Los juzgados tramitan 1.661 causas de corrupción política o financiera

El presidente del Consejo del Poder Judicial, Gonzalo Moliner, dio cuenta este jueves al Pleno del órgano de gobierno de los jueces de un informe que entiende que hay que dotar con 64 jueces de apoyo, 18 secretarios y 150 funcionarios a algunos de los 798 juzgados que tramitan en este momento en España causas de corrupción política y/o financiera o macroprocesos. Por encargo de Moliner, que también preside el Tribunal Supremo, los servicios de inspección del Poder Judicial han elaborado un estudio sobre los juzgados que investigan causas de especial complejidad.

El informe ha detectado que 798 juzgados y tribunales acumulan un total de 2.173 procedimientos “de especial complejidad”. De ellos, 1.661 son, en concreto, “causas de corrupción política o financiera”. Y otras 512 (la diferencia), “macroprocesos”, según explicó la portavoz del Consejo, Gabriela Bravo. Durante una hora, varios vocales debatieron si tales datos debían hacerse públicos o si el Pleno debía asumirlos. Moliner replicó que, en el ejercicio de sus funciones, había decidido darles cuenta del citado informe, y les recordó que el estudio forma parte de un compromiso suyo con la sociedad para evitar que cunda la percepción de que algunas causas quedan impunes por falta de medios.

Ya el pasado 24 de febrero, Moliner anunció al Pleno que iba a requerir a los presidentes de los tribunales superiores que le enviasen informes sobre la situación de los juzgados de sus comunidades. Y casi todos ellos lo hicieron. Pero, ante la sorpresa del Consejo, la inmensa mayoría de los informes describían un panorama de normalidad y solo unos pocos concluían pidiendo refuerzos para jueces con causas complejas. Escéptico, Moliner encomendó entonces esa tarea a los servicios de inspección.

El informe de los inspectores, aun sin concluir, arroja un primer balance que revela que los juzgados y tribunales españoles tramitan en la actualidad 2.173 causas de especial complejidad de las que 1.661 de ellas son por delitos de prevaricación, cohecho, revelación de secretos, tráfico de influencias, malversaciones, negociaciones prohibidas a funcionarios, blanqueo de capitales, apropiación indebida, fraude, estafa, falsedad documental y delitos contra el patrimonio histórico y contra el medio ambiente. El informe no especifica en cuantas de esas causas hay incursos políticos y excluye los asuntos que se tramitan en el Tribunal Supremo. Lo que sí indica es que, de esas 2.173 causas especialmente complejas, 512 han devenido en megaprocesos que también pueden precisar ayuda y que son ajenos a lo que se cataloga como corrupción política y/o financiera: por ejemplo el Madrid Arena.

Al llevar causas de índole supraprovincial, es la Audiencia Nacional la que, porcentualmente, tramita más causas de corrupción o complejas. En total 91, de las que 14 son por corrupción o afectan a la gestión de intereses públicos y privados, explicó la portavoz. Por comunidades, es Andalucía la que tiene más megacausa, 656. Los juzgados de Valencia acumulan, por su lado, 280; los de Madrid, 181, los de Cataluña, 215; Canarias, 197, y Galicia, 110, según el citado informe. Uno de los aspectos que destaca el estudio es la necesidad de instar a determinados organismos públicos —entre ellos, la Agencia Tributaria y las unidades policiales de la UDEF y la UDYCO— para que "agilicen" los informes que les reclaman los jueces. Sostiene que en determinados casos es la tardanza en elaborar estos informes lo que demora las pesquisas. Para la Audiencia Nacional se reclama una unidad pericial adscrita a sus juzgados centrales.

La tabla muestra la distribución de las causas, según el informe presentado por Moliner.