Las pedanías se levantan hoy en León contra la reforma municipal

Caseríos, parroquias, aldeas, barrios, anteiglesias, concejos o pedanías. Se llamen como se llamen, las 3.720 entidades locales menores españolas han comenzado a moverse para evitar que la reforma de la administración municipal arrase con ellas. Unas 3.500 desaparecerán en tres meses si entra en vigor lo que, por ahora, es un anteproyecto de ley.

Hoy las pedanías españolas celebran en León su primera gran reunión “en siglos”, como describe Carlos González-Antón, de la Federación Leonesa de Entidades Locales Menores. A la llamada acudirán organizaciones de Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Cataluña, Extremadura y Castilla y León. “Intentaremos que las que no puedan asistir lo hagan a través de videoconferencia”, dice. Quieren actuar con una sola voz ante el Gobierno para alejar el peligro de extinción que se deriva de uno de los artículos de la reforma: el que les obliga a presentar cuentas en tres meses.

Javier Argote: "Quieren llevarnos a privatizar algo que para nosotros es intocable".

Alegan que es un artículo con trampa, porque la mayoría de las pedanías no puede conseguir, aunque quiera, que un secretario o interventor municipal firme sus liquidaciones. El caso es especialmente sangrante en Castilla y León, donde funcionan 2.227 entidades locales menores, el 60% de las españolas. Aquí el Parlamento aprobó por unanimidad esta semana una propuesta del PSOE que defiende su “raigambre histórica” como “custodios del territorio, administradores de bienes y sostenedores de la vida en los pueblos más pequeños”.

Marcos Cubelos, presidente de la federación de Entidades Locales Menores, constituida hace apenas tres meses, está convencido de que sin voz ante el Gobierno no tienen nada que hacer. “Tenemos un problema, y es que en Madrid seguramente no saben cómo funciona una junta vecinal”. Tras la reforma ve la mano del poder para controlar más directamente su goloso patrimonio: el terreno forestal que explotan. No hay datos oficiales del total, pero solo en Castilla y León se calcula que pueden ser 3,5 millones de hectáreas que pasarían a ser gestionadas por Ayuntamientos. “Seguro que están pensando en los montes como un recurso para tapar agujeros”, se irrita.

Javier Argote, presidente de la Asociación alavesa concejos, que aglutina al 99% de las 340 entidades que hay en Euskadi, explica que el 80% del monte público está en manos de los vecinos, igual que el patrimonio público edificado. Aunque en el País Vasco cuentan con la salvaguarda del Derecho Foral, cree que la reforma es nefasta: “Pone el monte en peligro, igual que el agua. Quieren llevarnos a privatizar algo que para nosotros es intocable”. Vaticina que si se suprimen concejos se profundizará en la despoblación del medio rural a costa de unas estructuras que “no cuestan un duro”.