La oposición denuncia “el mayor ataque a la independencia del poder judicial”

Su ausencia no le ha librado de ser mencionado repetidamente y no precisamente para bien. La reforma de la ley que regula las funciones y composición del Consejo General del Poder Judicial, CGPJ, ha sido aprobada por el Pleno del Congreso sin la presencia del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, al que la oposición ha acusado de “perpetrar el mayor ataque a la independencia judicial de la democracia”. Toda la oposición ha denunciado que el consejo queda supeditado a los designios del Gobierno.

La ley pasará ahora al Senado pero el PSOE ya ha anunciado que recurrirá la ley ante el Tribunal Constitucional, iniciativa a la que algunos grupos, como UPyD, se quieren sumar. A partir de su aprobación ese órgano tendrá menos competencias, menos poder y menor representación por cuanto que solo seis de sus 20 miembros tendrán dedicación exclusiva. En solitario, pero con la mayoría parlamentaria detrás, el portavoz del Grupo Popular de Justicia, José Miguel Castillo, ha defendido las bondades del nuevo Consejo: “Más plural, más competitivo, más eficaz”. Todos los actores judiciales y todas las asociaciones se oponen a esta regulación.

Casi se agotan los adjetivos y las diatribas contra ley, pero los portavoces se han esforzado en manifestar de la forma más expresiva posible su rechazo a esta reforma que da la vuelta a la regulación del órgano de los jueces. La portavoz de UPyD, Rosa Díez, ha pasado de los argumentos jurídicos, a los políticos y a los personales. “Es paradójico que este atraco a la independencia del Poder Judicial lo ha perpetrado el Notario Mayor del Reino, que es el cargo que tiene el ministro de Justicia, junto al registrador de Santa Pola”, en referencia al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en excedencia de ese cuerpo y de esa plaza.

La contumacia de los portavoces de la oposición se ha puesto de manifiesto al insistir en este pleno en la defensa de las enmiendas que el Grupo Popular rechazó el pasado 29 de abril en la fase de comisión. Al final, la derrota. “Concluye hoy un golpe sin parangón al Poder Judicial; un cambio que rompe todas las reglas del juego; no creíamos que pudieran ir tan lejos en la ocupación del poder judicial y en el ataque sin precedentes a su independencia”. Así se ha expresado el portavoz socialista, Julio Villarrubia.

En el rechazo hay temas comunes a todos los portavoces y otros específicos. Todos comparten la consternación por haber reducido a seis, de los 20 consejeros, los vocales que tendrán dedicación exclusiva. “El Gobierno habrá pensado que es más fácil controlar seis que 20”, ha señalado el portavoz del PNV, Emilio Olabarría, que años atrás fue miembro de ese órgano de gobierno de los jueces. Los portavoces consideran “inédito” que los consejeros se dediquen a esta función “a ratos” y que simultaneen sus trabajos de abogados, procuradores o jueces, con el de consejero que lleva implícita potestades disciplinarias sobre otros jueces y magistrados de los que conocerán los asuntos en los que trabajan. Quedan reducidos “los instrumentos” con lo que cuenta ahora el Consejo para garantizar la independencia de los jueces, según han reiterado los portavoces una línea muy similar a las quejas de los jueces incardinados en todas las asociaciones profesionales.

La primera sorpresa de las asociaciones vino por la marcha atrás del Gobierno al prescindir de la promesa electoral del PP, según la cual, se comprometía a prescindir del Parlamento para elegir a los vocales del CGPJ, de manera que todo quedaría en manos de los profesionales. El Parlamento mantiene su cuota, pero otro motivo de la oposición para manifestar su escándalo es que la parte que se elige en el Senado requerirá los tres quintos de la Cámara Alta. En la actual legislatura esa mayoría la tiene por sí solo el PP y la próxima renovación está prevista para el mes de septiembre por lo que ya estará en vigor esta nueva norma, como ha denunciado el socialista Julio Villarrubia.

Hubo un grupo, CiU, que empezó la tramitación con la esperanza de consensuar con el Gobierno esta reforma, como ha reconocido la diputada Montserrat Surroca. “No han permitido consensuar nada relevante”, se ha lamentado. Esta portavoz, junto a Olabarría del PNV y Joan Tardá de ERC, lamentan que en esta reforma no se desarrollen los consejos autonómicos, como figuran en algunos estatutos de autonomía.

De promesas incumplidas por el ministro se ha explayado el diputado de Izquierda Plural Gaspar Llamazares, muy duro con el ministro. Este diputado, como el resto de los intervinientes, miraba al banco azul, destinado para los ministros, y se refería al titular de Justicia ausente. “El señor ministro es un mentiroso compulsivo; mintió cuando dijo que tenía voluntad de consenso cuando solo ha consentido el onanismo parlamentario del PP que ha consistido en que solo han aprobado sus propias enmiendas, se ha autoenmendado”. Ese “onanismo” lo extiende Llamazares a la mayoría que requiere el nombramiento de los consejeros de suerte que “todo se lo queda el PP, constituyendo el Consejo General del Poder Judicial del PP”.

Con contención ha sobrellevado el portavoz del Grupo Popular, José Miguel Castillo, las diatribas de la oposición, que ha dedicado pocos minutos a defender los principios de la ley pero sin responder a los reproches concretos de la oposición. Tampoco este portavoz ha respondido a los requerimientos del diputado de Izquierda Plural, Gaspar Llamazares, a la inclusión en la ley del “octavo pasajero”. Sin aparente relación, el Gobierno ha incluido en esta ley una modificación de dos artículos de la Ley de Extranjería por la que el Gobierno puede expulsar del país a personas que tengan reconocida la condición de refugiado incluso aunque tengan en orden su permiso de residencia. “Cualquier kurdo que esté en este país debe saber que puede acabar en manos del gobierno turco, contraviniendo todas las normas de la Convención de Viena sobre refugiados y leyes de protección internacional”. Las organizaciones de ayuda al refugiado y de derechos humanos han puesto el grito en el cielo por esta regulación que el PP asegura responder simplemente a la transposición de una directiva europea.