La mayoría de los magistrados del Supremo cuestiona la reforma Gallardón

La revuelta judicial contra las reformas del ministro de justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, sigue subiendo de temperatura. Los magistrados del Tribunal Supremo celebraron este miércoles una reunión para debatir sobre la inminente reforma legislativa que se tramita en el Senado y que modificará tanto la composición como las funciones del Consejo General del Poder Judicial —y que afecta en algunas materias al alto tribunal—. En esta ocasión, a diferencia de otras veces, el resultado de la reunión no se trató como una cuestión privada, sino que el tribunal hizo público después un comunicado a través del gabinete de prensa en el que de manera oficial se hacía constar la oposición de los magistrados del Supremo que acudieron a la cita —una “amplia mayoría” de los jueces del órgano— a dos puntos de la reforma que afectan al alto tribunal.

A la reunión acudieron 41 magistrados —de unos 80 que tiene el tribunal si no se cuentan los eméritos— y hubo otros que delegaron su voto. “La práctica unanimidad” de los asistentes expresaron su oposición a que la reforma introduzca la figura de un vicepresidente en el Tribunal Supremo. Aseguran que es “innecesario” y que su existencia “puede resultar perturbadora para el correcto cumplimiento de las funciones que corresponden al Supremo”. “En caso de absoluta necesidad, la suplencia del Presidente está ya resuelta por la atribución de sus funciones al presidente de Sala más antiguo”, señalan.

Según la redacción del proyecto que se aprobó en el Congreso, el vicepresidente podía ser cesado en cualquier momento por el presidente, debía ser un vocal del Poder Judicial y tenía un amplísimo abanico competencial. Todo ello fue interpretado por los jueces como una potencial injerencia política en las funciones jurisdiccionales del alto tribunal, y, tras las primera quejas, Gallardón rectificó. El Partido Popular presentó la semana pasada enmiendas en el Senado eliminando el requisito de que se trate de un vocal, disminuyendo sus competencias y quitando la posibilidad de que el presidente pueda cesarlo en cualquier momento. A pesar de todo, los magistrados del Supremo no lo han considerado suficiente y en la reunión de este miércoles mostraron su oposición a que haya un vicepresidente.

Hay otra cuestión que inquietaba a los magistrados: la creación en el alto tribunal de una sala específica —formada por el presidente de la sala más los siete presidentes de sección de la Sala de lo contencioso-administrativa— para resolver los recursos que versen sobre los actos del Consejo General del Poder Judicial.

Los jueces manifestaron, “por unanimidad”, que este “fuero especial para el control jurisdiccional de los acuerdos del CGPJ resulta innecesario e introduce una especialidad injustificada en relación el sistema establecido para el de los demás órganos constitucionales del Estado”.

Por otro lado, en el pleno de este miércoles del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el presidente, Gonzalo Moliner, y la vocal Margarita Robles se enzarzaron sobre el hecho de que el primero no admitiera que el pleno debatiera un texto de protesta contra la reforma del CGPJ que se tramita en el Senado. Moliner rechazó por escrito la petición de Robles y otros dos vocales de incluir el debate en el orden del día, lo que generó la protesta de esta última.

Moliner dijo entonces, según fuentes del Consejo, que se había reunido esta semana con el presidente, Mariano Rajoy, para trasladarle la preocupación entre los jueces por esta modificación legal, lo que no hizo más que contribuir al malestar de Robles. La vocal alegó que no le parecía oportuno que él tratara de interferir en el poder legislativo cuando, por otro lado, estaba impidiendo que el Consejo debatiera una propuesta para que formalmente el órgano de gobierno de los jueces se pronunciara sobre una reforma que afectará de modo radical a su funcionamiento.