La Casa del Rey expresa su “sorpresa por el cambio de criterio del juez”

“La justicia es igual para todos”. Cuando el Rey pronunció estas palabras, en su discurso de Nochebuena de 2011, se estaba refiriendo, aunque sin nombrarlo, a su yerno, Iñaki Urdangarin. Entonces no pensaba que quien tendría que responder a la justicia sería su propia hija, la infanta Cristina, citada a declarar como imputada por el juez del caso Nóos, José Castro, el próximo 27 de abril. Desde aquel mes de diciembre de 2011, la Casa del Rey ha intentado por todos los medios aislar el foco de sus problemas: Iñaki Urdangarin, calificando su comportamiento de “no ejemplar”, retirándolo de la agenda oficial y finalmente, el pasado enero, de su página web. Pero todos los cortafuegos no han sido suficientes. El juez ha puesto este miércoles por escrito el peor escenario para La Zarzuela: la imputación, por primera vez, de un miembro directo de la Familia Real.

La Zarzuela sabía que el juez estaba recabando indicios para imputarla, como sabía también que el fiscal del caso, Pedro Horrach, era contrario a hacerlo. “El juez está obsesionado con la Infanta”, manifestaban en privado fuentes del entorno de la Familia Real. Pese a todo, este miércoles por la tarde, casi siete horas después de que este periódico adelantara la imputación de la Infanta, la Casa del Rey manifestó, a través de un portavoz, su “sorpresa por el cambio de posición expresado por el juez en esta resolución, frente a la mantenida en el auto de 5 de marzo de 2012 confirmado posteriormente por la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca”.

La Zarzuela quiso expresar, además, su “absoluta conformidad” con la decisión de recurrir la imputación planteada por la fiscalía anticorrupción “en su posición procesal de imparcialidad y defensa de la legalidad”. Y todo esto, añadía, “desde el máximo respeto a las decisiones judiciales”.

La Casa del Rey no ha querido responder si se ha planteado que la infanta Cristina renuncie a sus derechos dinásticos, como solicitaban este miércoles algunos representantes políticos, o si lo haría en caso de que fuera condenada. El pasado diciembre, un portavoz oficial negó que La Zarzuela hubiera presionado a doña Cristina en este sentido o para que se divorciara de Urdangarin.

La Infanta lleva de hecho apartada de los actos oficiales de la Familia Real desde finales de 2011. Por eso en las cuentas de este año no está previsto que reciba la asignación por gastos de representación que el Rey reparte entre los miembros de la Familia Real. La última vez que se dejó ver en público fue en la puerta de la clínica La Milagrosa, donde el Rey fue ingresado el pasado marzo para ser operado de una doble hernia discal. En esa ocasión acudió a visitarle sin su marido, al contrario que en la anterior intervención del Monarca, en noviembre de 2012, cuando doña Cristina comunicó a su padre que Urdangarin la acompañaría y don Juan Carlos aceptó recibirle.

El catedrático de derecho constitucional Juan José Solozábal explica que la Constitución no prevé ese supuesto en concreto, pero que, de producirse, la renuncia de la infanta Cristina a sus derechos sucesorios debería ser “pública y solemne para acreditar su voluntariedad”, y añade que su imputación es una muestra del principio de igualdad ante la ley, “ya que el único inviolable es el Rey” y la infanta Cristina no tiene “ningún privilegio o fuero especial”.

Por eso, la infanta Cristina, la esposa de Iñaki Urdangarin, bajará el próximo 27 de abril la misma cuesta de entrada a los juzgados de Palma que ha bajado otras veces la esposa de Diego Torres, Ana María Tejeiro. Con ese objetivo empezó hace casi un año el exsocio de Urdangarin a facilitar al juez José Castro decenas de correos electrónicos que la defensa del duque ha intentado invalidar, sin éxito, en varias ocasiones y que fuentes de la Casa del Rey, molesta con la veracidad y relevancia que el juez les otorgaba, siempre han cuestionado.

Pero la estrategia de Torres ha funcionado y han sido esos últimos correos los que han cercado a la Casa del Rey, provocando la imputación del secretario personal de las infantas, Carlos García Revenga, primero; la citación como testigo del asesor legal de La Zarzuela, José Manuel Romero, conde de Fontao, después; y finalmente el cambio de criterio sobre la imputación de la Infanta que “sorprende” a La Zarzuela.

La Casa del Rey conocía los incisivos interrogatorios a los que fueron sometidos tanto García Revenga —al que decidieron mantener en su puesto de secretario personal de las Infantas pese a la imputación—, como el conde de Fontao. Revenga no logró parar con su declaración la imputación de la Infanta. Más bien al contrario: “Todo parece indicar que estaba consensuado que la única función de doña Cristina y don Carlos García Revenga era la de una utilitarista figuración”, para, sospecha el juez, “aparentar que todas las actividades ante empresas privadas e instituciones públicas del Instituto Nóos gozaban del respaldo de la Casa del Rey”.