Margallo recibe quejas de sirios por la pasividad ante El Asad

“Me han dicho que tenemos que ayudarles porque no hemos sido capaces de acabar con Bachar El Asad y ahora la responsabilidad de ocuparnos de ellos es nuestra, de toda la comunidad internacional”. El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García-Margallo, tuvo que escuchar ayer tarde reproches en su visita al campo de refugiados de Zaatary, a unos 60 kilómetros de Ammán (Jordania). Los dos años que se prolonga ya el desigual combate entre el régimen de Damasco y los rebeldes han arrojado oleadas de miles de refugiados a los países vecinos. Y el flujo no cesa. Unos 2.000 sirios cruzan cada día la frontera jordana.

Zaatary es una bomba de relojería. En solo nueve meses se ha levantado, en medio de un erial, la cuarta ciudad de Jordania, con más de 100.000 habitantes. Hace falta de todo: agua, electricidad, sanidad y escuelas. Más de 500 camiones acarrean 3,5 millones de litros de agua potable al día, centenares de enfermos con dolencias crónicas deben ser llevados a hospitales jordanos para recibir tratamiento, hay que procurar hogar a los menores que llegan solos e impartir clases a una población infantil que supera el 50% del total. La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) se hizo cargo hace un mes y medio de la gestión del campo para intentar poner algo de orden en el caos, pero las arcas de las agencias humanitarias, ante la cicatería de los países donantes, que cumplen sus promesas de financiación a cuentagotas, están exhaustas.

Tras escuchar las explicaciones de sus responsables, Margallo se adentra en el campo: una extensión de nueve kilómetros cuadrados de tiendas de campaña y contenedores prefabricados. El paseo dura menos de media hora, bajo la atenta vigilancia de la policía. Hay tensión y temor a que se repitan los graves disturbios del pasado viernes, que dejaron 10 agentes heridos, dos de ellos muy graves.

Los refugiados acusan a la policía jordana de extorsionarles. No pueden salir del campo sin permiso y los agentes les exigen una mordida por hacer la vista gorda. No son los únicos que se aprovechan de su desesperación. Las mafias les cobran hasta 1.000 euros por montar uno de los quioscos donde se venden todo tipo de viandas y chucherías.

La mayoría quiere volver a su país, pero no sabe cuándo podrá hacerlo. “Se sienten abandonados”, reconoce Margallo. A veces, el precio de no hacer nada puede ser mayor que el de equivocarse.