El autoescrache

Escrachar: retratar, escribir, anotar.

(“El idioma del delito”, Antonio Dellepiane, Buenos Aires, 1894)

Esta vez, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, no ha tenido escapatoria. Al informar al fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, de que esa fiscalía debía acusar al que fuera jefe superior de Policía del País Vasco, comisario Enrique Pamiés, y al inspector de la Brigada de Información de Vitoria, José María Ballesteros, por colaboración con banda armada (es decir con ETA), se encontró con una clara negativa.

Durante todo el procedimiento del llamado caso Faisán, que dura alrededor de cinco años, la Fiscalía de la Audiencia Nacional sostuvo que el único delito podía ser el de revelación de secretos. Aunque sus argumentos son de naturaleza jurídica sobre los ingredientes del tipo delictivo, lo que ha venido a sostener estos años es que consideraba completamente fuera de lugar acusar de colaborar con ETA a uno de los hombres que quizá haya contribuido más a su derrota.

Para el Partido Popular, el caso Faisán fue siempre un caso contra el PSOE, como un segundo GAL. En este caso, la nueva equis, el nombre de la persona que estaba detrás del chivatazo, llevaba el nombre del ministro del Interior que había asumido el cargo poco antes de los hechos ocurridos en el bar de Irún el 4 de mayo de 2006: Alfredo Pérez Rubalcaba.

Mariano Rajoy fue quien anunció en Bilbao, el 24 de mayo de 2009, en el congreso provincial del PP en Vizcaya, que su partido había decidido personarse en el caso como acusación popular. Como era habitual, quien diseñaba la estrategia era el coordinador de justicia y libertades públicas del PP, Federico Trillo. El juez Baltasar Garzón, tras denegar la petición de personación por un defecto, la aceptó a finales de noviembre de 2009.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional no solo mantuvo su posición en sus escritos. Fue esa misma postura la que llevó a la vista de la sala de lo Penal en pleno convocada por el entonces presidente, Javier Gómez Bermúdez, en septiembre de 2011 para pronunciarse sobre el recurso al auto de procesamiento del juez Pablo Ruz. La sala por unanimidad lo revocó por falta de indicios racionales de criminalidad. El juez reanudó la investigación y más tarde acusó a dos policías, Pamiés y Ballesteros, y dejó fuera al director general de la Policía en el momento de los hechos, Víctor García Hidalgo. Por esta trayectoria de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, y porque así lo cree jurídicamente, esta no se plegó a calificar los hechos como colaboración con ETA. Para este tipo de desacuerdos, muy inusuales para decir lo menos, está previsto el artículo 25 del estatuto del ministerio fiscal. El fiscal general del Estado ordena por escrito y los fiscales inferiores cumplen. Estos no han considerado ilegal la calificación porque Torres-Dulce invoca una reciente y oportuna sentencia del Tribunal Supremo. Si así lo hubiesen estimado, el artículo a invocar hubiera sido el número 27.

Para el PP, el 'caso Faisán' fue como un segundo GAL contra el PSOE

Hasta ahora Torres-Dulce había intentado eludir definiciones tan tajantes como esta orden. En el caso del fiscal superior de Cataluña, Martín Rodríguez Sol, nombrado por Torres-Dulce, desautorizó las diligencias abiertas por aquel contra el diario El Mundo, en los días previos a las elecciones del 25 de noviembre pasado. Pero más tarde, a raíz de las declaraciones de Rodríguez Sol sobre el referéndum en Cataluña tuvo que sacar el hacha. No cortó su cabeza violentamente porque Rodríguez Sol, buen colega y amigo, presentó su dimisión.

Otro problema se presentó en el caso Gürtel-Bárcenas. La Fiscalía General del Estado inició diligencias sobre los llamados papeles de Bárcenas, la presunta contabilidad manuscrita que llevaba el extesorero nacional del PP, Luis Bárcenas. En el camino, la Fiscalía instó a la Fiscalía Anticorrupción a oponerse a que esos papeles se incorporaran al caso Gürtel, como proponía la acusación popular del partido Socialista de Valencia, que investigaba el juez Ruz. El PP también se opuso a ello. Solo cuando el juez Gómez Bermúdez admitió a trámite una querella de Izquierda Unida sobre el asunto, la Fiscalía Anticorrupción y la acusación popular del PP cambiaron de opinión y pidieron que se investigara por parte del juez Ruz.

