La tensión de la calle se traslada al pleno del Congreso de los Diputados

El largo pleno del Congreso de ayer fue el trasunto del conjunto de la legislatura: tensión y protestas, abundancia de decretos, ausencia de acuerdos, mayoría absoluta sin cesiones, referencias a la herencia recibida, intercambio de acusaciones sobre temas de sensibilidad social, anuncios de acciones judiciales, reproches sobre corrupción y hasta un poco de polémica territorial.

Hubo tensión porque un grupo de afectados por las preferentes fue desalojado de la tribuna de público por gritar a los diputados: “Chorizos, ladrones y sinvergüenzas”, y porque la bronca siguió en el hemiciclo cuando diputados de las bancadas de la derecha y de la izquierda intercambiaron gestos golpeando sus respectivas mejillas. Por discutir, discutieron hasta los del mismo partido, porque el socialista Manuel Chaves afeó la conducta a su compañero Odón Elorza, que aplaudía a los expulsados. También en este detalle estuvo el trasunto del debate entre una parte del PSOE, a la que le gustaría estar en las protestas, y la otra, más institucional y lastrada por lo que hizo.

Los populares convalidaron solos el decreto que modifica las pensiones

Hubo protesta en la calle porque otro grupo de afectados por las preferentes, casi todos de elevada edad, se mantuvieron allí toda la mañana con camisetas y carteles con leyendas como “Queremos ya nuestro dinero”, sin que la policía les dejara bajar por la Carrera de San Jerónimo.

Hubo decretos porque en un par de horas se resolvió la convalidación del texto que retoca el sistema de pensiones, alarga la vida laboral y restringe en algunos supuestos el seguro de desempleo, sin que el Gobierno aceptara la petición de la oposición para tramitarlo como proyecto de ley para que los grupos puedan incluir enmiendas, se pueda perfeccionar el texto o se pueda recuperar el consenso del Pacto de Toledo.

Hubo ausencia total de acuerdos y mayoría absoluta sin cesiones porque el Gobierno sacó adelante ese decreto en solitario y el de las preferentes solo con el voto añadido de CiU. Hubo hace meses un acuerdo entre Gobierno y PSOE sobre las preferentes, pero con el decreto ha saltado por los aires. Ayer el disenso quedó patente en el duro intercambio de acusaciones entre el ministro de Economía, Luis de Guindos, y el socialista Antonio Hurtado. “Ustedes no son de fiar”, le dijo el ministro. “Ustedes reparten migajas cuando lo que hace falta son dos panes”, le respondió el socialista. El decreto crea una comisión que agilizará los arbitrajes para que los afectados puedan ser indemnizados siempre que cumplan requisitos de edad o de falta de recursos y formación, entre otros.

Hubo herencia recibida porque la ministra de Empleo, Fátima Báñez, justificó su decreto sobre pensiones en que la reforma del anterior Ejecutivo en 2011 ya introdujo mejoras, pero que “no son suficientes” para atajar “los desafíos demográficos”. De Guindos que dijo que el problema no es el producto de las preferentes, sino su venta masiva a particulares que se hizo en 2008 y 2009, bajo el Gobierno socialista. Y Vicente Martínez Pujalte remató, contundente: “Los ahorradores fueron engañados cuando era presidente Zapatero. Los socialistas engañaron en 2009 a millones de personas vendiéndoles preferentes en vez de acudir a un rescate a Bruselas para la banca”. Los grupos minoritarios no distinguieron y acusaron al PSOE y al PP de encubrirse mutuamente en la “estafa masiva” que ha supuesto la comercialización inadecuada de preferentes. La diputada de UPyD Irene Lozano anunció una querella “contra todos”.

Hubo sensibilidad social porque la discusión volvió a derivar en el debate sobre recortes y, por ejemplo, Joan Coscubiela (ICV) tachó de “inconstitucional, injusto socialmente, políticamente cínico e innecesario” el decreto sobre pensiones, mientras Báñez hablaba de “valentía y determinación”.

Hubo corrupción porque el PP usó el caso de los ERE en Andalucía como argumento para justificar el decreto de pensiones y el PSOE arremetió contra los populares en el pasillo por el caso Gürtel.

Y hubo un poco de tensión territorial porque el presidente del Congreso, Jesús Posada, expulsó de la tribuna a tres diputados de ERC que quisieron hablar en catalán para tener su cuota de pantalla y hacer constar su protesta por la decisión del Tribunal Superior de obligar a la Generalitat a dar clases en castellano.