La Audiencia abre juicio oral contra los dos acusados del chivatazo del bar Faisán

La Audiencia Nacional ha acordado la apertura de juicio oral contra el exjefe superior de Policía del País Vasco Enrique Pamies y el inspector José María Ballesteros por el chivatazo al aparato de extorsión a la banda terrorista ETA que se produjo en el bar Faisán de Irún (Gipuzkoa) el 4 de mayo de 2006.

La Sección Tercera de la Sala de lo Penal ha confirmado el auto de conclusión del sumario dictado por el juez Pablo Ruz y ha dado traslado de las actuaciones al Ministerio Fiscal para que en el plazo de cinco días presente escrito de calificación de los hechos investigados.

El juez Ruz apuntó que los hechos podían ser constitutivos de delitos de colaboración con banda armada y revelación de secretos que se habrían cometido cuando el propietario del bar, Joseba Elosua, fue informado de la existencia de una operación policial contra el aparato de extorsión de la organización terrorista.

El tribunal, presidido por Alfonso Guevara y completado por las magistradas Ángeles Barreiro y Clara Bayarri, rechaza archivar el caso, como pedían las defensas de Pamies y Ballesteros.

La Sección Segunda de la Sala de lo Penal acordó el pasado enero procesar a los acusados en un auto en el que calificaba el trabajo del juez instructor Pablo Ruz de "excelente" y añadía que las "objeciones" que la Sala de lo Penal le puso en septiembre de 2011, cuando revocó el primer auto de procesamiento, habían quedado "sobradamente aclaradas, superadas y resueltas".

En todo caso, el tribunal no valoraba si los hechos investigados eran constitutivos de delitos de colaboración con banda armada y revelación de secretos al señalar que las acusaciones tendrán que fijar "el objeto del proceso en el momento oportuno".

Indicios contra los procesados

Entre los indicios de criminalidad que pesan contra los procesados, el "más importante" se refiere a una serie de fotogramas revelados por la Guardia Civil tras la digitalización de la cinta de videovigilancia del establecimiento en la que "se podía observar al imputado José María Ballesteros en las inmediaciones y, más tarde, saliendo del bar 'Faisán' en un lapso horario coincidente con las llamadas efectuadas" entre el imputado y Pamies.

El auto de procesamiento también recordaba que el informe policial del comisario Carlos Germán, que dirigió la operación contra el aparato de extorsión y la investigación sobre el soplo, recogía que el móvil de Ballesteros se encontraba en las cercanías del bar y que él mismo reconoció ante el juez que era él quien aparecía en el vídeo.

Además, se tuvo en cuenta que Elosua confirmó en su segunda declaración judicial que la filtración se produjo en el horario señalado por el equipo investigador (entre las 11.20 y las 11.30), coincidiendo con la presencia de Ballesteros en el bar. Según Elosua, a esa hora en el 'Faisán' "sólo había una persona que fuera extraña, pues todos eran de Iparralde y estaban hablando francés".

La Sala cerró en enero la vía a otras hipótesis reflejadas por las partes personadas en el proceso, al descartar que el chivatazo pudiera haber partido de otros cuerpos distintos a la Policía Nacional o se hubiera dado utilizando teléfonos por satélite.

Invocó entonces a la jurisprudencia del Tribunal Supremo estableciendo que existe delito de colaboración con organización terrorista si el imputado tiene "conocimiento y voluntad de la colaboración que se está prestando a la organización", resultando irrelevante si comparte sus "fines o móviles".

A este respecto citaba la resolución del Supremo que absolvió en julio de 2012 a las empresarias Blanca Rosa y María Isabel Bruño Azpiroz, que habían sido condenadas por la Audiencia Nacional a un año y tres meses de cárcel por pagar a ETA 6.000 euros tras recibir sendas cartas de extorsión en 2003 y 2006, al estimar que actuaron por "miedo insuperable".