Sindicatos y patronal se someten a la Ley de Transparencia pero sin injerencias

Los sindicatos quieren estar sometidos a la futura Ley de Transparencia, pero con límites, para que los poderes públicos no cometan actos de injerencia, pues la autonomía de estas organizaciones está garantizada por la Constitución y la Ley de Libertad Sindical. Esta es la posición, como principio general, de los dos principales sindicatos, CC OO y UGT, ante la decisión del Parlamento de incluirlos en la Ley de Transparencia, que empieza su tramitación en el Congreso.

Los representantes de CC OO y UGT han sido llamados por la Comisión Constitucional del Congreso para dar cuenta de su visión de la ley, toda vez que serán incluidos en ella. Las preguntas de los diputados, singularmente del PP, se han orientado hacia la financiación de los sindicatos. Las dos organizaciones consiguen con las cuotas de sus afiliados, más de un millón cada una de ellas, cubrir el 70% de sus gastos. Así lo han asegurado el secretario de Estudios de CC OO, Rodolfo Benito, y el secretario de Participación Sindical e Institucional de UGT, Frederic Monell. Estos han diferenciado la financiación ordinaria de los recursos públicos que obtienen para programas concretos. “Eso no es financiación, sino partidas finalistas para cursos o programas tasados”, han reiterado.

La sesión ha transcurrido con corrección, pero los sindicatos han aprovechado la ocasión para hacer un discurso reivindicativo de las regulaciones legales pendientes para ellos, además de hacer un dibujo negro de la situación económica y social de España, en tanto que el Gobierno persiste “en las mismas políticas". A esto no ha habido respuesta por parte de ningún representante, a excepción del de Izquierda Plural, José Luis Centella, solo para explicar la sintonía de su grupo con los sindicatos.

“No es lo mismo el pleno de concejales del Ayuntamiento de Segovia que la comisión ejecutiva de CC OO", ha señalado Rodolfo Benito, en respuesta a las preguntas del portavoz del PP, Esteban González Pons, sobre qué aspectos los sindicatos consideran que no deben ser controlados en relación con otras instituciones. “Nosotros tenemos contrapartes”, ha señalado el dirigente de CC OO, por lo que no pueden dar a conocer las estrategias que utilizan “frente al Gobierno, la CEOE o las empresas cuando se trata, por ejemplo, de la negociación colectiva”,

Si se trata de controlar el dinero que los sindicatos reciben de fondos públicos, ningún problema, han dicho tanto Monell como Benito. Ambos han remitido a las páginas web de sus organizaciones a cualquiera que quiera acceder a sus cuentas, sobre las que se ha mostrado especialmente interesado el portavoz del PP. Ninguno de los dos sindicalistas tenía “en la cabeza” las cifras, pero ambos han asegurado que con las cuotas de sus afiliados –“de distinta cantidad"– cubren el 70% de sus gastos. Los dos afirman contar con algo más de un millón de cotizantes reales.

Una vez conscientes de que el Parlamento les va a incluir en la ley, se han mostrado a favor, pero de inmediato han aprovechado la tribuna para hacer peticiones. “No tenemos ley de financiación como sí tienen ustedes, los partidos; está sin desarrollar la Ley de Libertad Sindical y tampoco se ha regulado el mandato constitucional de la regulación de la participación institucional”. Estas demandas son coincidentes en los dos sindicatos, aunque el representante de CC OO ha estirado más la tabla reivindicativa, para incluir exigencias sindicales de los últimos meses: “Para la regeneración democrática debería haber un cambio en la ley de partidos, en la Ley Electoral y un cambio en la ley que regula la Iniciativa Legislativa Popular y la de referendos para que sean vinculantes”.

Qué son los sindicatos y cuál es su papel ha sido un recordatorio que los líderes sindicales no han dejado de reiterar en su intervención, para poner en valor su relevancia en la estructura jurídica y constitucional de España. “Nosotros no representamos solo a nuestros afiliados, sino a todos los trabajadores, y en nuestra función está la defensa del interés general”, han proclamado. Y se lo han reconocido Rafael Larreina, de Amaiur; José Luis Centella, de IU; Jordi Jané, de CiU; Emilio Olabarría, del PNV; José Enrique Serrano, del PSOE, y Esteban González Pons, del PP, por este orden de intervención. No obstante, las preguntas del diputado popular han sido las de más intención fiscalizadora, aunque todo en un tono comedido.

