Vicens cobró las comisiones, las repartió y financió a UM. “Le di dos millones a la presidenta Maria Antonia Munar en el despacho (oficial)”. Y tres partes más de 450.000 euros para él, Nadal y la misma Munar.

Después de tres años en prisión, Vicens desveló el meollo: “reflexioné y decidí colaborar“ con la Fiscalía. El arrepentido reconoció que con el dinero de Sanahuja “se daba por sentado que saldría un sobresueldo para los participantes“.

Vicens entregó a la fiscalía cuatro cartas privadas que Munar le había enviado a la cárcel y ésta, en réplica preparada, hizo llegar al tribunal otras tres misivas que le remitió Vicens con detalles de la vida privada e invectivas a Anticorrupción: “nuestros enemigos íntimos”.

Se da la circunstancia de que tres exconsejeros de Cultura de tres grupos distintos están relacionados en con el caso can Domenge. La inmobiliaria Sacresa usó como intermediario en Palma al bufete de abogados del exconsejero balear de Cultura Francisco Fiol, del PP –su hermano Santiago Fiol está acusado-. En Barcelona, empleó como mediador ante UM al exconsejero catalán de CiU Joan M. Pujals. La exconsejera balear de Cultura Maria Antonia Munar es la principal acusada y la única de los reos de primera línea que no colabora en calidad de arrepentida. Otro acusado, el ex consejero insular y ex líder de UM, Miquel Àngel Flaquer, negó todo el relato.

Este caso llegó a juicio porque José Luís Núñez, expresidente del Barça, presentó una querella criminal contra los políticos del Consell de Mallorca (2003-2007) pertenecientes a UM y al PP. El empresario inmobiliario se quedó sin solar pese a duplicar la oferta ganadora con UM. Nuñez ofreció 60 millones de euros y Sanahuja pagó 30, además los cuatro de la citada comisión ilegal. Núñez acusó al equipo de Munar, Nadal y Vicens de malversación de caudales públicos, prevaricación y fraude de la Administración.