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La oposición tacha de “ocupación del poder judicial” la reforma del PP

Los populares introducen enmiendas que permiten expulsar a los refugiados legales

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, durante un acto en Mallorca el pasado 27 de abril. EFE

Sin pausa sigue adelante la reforma del Consejo General del Poder Judicial con los votos exclusivos del Partido Popular. La Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados ha aprobado el dictamen de la ley que será avalada el próximo jueves en el Pleno del Congreso y de allí, camino del Senado. ¿Qué ha pasado para que hayan quedado en nada las promesas de pacto y de diálogo del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón?. Esta pregunta se la hacían los diputados del PSOE, CiU, PNV, UPyD, ERC y miembros del grupo mixto. Algunos sí mantuvieron una reunión con el ministro, por ejemplo, los socialistas, con los diputados portavoces de esta área Julio Villarrubia y Antonio Camacho, al día siguiente del pleno de hace diez días. “Las líneas rojas de los socialistas eran insalvables”, señalan en el Grupo Popular. “No querían pactar nada, han decidido claramente ocupar el poder judicial con una reforma en la que manda el Gobierno”, señalan los socialistas. Todos los portavoces se han explayado en calificativos muy duros contra Gallardón por “la ocupación sin precedentes del poder judicial” y por “ignorar al Parlamento”. Los diputados de la oposición han asistido, según sus palabras, “a un atropello institucional”. El enfado en esta comisión se coronó, además, por la inclusión del PP en esta reforma del CGPJ de dos enmiendas por la que se modifica la ley de extranjería que permite la expulsión de extranjeros en situación de refugiados.

A pesar de que el Grupo Popular ha incumplido su programa electoral en cuanto a que pondría fin a la elección parlamentaria de los miembros del órgano de gobierno de los jueces, la fórmula escogida les hace dueños y señores del poder judicial. De los 20 vocales, solo seis tendrán dedicación exclusiva y, por tanto, sueldo, en tanto que los demás cobrarán por dietas pero para vivir tendrán que tener su propio trabajo. Esto ya le parece mal a todos los portavoces que no ven adecuado que los miembros del Consejo solo lo sean por un “ratito, cuando puedan”, como señala la oposición. Esto supone una auténtica “degradación institucional”, ha opinado el diputado del PNV Emilio Olabarría, que años atrás fue miembro de ese consejo. “Resulta curioso que el gobierno limite el poder judicial y sus competencias en un momento en el que los jueces han empezado a refutar algunas de las políticas gubernamentales”.

La fórmula escogida convierte a los populares en dueños y señores del poder judicial

"Es una ley con una orientación autócrata y resulta una auténtica ocupación del poder judicial”, ha denunciado el portavoz socialista Julio Villarrubia, para quien el paradigma de esta ocupación se traduce en que el Senado debe elegir a los vocales con los tres quintos de los votos, en coincidencia, con la mayoría de la que ahora goza el PP. Con esa mayoría los populares se reservan la potestad de elegir solo con sus votos a todos los nombramientos de los distintos tribunales. “Cuando gobierna el PSOE lo bloquean y no hay nombramientos y cuando gana el PP hacen una ley acorde a su medida”, señalaban fuentes socialistas al terminar la reunión de la comisión en la que todos los grupos se manifestaron en contra del proyecto.

El PP ha introducido dos enmiendas por las que se modifica la ley de extranjería de manera que los ciudadanos extranjeros en situación de estancia legal en España y con el estatus de refugiado, pueden ser expulsados. “¿Qué tiene que ver la reforma del Consejo General del Poder Judicial con la ley de Extranjería?”. Esta pregunta la ha hecho Joan Tardá de ERC, Gaspar Llamazares de Izquierda Plural; Emilio Olabarría del PNV y Montserrat Surroca de CiU. No hubo respuesta a estas acusaciones y petición de explicaciones por parte de la diputada Sara Trallero. Silencio absoluto aunque en pasillos se decía que se trata simplemente de la trasposición de una directiva europea que permite la expulsión de los refugiados si se considera que “supone un peligro para la seguridad nacional”. ¿A qué viene empotrar estas enmiendas de la ley de extranjería, ajenas al Poder Judicial?, se ha preguntado Llamazares de Izquierda Plural. Este parlamentario ironizó sobre el significado profundo del concepto de consenso para el PP. “Va a ser como cuando se dice que viene el lobo; cuando venga el consenso no lo vamos a reconocer”.