La ‘trama Gürtel’ vuelve a la carga para anular todo el proceso judicial

Los principales imputados del caso Gürtel, una trama corrupta alimentada por cientos de contratos a dedo adjudicados por administraciones gobernadas por el PP durante al menos 10 años, vuelven a la carga para intentar anular todo el proceso judicial alegando problemas de forma en la investigación.

Los intentos hechos por los principales encausados para enterrar el proceso se han estrellado hasta ahora con la oposición de la Fiscalía Anticorrupción, de la Abogacía del Estado, y con el rechazo de los jueces. Estos han resuelto los distintos recursos presentados a lo largo de los últimos cuatro años desestimando las demandas de los supuestos corruptos para librarse del proceso judicial.

En los últimos días, el jefe de la red corrupta, Francisco Correa; el extesorero del PP Luis Bárcenas; los exdiputados madrileños Alberto López Viejo y Alfonso Bosch; y el empresario Alfonso García Pozuelo, han presentado diversos escritos en el juzgado central de instrucción número 5 solicitando la nulidad de todo el proceso. Alegan, en una estrategia judicial común, que no existe original de las cintas grabadas por José Luis Peñas, exconcejal del PP en Majadahonda, con las conversaciones que tuvo durante 2008 con Francisco Correa y otros miembros de su red.

En esas conversaciones, Correa admite gran parte de los delitos que desde entonces persigue la justicia. Entre ellos, el pago a Bárcenas de seis millones de euros (1.000 millones de pesetas) para el extesorero y para su partido procedentes de comisiones ilegales recaudadas gracias a adjudicaciones de obras durante el periodo en que el Ministerio de Fomento estaba en manos de Francisco Álvarez-Cascos. Las grabaciones también destapan la adjudicación a dedo de cientos de contratos en la Comunidad de Madrid a cambio de sobornos a un alto cargo del Gobierno de Esperanza Aguirre; o de los tratos de favor del Ejecutivo valenciano de Francisco Camps por los que la red corrupta recibió decenas de regalos.

Cuando el exconcejal del PP José Luis Peñas, puso esas cintas, grabadas durante meses sin conocimiento de sus interlocutores, a disposición de la Fiscalía Anticorrupción, se inició una investigación judicial para comprobar que los detalles relatados por Correa y miembros de su trama eran ciertos.

El caso fue asumido por el juez Baltasar Garzón en agosto de 2008, cuando abrió una causa secreta y dictó diversas órdenes para investigar las denuncias. Como consecuencia de la intervención de las comunicaciones telefónicas de los miembros de la red, la policía descubrió que Correa preparaba una fuga a Panamá y el juez Garzón dictó, en febrero de 2009, órdenes de detención de los tres supuestos jefes de la trama: Correa, su lugarteniente Pablo Crespo y su cuñado Antoine Sánchez, así como distintos registros en Ayuntamientos y comunidades gobernadas por el Partido Popular. Así arrancó el caso Gürtel que, cuatro años después, los principales imputados intentan anular con un recurso a la desesperada.

La causa judicial se sostiene con múltiples pruebas recabadas durante cuatro años de investigación judicial que arrancó tras la denuncia del exconcejal Peñas y sus conversaciones grabadas a la trama corrupta. Hay varias decenas de comisiones rogatorias —investigaciones judiciales en otros países— que ya han destapado suficientes evidencias de delitos fiscales y de blanqueo de capitales cometidos por más de una decena de imputados en el caso. Hay documentos requisados durante los registros en la sede central de la red corrupta que han puesto al descubierto la contabilidad b de la trama desde la que se sobornaba a políticos. Hay numerosos testimonios judicializados que acreditan los delitos investigados y hay conversaciones telefónicas grabadas con mandato judicial que apuntalan toda la acusación que sostiene desde hace cuatro años la Fiscalía Anticorrupción.

No es la primera vez que los distintos imputados del caso Gürtel se ponen de acuerdo para impulsar recursos cuyo objetivo es poner fin a la causa antes de que se abra juicio oral.

Hace solo unos meses, el último intento de anular la causa lo protagonizó el empresario José Luis Ulibarri, imputado por pagar comisiones ilegales a cambio de contratos en Ayuntamientos gobernados por el PP. En su recurso, alegó que las escuchas en la cárcel a los abogados de la trama corrupta, retiradas de la causa tras determinarse su ilegalidad, “son nulas, están viciadas por la forma en que se obtuvieron” y contaminan toda la causa. Pero tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado defendieron entonces en sendos escritos que “el alcance de la nulidad de esas pruebas afecta a un mínimo acervo indiciario incriminatorio que ha sido retirado de la causa”. Además, concluyeron, los indicios racionales de criminalidad que se imputa a los implicados “no traen causa de aquellas pruebas declaradas nulas”.

La intervención de las comunicaciones de los corruptos con sus abogados motivó una querella contra el juez Garzón que prosperó en el Tribunal Supremo. El magistrado fue condenado por prevaricación, lo que provocó su expulsión de la carrera judicial.

Los abogados de los corruptos lograron expulsar a Garzón de la carrera judicial e intentan que la más extensa trama de corrupción vinculada al PP y a instituciones gobernadas por este partido quede impune.