Esta conducta, que supuso un desgaste para el PP, llevó a ciertos altos cargos del Gobierno a cuestionar la estrategia de la Fiscalía. Finalmente, cuando la defensa de Bárcenas urdió el plan para que el extesorero declarara ante los dos jueces —Ruz y Gómez Bermúdez— el mismo día, viernes 22 de marzo de 2013, Torres-Dulce tuvo que apoyar una operación, completamente inédita, para que la sección segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional prohibiese la declaración de Bárcenas ante Gómez Bermúdez cuando todavía estaba pendiente dirimir qué juez se hacía cargo de la causa. Precisamente, un factor de “compensación”, según ciertas fuentes judiciales, fue la ambigüedad calculada del fiscal general del Estado en el caso del exministro y diputado José Blanco. El 14 de febrero, cuando el diario El Mundo adelantó que la Fiscalía, caído el montaje de cohecho por el empresario gallego Jorge Dorribo, iba a acusar a Blanco por tráfico de influencias, Torres-Dulce acudía a un pleno del Consejo de Estado. En un diálogo con el expresidente del Senado Juan José Laborda en la biblioteca del Consejo, antes de comenzar el pleno, Torres-Dulce ante preguntas, explicó que los fiscales suelen pedir la acusación anticipándose a la junta de fiscales de sala. Si esta acepta la acusación, eso supone que el fiscal ha ganado un punto. Y si, finalmente, la respuesta es negativa, el fiscal que ha tenido la iniciativa queda bien de todos modos. Pero en esa ocasión, Torres-Dulce también habló espontáneamente con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Según le dijo, no creía que hubiera materia para acusar a José Blanco.

El Gobierno careció de información previa sobre la imputación de la Infanta

Torres-Dulce no convocó formalmente a la junta de fiscales de sala. En cambio, mantuvo una reunión antes del 1 de marzo pasado con el entonces teniente fiscal del Tribunal Supremo, Juan José Martín Casallo, y cuatro fiscales de la sala de lo Penal: Pilar Fernández Valcárcel, Antolín Herrero, Juan Ignacio Campos y Luis Navajas. Fuentes consultadas aseguran que el teniente fiscal se opuso a la acusación por falta de mérito de las pruebas. Los demás, dijeron las fuentes, se dividieron entre quienes con mayor o menor entusiasmo apoyaron la acusación. Una segunda reunión posterior, tras la jubilación de Martín Casallo, que ha pasado a ser fiscal de sala emérito, volvió sobre el asunto. “Todos estaban más pendientes ahora de quien sustituirá a Martín Casallo”, explicó una fuente. La acusación contra Blanco salió adelante. Torres-Dulce, en privado, sostiene que no ve realmente materia para la acusación, pero que el fiscal Manuel Dolz, encargado del asunto, se ha empecinado en la misma.

Pero esta “compensación” —caso Blanco por caso Bárcenas— no ha impedido los roces con el Gobierno, que según fuentes judiciales, sostiene que la Fiscalía no cayó en la cuenta de que el juez Castro podía, finalmente, imputar a la infanta Cristina en el caso Nóos.

El Gobierno careció de información previa sobre ese posible desenlace y, por tanto, no pudo ilustrar debidamente a la Casa del Rey con cierta antelación, como sí había ocurrido con ocasión de la convocatoria de Iñaki Urdangarin como imputado, a finales de 2011, momento en el que se pudo diseñar una estrategia de comunicación por parte del Palacio de la Zarzuela.

El caso Faisán ha terminado, pues, por colocar a Torres-Dulce ante el espejo de la realidad. Cualquier independencia de la Fiscalía General del Estado respecto del Gobierno del PP es pura coincidencia. He aquí un autoescrache en toda regla.