Rajoy: “Cumpliremos la sentencia, la ley data de hace muchos años”

El presidente del Gobierno ha decidido responder rápidamente al varapalo jurídico del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Con tono calmado, como si nada hubiera pasado, el mismo Mariano Rajoy que el día anterior, en la sesión de control en el Congreso, descartaba más cambios en la ley hipotecaria con el argumento de que eso dificultaría los créditos en España, aseguró que el Gobierno cumplirá la sentencia e incluso admitió que la propia ley, tan criticada por diversos colectivos sociales, es ya muy antigua.

“Estamos estudiando la sentencia”, ha dicho el presidente nada más llegar a Bruselas en una breve comparecencia ante la prensa con tres preguntas. “Me dicen que hay problemas de procedimiento que intentaremos subsanar, es una la ley que data ya desde hace muchos años. Leeremos la sentencia, y aprovechando que hay una tramitación en el Congreso procuraremos adecuarlo a lo que allí se nos pide”; ha explicado el presidente. Ante la insistencia de la prensa, Rajoy ha rematado: “No quiero hablar sin tener absoluto conocimiento de causa, y aún no lo tengo, pero nosotros cumpliremos lo que nos diga la sentencia”.

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, había admitido horas antes que el Gobierno tendrá que modificar la legislación española sobre desahucios e hipotecas para adaptarla a la ley europea, tras la sentencia  sobre este asunto. "Asumimos ya el compromiso de que todos los aspectos que [la sentencia] haya declarado contrarios a la legislación europea serán corregidos", ha afirmado en los pasillos del Congreso, informa Efe.

Gallardón ha precisado que no conoce los términos exactos de la sentencia, que ha declarado que la regulación en España de los procedimientos de desahucio por el impago de una hipoteca son contrarios a la legislación europea de protección de los consumidores. Sin embargo, ha admitido que "naturalmente" que incorporará a la legislación española las precisiones del Tribunal de Luxemburgo.

La incorporación de la doctrina europea puede hacerse a través de enmiendas a la proposición de ley de regulación de la dación en pago, de paralización de los desahucios y de alquiler social, ha recordado el ministro.

No hay duda de que un cambio profundo de la legislación hipotecaria en España está en ciernes, aunque habrá discrepancias políticas y decepción en parte de la sociedad. Esto es lo más previsible, a la vista de las posiciones actuales de los partidos y de los ciudadanos y, sobre todo, de la intención del Gobierno de reformar la ley pero sin romper.

La fuerte presión social, impulsada por las Plataformas de Afectados por la Hipoteca (PAH), se tradujo en la presentación en el Congreso de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), avalada por casi un millón y medio de firmas. Esa ILP aguarda junto al decreto-ley presentado por el Gobierno en la Comisión de Economía del Congreso para que de su estudio conjunto salga la futura legislación.

La previsión de que el día 29 de marzo la nueva proposición de ley estaría ya aprobada y rumbo hacia el Senado ha fracasado, ya que el PP decidió esperar a la sentencia del Tribunal de Luxemburgo que, finalmente, ha cuestionado la legislación hipotecaria española. Fuentes parlamentarias señalan que es probable que el plazo de enmiendas vuelva a ampliarse, para poder incluir cambios de acuerdo con este fallo judicial.

Gallardón no ha querido pronunciarse sobre si la sentencia tendrá algún efecto en la práctica y con carácter inmediato en las resoluciones judiciales sobre desahucios, a la espera de conocer sus términos exactos, aunque sí ha insistido en dejar claro que la legislación se modificará para incorporar los criterios que haya establecido. Y ha recalcado: "Estamos en plazo para hacerlo".

A la espera de la negociación del Gobierno con los grupos parlamentarios, ya se puede afirmar que los tres puntos “innegociables y de mínimos” de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca no serán asumidos por el Gobierno. Dación en pago, paralización de los desahucios y creación de una bolsa de viviendas de alquiler “social” son las tres demandas de la PAH que han hecho suyas Izquierda Plural y, con algunos matices, el resto de los grupos. El PSOE no quita ningún punto pero añade otras fórmulas que no impliquen la entrega de la vivienda, sino que sus moradores puedan quedarse en ella mediante el pago de un alquiler reducido, al menos hasta que el afectado pueda remontar la situación. Se trata de que el deudor tenga “una segunda oportunidad”, situación imposible con la actual legislación.