El Superior de Valencia investigará si Camps y Barberá cometieron delito

El juez José Castro, que investiga el caso Nóos, ha remitido al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana la parte de la investigación que tiene que ver con la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y el expresidente valenciano, Francisco Camps. El magistrado se inhibe en favor de ese tribunal "única y exclusivamente" por la condición de aforados de los dos políticos valencianos, que son diputados autonómicos. En caso de que el tribunal no aceptara la competencia, señala el juez, él recuperaría automáticamente el caso respecto a los no aforados incluidos en la causa.

El juez pretende que el Tribunal Superior de Valencia examine las posibles responsabilidades penales de ambos y señala que remite pieza separada para, "la instrucción y, en su caso, fallo de los hechos". En este caso, Camps y Barberá podrían ser imputados por la adjudicación a dedo de varios contratos a favor del instituto que dirigían Iñaki Urdangarin, yerno del Rey, y su socio Diego Torres, por casi cuatro millones de euros entre 2004 y 2006. Se refiere a los dos Valencia Summit y a la organización de unos Juegos Europeos en dicha ciudad "y cualesquiera otros que, en conexión con aquellos, pudieran derivarse como acontecidos en el territorio de su competencia".

La declaración de Urdangarin ante el juez José Castro del pasado 23 de febrero colocó a los dos dirigentes del PP valenciano en situación similar a la del expresidente balear Jaume Matas, ya imputado en el caso Nóos por dar adjudicaciones a dedo.

Urdangarin admitió ante el juez que todos los contratos a dedo que logró de las Administraciones valencianas tuvieron su origen en sus entrevistas con Camps y Barberá, que asumieron sus propuestas y le adjudicaron esos proyectos sin concurso público alguno. Hasta ahora ambos han mantenido silencio sobre estos contratos adjudicados al Instituto del yerno del Rey

“Me reuní en Valencia con Francisco Camps. Había una idea sobre los Juegos Europeos y les explicamos lo que se podía hacer, si había una oportunidad para llevarlos a cabo, simplemente eso”, declaró Urdangarin. El duque de Palma aseguró que no recordaba las fechas de aquella decisión pero que, tras salir de la reunión con Camps, empezaron a trabajar en el proyecto de los Juegos Europeos. Este proyecto nunca se llevó a efecto, pero Nóos giró a la Comunidad Valenciana facturas por 382.000 euros por una serie de estudios para su realización. Según la investigación judicial, estos documentos preliminares valían mucho menos y de hecho, la Generalitat Valenciana llegó a devolver al instituto de Urdangarin más de 100 facturas por valor de dos millones de euros.

Urdangarin también relató al juez cómo presentó a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, su proyecto para organizar en esa ciudad un evento, el Valencia Summit. “Hubo reuniones en Valencia con la alcaldesa y con el señor Camps para explicarles el proyecto. En la alcaldía debió ser, o en una comida, no lo recuerdo ahora. Y con el señor Camps pues también en algún momento en su despacho o donde fuese. Les expusimos ideas para aprovechar que el evento deportivo, el America’s Cup tuviese el máximo rendimiento en Valencia (...) Le propusimos la creación de un foro de discusión donde personas multidisciplinares de distintos puntos de vista pudiesen aportar ideas, proyecto y experiencia sobre otros grandes eventos deportivos que habían existido en el mundo y que Valencia se pudiera nutrir de ese conocimiento y aplicarlo”, explicó Urdangarin. “En esas reuniones [con Camps y Barberá] se concretó la creación de un Valencia Summit, entiendo”, señaló.

Apremiado por el fiscal, el yerno del Rey acabó reconociendo que se puso a trabajar en la organización de los eventos antes incluso de que se firmase el convenio, algo que ocurrió mucho después de su reunión con Barberá y Camps, ambos del PP.

El juez Castro apuntaba en un auto del pasado 30 de enero, donde aceptaba la petición de fianza que había hecho la fiscalía, que los convenios firmados por el Gobierno valenciano con Nóos “no fueron otra cosa que la forma arbitraria de vestir el santo, con la única finalidad, y con total abuso de poder, de beneficiar al Instituto Nóos y en este caso al más ilustre de sus miembros, al señor Urdangarin”.

En ese auto, acusaba a la Comunidad Valenciana durante el mandato de Francisco Camps y al Ayuntamiento de Valencia, gobernado por Rita Barberá, de incurrir en “transgresiones palmarias” de la ley, y de prescindir “olímpicamente de tramitar ningún concurso público o negociado”, lo que les hacía merecedores “del más intenso reproche ético y jurídico en tanto estarían quebrantando el especial deber que sobre los mismos pesa en orden a la correcta gestión de los fondos públicos que les han sido confiados”. Ahora será el Tribunal Superior de Valencia el que decida si, además, les imputa a ambos en la causa.