El juez Castro: “Sigo pensando lo que puse en mi resolución”

"Sigo pensando lo que puse en mi resolución", ha afirmado el juez del caso Nóos, José Castro, al día siguiente de que la Audiencia de Palma dejara sin efecto su citación de la infanta Cristinapara declarar como imputada en esta causa. En declaraciones a la prensa al salir del Juzgado, Castro ha asegurado que él ya dio su opinión sobre este asunto, en referencia al auto que dictó el pasado 3 de abril, en el que citó a la infanta a declarar como imputada. Ahora esperará a que la Agencia Tributaria profundice en sus informes pendientes y reclamará más concreciones sobre los posibles delitos fiscales de los duques de Palma.

 "Mi opinión ya la manifesté en mi resolución y me mantengo en ella", ha manifestado el juez, que también ha afirmado que la instrucción continuará. En el auto en el que imputó a la infanta, Castro señalaba que apreciaba indicios de que doña Cristina pudo consentir que su parentesco con el rey Juan Carlos fuera utilizado por su marido, Iñaki Urdangarin y su socio, Diego Torres, en las actividades de Nóos, lo que podría constituir un supuesto de "cooperación necesaria" o "complicidad" en los delitos presuntamente cometidos.

Esta mañana, ha visitado brevemente al juez el abogado Jaume Riutord, uno de los letrados que forman el equipo que defiende a la infanta Cristina junto a Miquel Roca y Jesús María Silva, que ha declarado que se trataba de una visita profesional.

Para culminar el caso, ya con 34 tomos y más de 42.000 folios, falta además la documentación de las autoridades suizas sobre los fondos opacos de la trama y, además, recabar el análisis final acerca de la red de empresas ligadas al Instituto Nóos. El fiscal y el juez solicitaron este dossier para atribuir las responsabilidades a propietarios y administradores reales de la malla de empresas, en el llamado sistema del “alzamiento del velo” que realiza desde hace meses Hacienda desde Barcelona.

El juez Castro actuará según las pautas indicadas por la Audiencia, pero vindicará su marco de libertad en el ámbito de la instrucción. La Audiencia le fijó hitos para indagar la existencia de un posible delito fiscal y otro de blanqueo de capitales por parte de la hija del Rey y su esposo a través de los fondos de la compañía familiar Aizóon. Al tiempo, le emplazó a aclarar a través de la Agencia Tributaria “las incertidumbres y dudas” y decidir si procede a actuar contra la Infanta. La sala le advirtió para que cierre y decida sobre ella porque “no resulta posible ni aceptable investigarla indefinidamente”.

La sección segunda de la Audiencia de Palma anuló la citación de la infanta, instó al juez instructor a que reclame a la defensa de Torres que aporte en un plazo concreto todos los correos electrónicos con información relevante para la investigación, y a que los examine y se pronuncie "definitivamente sobre el archivo parcial de la investigación respecto de la infanta".

También sobre el presunto delito contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales, el tribunal suspendió de momento la imputación de doña Cristina y la condicionó a que se aporten más indagaciones de las que "podrían derivarse indicios de delito respecto de la infanta".

La sala pidió a Castro que solicite a la Agencia Tributaria, por escrito o mediante comparecencia de los autores del informe que llevó a la imputación del delito fiscal, que aclare "las incertidumbres y dudas" que suscita y que decida si mantiene o no las imputaciones y "si por ello procede citar en calidad de imputada a la infanta".