El fiscal ve riesgo de fuga de la expresidenta de Unió Mallorquina

El fiscal Juan Carrau ha pedido ante la Audiencia de Palma que la sala imponga medidas cautelares por posible riesgo de fuga a Maria Antonia Munar, expresidenta de Unió Mallorquina. Esta se enfrenta a la petición de seis años de cárcel y tiene una condena inicial por otros seis años. Munar ha cambiado de abogado para retrasar el juicio, tras alegar falta de confianza en el letrado. Este miércoles continuará la vista.

El nudo secreto con el que se ató un caso de supuesta corrupción política en Mallorca ha sido deshecho por dos protagonistas, el que pagó y el que cobró parte del cohecho. Entre Barcelona y Palma volaron cuatro millones de euros, en dos maletines, en dos ocasiones, uno pago previo de señal y otro la confirmación final. El gran patrón de la que fue una de las principales inmobiliarias españolas, Sacresa, Román Sanahuja Pons, asumió este martes por escrito ante la Audiencia de Palma que pagó un soborno de cuatro millones a dirigentes de Unió Mallorquina (UM). “El dinero fue solicitado y entregado al intermediario” en dos lugares públicos de Mallorca, asegura. Un político de UM, Tomeu Vicens, asumió haber cobrado 600.000 y retornó una parte de la comisión, 120.000 euros.

UM, que controlaba el Consell de Mallorca, ayudó a Sanahuja a lograr el que era un negocio apetitoso en 2005, en plena burbuja inmobiliaria: la construcción en can Domenge, en Palma, de un barrio nuevo con 600 viviendas, con proyecto de Jean Nouvel. Al frente del Consell estaba la entonces presidenta de UM, Maria Antònia Munar, con sus alfiles, Miquel Nadal y Tomeu Vicens.

Sacresa abonó al Consell 30 millones por el terreno de 46.000 metros cuadrados aunque otro competidor, José Luís Nuñez, ofertó el doble, 61 millones. La obra nunca se ejecutó, Sacresa entró en concurso y el solar, hipotecado, fue embargado y vendido a muy bajo precio en 2012, por siete millones.

Unió Mallorquina saltó por los aires en 2010 por sus reiterados escándalos y detenciones, tras dominar el poder y los negocios oficiales –en especial urbanismo y carreteras- a lo largo de dos décadas, desde 1983, tanto con el PP como con el PSOE y el PSM.

El caso de este solar de Can Domenge existe en los tribunales porque José Luís Núñez, expresidente del Barça, tras perder la partida de aquella operación –y por otras adversidades a causa de decisiones urbanísticas del UM- presentó una querella criminal contra los políticos al frente del Consell, UM y entonces el PP. Nuñez dijo que la política en Mallorca era “más o menos” como Marbella.

El inmobiliario y expresidente del Barça acusó al equipo de Munar y compañía de malversación de caudales públicos, prevaricación y fraude de la Administración. Anticorrupción se sumó a la línea abierta por la querella e impulsó la acción penal. Los fiscales, pese a sus esfuerzos con la policía, con numerosos registros, nunca pudieron obtener pistas ciertas y poder demostrar la corrupción que ahora confiesan el empresario y antes un político.

La dádiva de Sacresa se la repartió, en teoría, la antigua troika de UM, Maria Antònia Munar, Miquel Nadal y Tomeu Vicens. Los tres tomaron 600.000 euros cada uno, dos millones fueron para el partido y el resto para intermediarios, según el arrepentido Vicens, preso desde hace tres años.

El corrupto Tomeu Vicens –con dos condenas firmes por malversación- pactó semanas atrás con la fiscalía y desencadenó, directamente, la confesión de Román Sanahuja, que había efectuado en 2010 una confesión mínima, parcial, en la que detalló solo tráfico de información privilegiada, sin soborno. Ambos arrepentidos lograrán los beneficios de la colaboración con la justicia, penas mínimas de estancias en la cárcel.

Juicio contra Unió Mallorquina

Aquel episodio de corrupción asumida y confesa ha reventado a las puertas del juicio contra Unió Mallorquina en la Audiencia de Palma. Los principales imputados -Munar, Nadal y Miquel Angel Flaquer, otro político de UM- cargan con peticiones de seis años de cárcel por delitos de fraude a la Administración, revelación de secretos y prevaricación.

El delito de cohecho ahora apuntado no consta en la primera acusación, por lo que deberá ser instruido en una pieza nueva o agregado al sumario más adelante. Munar, descolocada por la delación de su mano derecha Vicens y después por Sanahuja, maniobró cambiando de abogado dos días antes para intentar retrasar la vista.

El dueño de Sacresa, en su declaración escrita, afirma desde el Consell le exigieron los cuatro millones para cambiar la decisión del jurado que valoró las ofertas por el solar. “Sacresa accedió a las exigencias”, escribe Román Sanahuja, que mandó a su hijo en avión y en un bar hizo dos entregas a un emisario comisionista de UM, Miquel Llinás, Cameta.

Sanahuja dice ignorar cómo se repartió la dádiva y asegura que era dinero propio de su compañía. “Reconozco el grave error cometido accediendo a pagar esa cantidad de dinero. Reitero mi arrepentimiento y deseo de cooperar con la Administración de Justicia”, concluye.

Representantes de Sacresa se vieron con la cúpula de UM para abordar el negocio en junio de 2005, ocho meses antes de anunciarse el concurso oficial. Sacresa formó una unión temporal de empresa (UTE) con un socio insular en minoría Ferrá Tur (que cobró 200.000 euros de la dádiva, según Tomeu Vicens). El letrado de Sacresa en Palma, Santiago Fiol (hermano del politico del PP, Francisco Fiol), también está imputado por revelar secretos del concurso.