Gallardón impone sin consenso el cambio radical del órgano de poder judicial

El programa electoral del PP abogaba por recuperar el consenso sobre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pero el Pleno del Congreso aprobó este jueves definitivamente el cambio de modelo de esta institución constitucional, sin más respaldo que el del PP. La nueva ley tiene además la oposición de casi todas las asociaciones de jueces, fiscales y otros colectivos judiciales, conservadores y progresistas. También ha sido cuestionada por el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo de Estado en sus informes preceptivos.

Pese a la trascendencia de la norma, que toca el nervio del desarrollo de la Constitución, no ha habido acuerdo y el PP ha rechazado sistemáticamente la práctica totalidad de las enmiendas del resto de grupos parlamentarios, que no comparten el modelo impulsado por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.

La nueva ley limita las funciones del Consejo, hace que siete de los 20 vocales actuales (entre ellos presidente y vicepresidente) tengan dedicación exclusiva, establece mecanismos para evitar bloqueos en su renovación si no hay acuerdo entre los dos grandes partidos y elimina las mayorías de bloqueo en los nombramientos que hace el organismo.

Para la oposición, la nueva ley supone “el mayor ataque a la independencia del poder judicial”. Tanto, que el portavoz del PSOE, Julio Villarrubia, anunció que llevarán la ley al Tribunal Constitucional. Emilio Olabarría (PNV), Gaspar Llamazares (IU) y Rosa Díez (UPyD) coincidieron en que se facilita el control del Poder Judicial por parte del PP. Según explican, si no hay acuerdo en el Congreso, el Senado puede llevar a cabo su renovación con una mayoría que ya tiene el PP.

Los populares podrán renovar en septiembre la parte que corresponde al Senado solo con sus votos. Y, a su vez, el nuevo Consejo podrá aprobar los nombramientos judiciales, como por ejemplo los de los magistrados del Supremo, solo con la previsible mayoría conservadora.

Rosa Díez, además, criticó duramente la norma porque el PP ha renunciado a su reivindicación histórica de eliminar la elección parlamentaria de una parte del Consejo. Hace poco más de un año y ya como ministro de Justicia, el propio Gallardón explicó en el Congreso que la Constitución no prevé la elección solo parlamentaria, pero ahora obvia esa posición en la ley que inicia el trámite en el Senado. Es decir, se pasa de la elección parlamentaria consensuada a la posible elección en las Cortes sin necesidad de acuerdo.

El Gobierno asegura que intentó lograr acuerdos y se remite a dos reuniones con el PSOE, una de ellas entre Gallardón y Alfredo Pérez Rubalcaba, en presencia del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo, Gonzalo Moliner. Por eso, José Miguel Castillo Calvín, portavoz del PP, lamentó que la oposición haya rechazado “la mano tendida del ministro”. Gallardón, en cualquier caso, no acudió este jueves al debate, y se presentó al final para la votación, pese a que no tenía actos oficiales a esa hora en su agenda. No pudo escuchar expresiones como “atraco”, “ocupación política”, “debilitamiento”, “corrupción”, “mentiroso compulsivo” y “cambio que rompe todas las reglas del juego”, que distintos portavoces les dirigieron a él y a su ley.