“La corrupción es el ataque más devastador contra la democracia”

“Junto a la furiosa agresión del terrorismo, no hay forma más devastadora de ataque a la democracia y sus valores” que la corrupción, opinó este lunes Eduardo Torres-Dulce. El fiscal general del Estado pidió ante la Comisión de Justicia del Senado más medios “materiales y personales” para investigar lo que definió como una “lacra” que está “envenenando el funcionamiento de la economía de nuestro país, su imagen internacional, la integridad de las arcas públicas, la probidad en las relaciones comerciales y el cabal desempeño de las prerrogativas y funciones públicas”. El próximo informe de la Fiscalía General del Estado, aseguró, “girará fundamentalmente sobre la corrupción y delitos similares”. Para ello se han enviado ya a las fiscalías, afirmó, instrucciones para que orienten sus informes en este sentido.

La Fiscalía Anticorrupción, según los datos que ofreció este lunes Torres-Dulce —que aunque acudía al Senado a presentar la última memoria de la institución, con datos de 2011, dio también algunas cifras actualizadas—, intervino el año pasado en 290 procedimientos y participó en “numerosas causas referidas a cajas o entidades financieras en crisis”. Pero, a pesar de la gravedad del problema, los medios materiales y personales no son suficientes. La realidad fiscal y judicial no se ha acomodado a las necesidades que plantean centenares de procedimientos abiertos ante los tribunales.

La Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad organizada en Madrid, especializada en perseguir estos delitos, la conforman 16 fiscales que trabajan con cuatro inspectores de la Agencia Tributaria y tres de la Intervención General del Estado. Cuentan, además, con dos unidades de policía judicial y otros 15 fiscales delegados anticorrupción repartidos por otros territorios.

Pero Anticorrupción se enfrenta solo a una parte pequeña de los delitos de corrupción —los que recaen en la Audiencia Nacional, los que cuentan entre los investigados con algún político aforado o los especialmente complejos—. El resto de los casos los llevan las fiscalías ordinarias provinciales, que no cuentan con tantos medios a pesar de encargarse, más o menos, del 80% de ellos.

Si, como se prevé, el nuevo código procesal penal que proyecta el Ministerio de Justicia pasa la instrucción de los jueces a los fiscales, las necesidades de estos últimos serán mucho más imperiosas aún. Torres-Dulce afirmó este lunes que para que esta idea pueda llevarse a la práctica sería necesario que la Fiscalía contara con más efectivos, con unidades de policía judicial exclusivas y de expertos tributarios. Habló también de la necesidad de reforzar la autonomía de los fiscales. Esta última cuestión, la de si realmente van a ser independientes para investigar casos de corrupción y si van a proceder de la misma forma cuando se trate de casos que afecten al Gobierno de turno y cuando afecten a otras formaciones políticas, es una de las más polémicas. Los fiscales actúan bajo el principio de dependencia jerárquica y el fiscal general del Estado es nombrado por el Ejecutivo.

Torres-Dulce dijo también que es partidario de acelerar la concreción de los procesos contra la corrupción para que no se conviertan en una “inquisición general” contra los políticos. No se refirió al caso Gürtel, pero en este asunto la institución está ya promoviendo que se concluya la instrucción.