El juez defiende la investigación a la esposa del exministro Blanco

El juez instructor del caso Campeón en el Tribunal Supremo, José Ramón Soriano, ha rechazado dos recursos de reforma de la defensa del exministro socialista José Blanco, imputado en el caso, contra dos providencias del magistrado en las que aceptaba admitir nuevas pruebas documentales. El letrado de Blanco argumentó que las nuevas diligencias de investigación ordenadas eran "prospectivas" y que se habían dictado contra una persona no imputada en la causa: la esposa del exministro, Ana María Mourenza (sobre la que se pidieron datos de sus cuentas corrientes). Soriano defiende la petición y señala que se debe despejar "la existencia de todo elemento inculpatorio".

El auto, de 8 de abril y hecho público esta mañana, asegura que no puede calificarse de "diligencia prospectiva el examen de las cuentas de la esposa del aforado José Blanco". "No se investiga a una persona distinta, sino a la esposa del imputado en aspectos económicos, habida cuenta de que se halla casada en régimen de sociedad de gananciales con aquél", prosigue el magistrado. "Además, la investigación se ciñe a los movimientos bancarios de cinco cuentas de las que son cotitulares el Sr. Blanco y su esposa. De todo ello se colige que no se han investigado hechos fuera del contexto formal o material del contenido de la causa".

El juez Soriano defiende la actuación de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional y señala que "calificar de inútiles las concretas diligencias ordenadas [como había hecho la defensa de Blanco] constituye una opinión valorativa, imparcial e interesada, y además prematura, en tanto pretende anticipar un resultado que solo podrá conocerse una vez se hayan practicado estas". Asegura que las diligencias policiales "se hallan en la línea de la investigación del hecho en trance de agotar la práctica de diligencia con inicial virtualidad esclarecedora"

Soriano afirma también que en la causa existen datos para entender "que la casa de Madrid" de Blanco "en alguna medida se la debía a su amigo Orozco, lo que daba pie para investigar si existían recursos económicos que no procedieran de sueldos, percepciones o ingresos legítimos del aforado, todo ello dentro de la investigación del delito de cohecho impropio por percepciones de cantidades dinerarias en consideración a su cargo".

La fiscalía sostiene que Blanco cometió tráfico de influencias para que el empresario José Antonio Orozco, amigo suyo, se ahorrase entre 150.000 y 500.000 euros en la obra de una nave junto al aeropuerto del Prat. La causa contra Blanco se inició hace 15 meses por el supuesto pago por parte de un empresario, imputado por corrupción, de 200.000 euros en billetes de 500 a cambio de que le agilizase una licencia y una subvención que nunca se concedieron.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo asumió la investigación contra el exministro socialista José Blanco en diciembre de 2011. El empresario Jorge Dorribo, imputado en el caso Campeón —instruido en Lugo— por fraude de subvenciones públicas, le había acusado de cobrar más de 200.000 euros por una gestión ante el Ministerio de Economía y por agilizar una licencia para comercializar medicamentos unidosis que debía conceder el Ministerio de Sanidad en favor de su empresa, Laboratorios Nupel. El Supremo se hacía cargo de la parte relativa a Blanco por tratarse de un diputado y, por tanto, aforado.

Un año y tres meses después, el pasado marzo, el fiscal pidió al juez instructor que tramitara el suplicatorio (la petición al Congreso para proceder contra una persona que tiene inmunidad parlamentaria) para que a Blanco se le pueda imputar formalmente y, eventualmente, pueda ser juzgado. A pesar de que Blanco declaró como imputado en el procedimiento en enero de 2012, no se había tramitado el suplicatorio porque el exministro solicitó en su día declarar voluntariamente.

En los autos hechos públicos hoy, el juez Soriano señala que "las imprecisiones" del denunciante Dorribo (que ha mentido reiteradas veces a lo largo del procedimiento) "no indican que todo lo declarado por este sea falso", y que a ello se une "la anomalía de la parada del Sr. Ministro en el área de servicio de la gasolinera de Guitiriz para recoger al Sr. Dorribo". "En suma, está dentro de las posibilidades de investigación determinar cualquier incremento patrimonial llamativo o anómalo, que no resulta justificado, como dato indiciario de la percepción del dinero que se dice recibido por el aforado".

Soriano rechaza también el recurso contra la nueva transcripción de las conversaciones telefónicas entre Blanco y el empresario Orozco porque considera que no producen indefensión en el imputado, "ya que el cotejo de las transcripciones son elementos instrumentales que facilitan el acceso al contenido de las conversaciones" y señala que la defensa ha tenido acceso a las mismas.