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El fiscal pide cinco años de cárcel para los asaltantes del Parlamento de Cataluña

Los 20 procesados están acusados de delitos contra las instituciones del Estado y atentado

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Enfrentamientos entre los mossos y los manifestantes a las puertas del Parlament.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado una pena de cinco años y medio de cárcel y 7.500 euros de multa para cada uno de los 20 acusados del asedio al Parlament de Cataluña el 15 de junio de 2011 en las protestas contra los recortes de la Generalitat. El ministerio público acusa a los procesados de un delito contra las instituciones del Estado en “concurso ideal” con un delito de atentado contra la autoridad.

La fiscal, Teresa Sandoval, recuerda en su escrito que ese día cerca de un millar de personas ocuparon todas las entradas del Parlament de Cataluña con el objetivo de evitar que fueran franqueadas por los diputados que tenían que aprobar los Presupuestos autonómicos para ese año. Las cargas policiales para despejar y desbloquear el recinto parlamentario en torno al Parque de la Ciutadella de Barcelona se saldaron con 45 heridos y seis detenidos por atentado, resistencia y desobediencia a la autoridad.

Una decena de parlamentarios fueron rodeados, increpados e incluso golpeados por los manifestantes cuando trataban de acceder a pie al Parlament. El presidente de la Generalitat, Artur Mas, y la presidenta de la Cámara, Núria de Gispert, que no pudieron acceder al recinto en coche oficial, tuvieron que ser trasladados en helicóptero, al igual que otros 30 parlamentarios. La sesión tuvo que suspenderse durante media hora, mientras en la calle proseguían los disturbios.

La fiscal recuerda que la noche anterior a la sesión parlamentaria “personas desconocidas” pusieron gran cantidad de materiales de obra en las puertas de acceso al Parque de la Ciutadella para “impedir el acceso de los diputados al Parlamento”. Cuando llegaron los representantes públicos, los manifestantes más exaltados los recibieron con “empujones, golpes, lanzamiento de objetos e insultos”.

El escrito acusatorio va más allá del auto por el que el magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ordenó el procesamiento de los imputados. En su resolución, del pasado 3 de abril, Velasco solo mencionaba el delito contra las instituciones del Estado, penado con entre tres y cinco años de prisión.

La fiscal añade ahora el delito de atentado, para el que se prevé una pena de entre cuatro y seis años de cárcel y multa de seis a 12 meses. Al haberse producido los delitos en “concurso ideal” —figura legal que se da cuando un mismo hecho supone más de una infracción penal—, se debe aplicar la pena prevista para la infracción más grave “en su mitad superior”, de ahí la petición de cinco años y medio de cárcel y multa de 7.500 euros.

Entre los diputados que sufrieron un mayor acoso figuran la secretaria segunda del Parlament, la socialista Montserrat Tura, a quien un manifestante pintó una cruz con spray negro en la gabardina y el bolso; el independentista Alfons López Tena, al que un manifestante golpeó y empujó repetidamente y otro le sustrajo del bolsillo las llaves de su casa; o la convergente Ana Isabel Marcos, a la que arrojaron por encima “gran cantidad de una sustancia líquida”. Otro caso es el del convergente Josep Maria Llop, que al ser invidente iba al Parlament con su perro guía y del brazo del también diputado Jordi Turull. Gran número de manifestantes “les increparon y acorralaron mediante amenazas e insultos” para evitar que entraran al edificio.

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