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El fiscal dice que el juez deforma la verdad al imputar a la Infanta

Anticorrupción considera “discriminatorio” citar a la hija del Rey por meras “suposiciones”

El magistrado Castro aplaza la declaración de doña Cristina

La infanta Cristina, imputada por supuesta corrupción desde el pasado 3 de abril, no deberá acudir, de momento, a declarar ante el juez José Castro, en Palma. El instructor del caso Nóos, de supuesta malversación de seis millones de euros públicos por parte del esposo de la infanta, Iñaki Urdangarin, y su exsocio Diego Torres, suspendió ayer el interrogatorio —previsto para el próximo día 27— hasta que la Audiencia de Palma no se pronuncie sobre la petición del fiscal anticorrupción, Pedro Horrach, de que se revoque el auto del juez y se levante la imputación de la esposa de Urdangarin.

José Castro atendió en menos de una hora la solicitud de Pedro Horrach de aplazar la comparecencia de Cristina de Borbón aunque resaltó en su providencia que no estaba obligado porque estos recursos “no suspenden el curso del procedimiento”. El juez se acogió a la lógica, como anticipó al saber que contaría con la oposición del fiscal, para evitar la posibilidad de que el recurso de apelación sea “ineficaz” y que exista “un hecho consumado”: que la Audiencia de Palma anule la imputación de doña Cristina una vez que él ya la haya interrogado.

“La imputación a una persona de hechos que a priori no presentan rasgos delictivos es cuanto menos un trato discriminatorio”, asegura en su escrito, de 20 folios, el fiscal Horrach. El representante del ministerio público intenta deshacer, punto por punto, el auto del juez Castro, de idéntica extensión. Horrach refuta que sea demostrable que la Infanta, por el mero hecho de figurar en un folleto o por recibir información de Nóos, fuera cómplice o ejerciera influencia ilegal en los negocios de Urdangarin con las administraciones.

Horrach busca desactivar los 14 indicios apuntados por Castro para encausar a la hija del Rey. Y para ello utiliza incluso los argumentos que utilizó el propio magistrado en en marzo de 2012 cuando se opuso —de acuerdo con el fiscal— a la imputación de la Infanta Cristina solicitada por Manos Limpias. En aquella ocasion, la Sección Segunda de la Audiencia de Palma, la misma que tendrá que resolver el recurso interpuesto ayer por Horrach, desestimó la pretensión del pseudosindicato ultraderechista.

En 2012, el juez Castro, para justificar la no imputación de doña Cristina dijo que “carece de sentido convocar a alguien como imputado a sabiendas de que, salvo que admitiera su responsabilidad se debería acto seguido sobreseer la causa”. El instructor ha cambiado de criterio porque disecciona nuevos correos electrónicos que explican negocios y relaciones del yerno del Rey y analiza documentos y testimonios que en 2012 desconocía.

El fiscal rechaza la validez penal de los nuevos indicios, y entabla un diálogo retórico. “¿Qué hecho, dato, circunstancia, documento, testifical o cualquier otro elemento incriminatorio ha sobrevenido que altere sustancialmente las consideraciones penales utilizadas para desestimar anteriormente la imputación?”, se pregunta. Y a renglón seguido, se contesta: “Absolutamente ninguno”.

Pedro Horrach no ve en los 41.000 folios de la causa “elemento ni indicio probatorio alguno”, ni hechos, que impliquen que la Infanta tuviera “un mínimo conocimiento de la presunta actividad delictiva de su marido”. Además, refuta que con la comunicación, o no, del criterio del Rey a la Infanta contra los negocios de su yerno se pueda hilvanar una acusación.

El representante de la Fiscalía Anticorrupción, en unos comentarios de pasillo a los periodistas, rechazó haber recibido presiones políticas o órdenes de la cúpula del ministerio público para actuar contra la imputación. No ve densidad penal en los correos entre los duques de Palma, ni en la cuenta corriente compartida, ni en el hecho de que la infanta participara en la sociedad Aizóon, desde la que supuestamente Urdangarin cometió los delitos fiscales de los que viene siendo acusado.

El fiscal formula una tesis exculpatoria de la hija del Rey porque entiende que no hay “absolutamente ningún indicio” que permita proceder penalmente contra la hija de los Reyes. Y reprocha al juez que en vez de ir a la búsqueda de la verdad material, “la ajusta a expectativas o sospechas personales, deformándola”. El fiscal reitera que el juez Castro “otorga valor de indicios a suposiciones”.

“Lo único que está claro”, según el fiscal, es que la infanta figuraba como vocal del Instituto Nóos, que presidía Urdangarin, y que su nombre aparecía en el folleto publicitario. De manera “solapada”, afirma Horrach, el juez Castro plantea un posible delito de tráfico de influencias. “La mera aparición de un nombre en los folletos de Nóos, no es en sí mismo suficiente para para la comisión de la citada figura delictiva”, rebate el fiscal.

Fiscal y juez asumen con naturalidad este primer choque en dos años de investigación conjunta del caso Noos. Para Pedro Horrach se trata de una mera “discrepancia jurídica”, no un "distanciamiento”. Para José Castro, la divergencia “enriquece” la causa y no fractura la relación. Ayer mismo, el fiscal acudió al juzgado para registrar su apelación ante la Audiencia y se reunió con el juez durante 20 minutos.

El instructor imputó a la infanta contra el criterio del fiscal, pero, al mismo tiempo, adoptó cautelas. Dijo que “deviene inevitable” que doña Cristina declare como imputada con el fin de despejar cualquier duda y no dejar sombras ni incógnitas. Se basó en la cita del Rey en el discurso de Navidad de 2011 de que “la justicia es igual para todos”, y advirtió a la esposa de Urdangarin que su imputación puede quedar en nada.

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