Bárcenas y la cúpula de Gürtel insisten en pedir la nulidad de las grabaciones

La defensa de los principales imputados en el caso Gürtel queman su último cartucho para pedir la nulidad de las grabaciones en las que el exedil de Majadahonda José Luis Peñas fundó la denuncia que dio pie la investigación judicial sobre la corrupción en el entorno del PP. Francisco Correa y Pablo Crespo, líderes de la trama de sobornos a cambio de la adjudicación de contratos en administraciones gobernadas por la formación conservadora, elevaron la semana pasada un escrito ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para reclamar la anulación de los archivos de audio. A los escritos de Correa y Crespo se sumaron otros imputados, entre ellos el extesorero del PP Luis Bárcenas.

Los abogados de Bárcenas, Miguel Bajo y Alfonso Trallero, reclaman la "nulidad radical" de las grabaciones "subrepticias" aportadas al juez por el exedil Peñas, que fueron validadas por el juez Pablo Ruz en mayo pasado. Los letrados insisten en considera que los archivos de audio vulneraron el derecho fundamental a la intimidad de Correa.

La doctrina habitual del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional avala las grabaciones aportadas a una causa judicial por uno de los interlocutores de la conversación. Sin embargo, la representación del extesorero añade a su argumentación jurídica una sentencia que el Tribunal Supremo dictó en 2009 en la que absolvió a un acusado de un delito contra la libertad sexual porque su víctima le arrancó sus manifestaciones "de modo torticero".

Los letrados sostienen que Peñas "grabó durante dos años de forma subrepticia, sistemática y continuada numerosas conversaciones, en diversos lugares y espacios (como oficinas y domicilios privados de los imputados), aprovechando y abusando de la confianza y de las estrechas relaciones personales mantenidas con sus víctimas, con la finalidad de reunir evidencias para incriminar a los grabados, e incluso una posible intención de extorsionarlos".

Además de Bárcenas han recurrido el auto de Ruz ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional las defensas del presunto líder de la 'Gürtel', Francisco Correa; su número dos, Pablo Crespo; el cuñado y testaferro de Correa, Antoine Sánchez; el exalcalde de Pozuelo de Alarcón (Madrid) Jesús Sepúlveda; el exregidor de Majadahonda Guillermo Ortega; el presunto contable de la red, Ramón Blanco Balín; y los exdiputados madrileños Alberto López Viejo, Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco.

Por su parte, la Fiscalía se ha opuesto a la anulación de las grabaciones en un informe en el que recuerda que la Audiencia Nacional ha establecido recientemente, al negarse a extraditar a Suiza al informático francoitaliano Hervé Falciani, que el interés en la averiguación y castigo de los delitos graves está por encima del derecho a la intimidad.

La Sección Segunda de la Sala de lo Penal recordaba en un auto que el empleado del HSBC Private Bank denunció, mediante la publicación de las actividades de clientes de la entidad, "actividades sospechosas de ilegalidad e incluso constitutivas de infracciones penales" que no pueden, en ningún caso, ser ocultadas y protegidas.

Anticorrupción asegura que esta decisión es "especialmente ilustrativa" y recuerda que fue tomada al considerar "que existen intereses superiores que justifican la cesión de la información a favor del Ministerio Fiscal y los Tribunales para la investigación y persecución de ilícitos penales".

El juez Ruz confirmó la validez de las grabaciones al considerar que el exedil cumplió con "la obligación de denunciar delitos" y con la intención de proveerse "de los medios para acreditar el objeto de su denuncia".

Peñas, amigo de Correa, grabó durante años las conversaciones que mantuvo con el cabecilla de la trama, que son la base de la investigación judicial en curso. En esas conversaciones, el presunto líder de la red llegaba a afirmar: "Yo a Bárcenas le he llevado, yo he hecho con él un día... vamos a sumar, 1.000 millones de pesetas. Yo, Paco Correa, le he llevado a Génova y a su casa".