La Abogacía del Estado se opone a la imputación de la infanta Cristina

La Abogacía del Estado, órgano dependiente del Ministerio de Justicia, presentará previsiblemente hoy un escrito oponiéndose a la imputación de la infanta Cristina en el caso Nóos de supuesta corrupción, que investiga el juez José Castro en Palma de Mallorca. Los servicios jurídicos del Estado se sumarán así a la posición de la fiscalía —que recurrió la imputación la semana pasada—, según adelantó ayer el diario Abc y confirmaron fuentes del ministerio y del juzgado. La jefa de la Abogacía en Baleares, Maria Dolores Ripoll, comunicó personalmente su decisión al juez Castro.

Es la primera vez que la Abogacía del Estado se pronuncia sobre un imputado en el caso Nóos: no lo hizo cuando fue imputado Iñaki Urdangarin, marido de doña Cristina y yerno del Rey, ni cuando lo fueron el exsocio de Urdangarin, Diego Torres, y su esposa, Ana María Tejeiro. Pero todos ellos fueron imputados antes del pasado 29 de enero, que es cuando la Abogacía del Estado decidió personarse en el caso, en representación de la Agencia Tributaria, ante el presunto fraude fiscal cometido por los acusados.

La Abogacía de la Comunidad Autónoma de Baleares —que no depende de la Abogacía del Estado, sino del Gobierno balear, y que está dirigida por la exdiputada del PP Antònia Perelló— sí está personada desde el principio como acusación particular.

El Ministerio de Justicia no quiso pronunciarse ayer sobre esta posición de la Abogacía del Estado ni explicar sus motivos, a la espera de que su escrito se presente oficialmente.

El juez José Castro remitirá en breve el recurso de la fiscalía —y el que presente la Abogacía del Estado adhiriéndose a aquel— a la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, que es la que debe dirimir el conflicto y decidir si la Infanta puede ser finalmente imputada o no. Entre tanto, Castro ha suspendido la declaración de doña Cristina, que él mismo había fijado en un principio para el 27 de abril.

José Castro ha imputado a la infanta Cristina por considerar que podría haber jugado un papel de “cooperación necesaria” en los negocios de Urdangarin, pues la hija del Rey era vocal del Instituto Nóos —la entidad supuestamente sin ánimo de lucro que recibió seis millones de euros en contratos de los Gobiernos valenciano y balear— y copropietaria con su marido de la empresa Aizóon, a donde presuntamente fue a parar parte del dinero. El juez señala que hay indicios de que la Infanta

prestó su consentimiento a que se utilizara “su nombre, tratamiento y cargo” en esas entidades para beneficiar los negocios de Urdangarin y el Instituto Nóos.