Mengua el fuerte apoyo inicial a los escraches, según Metroscopia

Los escraches o protestas ciudadanas en los domicilios de los políticos tienen mala prensa y son descalificados con gruesas palabras por los principales partidos, pero mantienen un notable nivel de apoyo entre los ciudadanos. Hasta un 78% de los españoles está de acuerdo con la campaña impulsada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, según un sondeo de Metroscopia para EL PAÍS.

Hace casi un mes, una encuesta similar situaba el apoyo en el 89%, 11 puntos más. Entonces la plataforma antidesahucios solo había anunciado la campaña como método de presión y la propia palabra que los define no era de uso común. El primer escrache lo realizó un grupo de activistas el pasado 13 de marzo en Barcelona, ante la casa de la diputada del PP María de los Ángeles Esteller. Luego seguirían otros diputados: los ministros Jorge Fernández y Alberto Ruiz-Gallardón, Jorge Moragas o Esteban González Pons.

En este periodo se han sucedido las muestras de rechazo, especialmente del Gobierno y del PP, que han identificado los escraches nada menos que con los nazis que asesinaron a millones de personas o con el acoso de ETA a centenares de españoles en los últimos años.

A pesar de esa identificación y de la preocupación que el Ejecutivo traslada a cada momento, los ciudadanos entienden mayoritariamente que son admisibles las protestas, siempre que se hagan de forma pacífica. Un 68% de votantes del PP justifica los escraches, pese a que los dirigentes de este partido son su objetivo. En realidad, el voto de esos diputados estará marcado por la indicación y la disciplina de su grupo parlamentario. Ellos ni siquiera conocen el contenido actual del texto que han de aprobar.

El mismo porcentaje de ciudadanos considera que este tipo de protestas son un derecho amparado por la libertad de expresión y solo un 18% entiende que puedan ser un delito.

El contexto de esa opinión mayoritaria es de rechazo a la actuación de las entidades financieras durante la crisis y de desconfianza y crítica a las medidas que puedan adoptar las instituciones y los partidos políticos. La iniciativa nació para presionar a los diputados que previsiblemente rechazarán durante la votación en el Congreso la Iniciativa Legislativa Popular que, amparada por un millón y medio de firmas, presentó en la Cámara la plataforma antidesahucios.

El Gobierno aceptó tramitar la iniciativa por la presión de la calle, pero con el tiempo ha encontrado la forma de reducir al mínimo su contenido y llevarlo a vía muerta en el Congreso, centrando el debate político en las protestas. De hecho, un 59% de los encuestados entiende que se corre el riesgo de que los escraches oculten que existe un procedimiento hipotecario injusto.

La polémica sobre cómo deben ser las protestas ciudadanas no es nueva. Ya fue objeto de controversia en 2003 la presión individual sobre diputados del PP para que rompieran la disciplina de voto en las mociones sobre la Guerra de Irak. En las manifestaciones de entonces se exhibieron carteles con los nombres de cada uno de los parlamentarios populares y ese acoso reventó los actos públicos del PP. Aquel año, José María Aznar, entonces presidente del Gobierno, tuvo dificultades para participar en la campaña electoral de las municipales y autonómicas por el "No a la guerra".

Ahora, igual que entonces, el eco que el PP le da a su rechazo a las protestas tiene un efecto imitación que las amplifica. Y provoca la misma preocupación en el Gobierno actual, que busca fórmulas para proteger a los objetivos de las protestas, al tiempo que ha rectificado su posición de hace un año sobre los desahucios. Ya antes, el Ejecutivo llegó a anunciar que limitaría las manifestaciones, o las huelgas, porque paralizaban ciudades como Madrid.

El Gobierno de Rajoy aprobó hace un año un código de libre adhesión para que los bancos limitaran los lanzamientos por desahucios y, solo por la presión de la calle, aprobó primero un decreto y ahora tramita una ley que llega mucho más lejos que su propuesta inicial.

En esa norma debe también incluir las exigencias del Tribunal Europeo de Luxemburgo, que entendió como injusto el sistema hipotecario español por la imposibilidad de frenar los desahucios por orden judicial cuando ha habido cláusulas abusivas en el contrato.

A pesar de esa progresiva rectificación del Gobierno, los ciudadanos preguntados por Metroscopia mantienen su desconfianza sobre el resultado final de la reforma legislativa: un 65% de los encuestados asegura que se terminará aprobando un sistema más favorable para los bancos que para los deudores.

El 90% entiende que es necesario reformar el sistema hipotecario para proteger el deudor, aunque no se recojan todas las propuestas de la Iniciativa Legislativa popular que, básicamente, propone la llamada dación en pago y la paralización de los desalojos. El 93% asegura que debe establecerse de forma clara un procedimiento para que los tribunales puedan anular las cláusulas abusivas de los contratos de hipotecas. Y el 94% exige que el Banco de España vigile que las hipotecas no incluyan esas cláusulas abusivas.