Medio millar de juristas piden al PP que rectifique la reforma hipotecaria

Abogados, jueces, secretarios judiciales, notarios, catedráticos de Derecho, procuradores, fiscales, funcionarios de la Administración de justicia... Más de 500 juristas se han adherido a un manifiesto presentado ayer en el Consejo General de la Abogacía en el que piden al Gobierno del PP que reconsidere el proyecto de ley sobre los desahucios que se está tramitando en el Senado. Demandan, fundamentalmente, que se establezca una dación en pago más amplia que la que recoge el actual proyecto, que se paralicen todos los procedimientos de ejecución hipotecaria hasta comprobar que los contratos de préstamo hipotecario que los sustentan no contienen cláusulas abusivas, y una regulación del alquiler social.

“Ante la inacción del legislador, el mundo jurídico ha ido reaccionando”, dijo Martí Batllori, de la plataforma Juristas por la ILP (Iniciativa Legislativa Popular), en la presentación de la Declaración del mundo jurídico ante la realidad de los desahucios. “Es necesario que se cambie la regulación de forma inmediata porque la norma que se tramita sigue perpetuando el problema. Las medidas que recoge la iniciativa legislativa popular son jurídicamente posibles y económicamente necesarias para que este país deje de ser una isla y no se convierta en un paraíso para las entidades financieras. Queremos una ley que se ajuste a los estándares europeos. En España existe una anomalía jurídica”, concluyó.

“Ante la inacción del legislador, el mundo jurídico ha ido reaccionando”

Intereses de demora, vencimientos anticipados, dación en pago... Algunas de las diferencias con respecto a otros países fueron después desglosadas por José María Miquel, catedrático de Derecho Civil de la Universidad Autónoma de Madrid. En Alemania, por ejemplo, según explicó, se exige que el incumplimiento sea de al menos un 10% respecto al total que se debe (por ejemplo, que se hayan dejado de pagar 20.000 euros si se pidieron 200.000 al banco) para que el banco pueda entender que la obligación ha vencido anticipadamente. “Que en vez de una cuota impagada, la nueva ley prevea tres mensualidades para el vencimiento anticipado es insuficiente”, indicó.

Otra diferencia la explicó el juez José María Fernández Seijo, que fue quien llevó ante el Tribunal de la UE el caso que logró que Luxemburgo dictamine como contrario al derecho comunitario que pueda decretarse un desalojo antes de verificar que en ese préstamo hipotecario no había cláusulas abusivas. En Alemania, recalcó, no se hace un lanzamiento hasta que no se tiene la certeza de que la casa va a ser ocupada por otra persona. “Aquí, sin embargo, los pisos a veces permanecen vacíos durante años”, señaló.

En cuanto a los intereses de demora, el catedrático Miquel afirmó que en otros países no llegan ni al 4% mientras que el Gobierno quiere establecer un límite máximo de tres veces el interés legal del dinero (lo que equivaldría, en estos momentos, al 12%).

Sobre la totalidad del proyecto, el juez Fernández Seijo lo calificó como una especie de “monstruo de Frankenstein” que mantiene todos los inconvenientes y junta códigos de buenas prácticas con leyes procesales. “Si queda así, nos va a costar mucho aplicarla y va a generar problemas muy graves”, opinó el magistrado.

“Estamos muy preocupados”, dijo la secretaria judicial Purificación Sáez. “Lo vivimos cada día de primera mano. La legitimidad del legislador emana del pueblo, y debería legislar para el pueblo, no para los bancos y mercados. Pero el proyecto que se está tramitando ha desvirtuado totalmente la iniciativa legislativa popular”.

Reclaman la dación en pago en más supuestos que los contemplados

“La situación para nosotros, que tenemos que aplicar estas medidas tan duras, es bochornosa”, añadió el funcionario de Justicia de Madrid Miguel García. El presidente del Consejo General de la Abogacía, Carlos Carnicer, ha pedido al Senado que rectifique la norma “con la voz de los juristas y del pueblo”.

Por otra parte, el Consejo General de la Abogacía y el Consejo de Trabajadores Sociales presentaron ayer al Gobierno sus Oficinas de Intermediación Hipotecaria, que atienden a familias en peligro de ser desahuciadas. La reunión —que han celebrado con Miguel Temboury, subsecretario del Ministerio de Economía— no dio los frutos esperados: financiación y la creación de un nuevo marco modelo para todo el país.

“El Gobierno no acaba de ver el encaje de nuestra propuesta”, cuenta Miquel Sàmper, decano del Colegio de Abogados de Terrassa, que abrió la primera Oficina de Intermediación. “No quieren que la intermediación sea obligatoria”, aporta Ana Lima, del Consejo de Trabajadores Sociales. “Nos ha remitido al FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria) por si a ellos les interesa nuestra propuesta”, informa Carmen Pérez-Lanzac.