“¿Cuando dicen ustedes que tienen que estar sometidos otras instancias, a quién se refieren, al llamado cuarto poder, por ejemplo?”, les ha preguntado González Pons. Monell, de UGT, ha recogido el guante: “En la medida que reciban fondos públicos, por qué no. ¿Y la banca, que recibe fondos públicos? No puede ser que unos sí y otros no”.

La pertinencia de que sindicatos y patronal pasen por la Comisión Constitucional está justificada por lo que de ellos se dice en el artículo 7 de la Constitución: “Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios”. Los sindicatos, no obstante, además de la relevancia constitucional que se les da, quieren reivindicar otras leyes, como, por ejemplo, la de Libertad Sindical, que garantiza su autonomía. En su regulación habrá que tener en cuenta estos principios. No es tarea fácil, ha advertido el portavoz socialista, José Enrique Serrano. No se olvide que el incumplimiento de lo que marque la ley “llevará aparejado una sanción”.

La complejidad de aplicar la Ley de Transparencia a las 4.500 organizaciones que componen la CEOE ha sido otra constante tras la intervención de Juan Pablo Lázaro Montero de Espinosa, presidente de la Comisión de Responsabilidad Social de la CEOE. ¿Cómo se debe aplicar la ley a la CEOE, con su extensa estructura? Esta es la tarea del legislador, en tanto que la patronal está dispuesta a aceptar lo que se le diga, siempre y cuando el Congreso no ponga trabas a la ya difícil tarea de las empresas y no trate de fiscalizar qué hace con sus recursos privados; como, por ejemplo, el sueldo de sus directivos.

Si los sindicatos han puesto objeciones y han expresado sus quejas por la larga mano de la ley de Transparencia, no menos ha puesto la patronal. La CEOE está dispuesta a dar cuenta del dinero que recibe de fondos públicos, pero en absoluto del uso que hace de los privados. Además, los legisladores deben tener mucho cuidado para que “la acción de la Ley de Transparencia no coarte la actividad de las patronales, sobre todo de las muy pequeñas, que bastantes problemas tienen ya”. Ese es el criterio que ha dejado en el Congreso Juan Pablo Lázaro Montero de Espinosa. ¿Los sueldos de sus directivos serán de dominio público? Lázaro ha pedido a los legisladores que no lo exijan, porque no tienen intención de hacerlos públicos. "Tratándose de personas privadas al servicio de entidades privadas que cobran sueldos privados, no se considera pertinente que las retribuciones de sus altos responsables sean expuestas públicamente", ha dicho con toda claridad. El representante de la CEOE se ha expresado con el máximo énfasis al pedir a los diputados que "no obstaculicen el funcionamiento de las 4.500 entidades que forman parte de la CEOE, algunas de ellas "muy pequeñas" y de un presupuesto anual que no supera los 100.000 euros. Dación de cuentas sobre los convenios de ayudas públicas, sí, pero "no tiene sentido que una entidad privada deba informar de la ejecución del presupuesto o auditar sus cuentas obligatoriamente". Las aportaciones privadas "no deben estar sujetas a los principios" de la futura ley, porque no tienen nada que ver con el sector público, ha insistido.

Para que los parlamentarios fueran conscientes de lo que quiere decir, el dirigente de la patronal ha puesto un ejemplo práctico: "Si unos empresarios del sector del metal deciden contratar a un ejecutivo muy caro que va a abrir las puertas a la internacionalización de esas empresas, no sé por qué tiene que estar dentro del marco de esta ley", ha preguntado.

Entre las recomendaciones, el representante de la patronal ha pedido que se mantengan los cursos de formación que han mejorado la cualificación de los trabajadores españoles. Si ha habido irregularidades o mal uso, han sido "minoritarios" y, por tanto, solo castigar al que "incumpla". Montero ha terminado como empezó: Legislen, pero "sin afectar a la productividad y competitividad de las empresas".